Persistir en mantener las prisiones preventivas como castigo por disentir implica indisponer a un sector de la población a confiar en la institucionalidad. Esto propicia más que evita el uso de la violencia para hacerse oír. La necesidad de abordar una solución política a este problema es clave para mostrar que el Estado de Derecho existe en igualdad para todas las personas del país. De otro modo, perdemos una posibilidad histórica para defender el derecho a la protesta, que estimamos consustancial a la democracia.
por Haydée Oberreuter y Enrique Riobó
Imagen / Protesta en Plaza de la Dignidad, 23 de octubre, 2020, Paulo Slachevsky. Fuente.
Para el señor Ortúzar, la libertad de los presos políticos de la revuelta parece ser condición de posibilidad para desatar el infierno en Chile. Pensamos que es por una doble preocupación: primero, el mensaje de tolerancia al caos que el Estado enviaría a la ciudadanía; segundo, el supuesto de que dichas libertades producirían un recrudecimiento de la violencia social y política contra la propiedad y el espacio urbano.
Sobre lo primero, suponer que alrededor de 2.500 casos de persecución penal sean utilizados para disciplinar a cierto sector de la población y enviar un mensaje de normalidad a “miles de chilenos” es sumamente problemático. Implica justificar la existencia de prisión preventiva que es en muchos casos arbitraria y sostenida bajo evidencias entregadas exclusivamente por Carabineros, institución que por su actuar politizado y violador de los Derechos Humanos ha perdido toda credibilidad. Incluso, se ha dado cuenta por parte de la fiscal Chong del ocultamiento y malversación deliberada de información que ha desvirtuado las pruebas. Además, el gobierno se ha querellado por Ley de Seguridad Interior del Estado, propiciando altísimas penas para acciones que, de otra manera, no tendrían dicha sanción.
De este modo la privación de libertad para estos casos parece más una búsqueda por castigar y amedrentar a quienes protestan que una medida proporcional al eventual delito cometido, pues son jóvenes -algunos incluso menores de edad- sin antecedentes penales cuyos juicios se han dilatado inexcusablemente.
En torno a lo segundo, la verdad es que resulta difícil juzgar por anticipado las consecuencias de la libertad a los presos políticos de la revuelta. Pero tenemos la más absoluta certeza de que persistir en mantener las prisiones preventivas como castigo por disentir implica indisponer a un sector de la población a confiar en la institucionalidad. Esto propicia más que evita el uso de la violencia para hacerse oír. La necesidad de abordar una solución política a este problema es clave para mostrar que el Estado de Derecho existe en igualdad para todas las personas del país. De otro modo, perdemos una posibilidad histórica para defender el derecho a la protesta, que estimamos consustancial a la democracia.
¿Estamos por partir el proceso constituyente ensanchando la política a nuevos grupos sociales que hoy no están participando? ¿O estamos por cerrar esas puertas?
Haydée Oberreuter
Profesora de historia y dirigenta de agrupaciones de ex-Prisioneros Políticos. Ha sido militante de organizaciones de la izquierda chilena así como del movimiento de Derechos Humanos. Actualmente es parte del colectivo de DDHH de Izquierda Autónoma (ahora, Comunes).
Enrique Riobó Pezoa
Historiador y presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Miembro de Derechos en Común.
