¿Fascismo en la Araucanía? La ofensiva de las asociaciones gremiales y civiles en el sur de Chile

A pesar de las medidas tomadas por Piñera, las asociaciones gremiales y civiles incubaron un malestar con el desempeño del Estado. Estos sectores, considerados así mismos como víctimas del “terrorismo” en la zona, articularon una respuesta unificada en torno a demandas que exigieron la instalación del Estado de sitio o excepción, “empoderar las policías” e “intervenir a las comunidades violentas” para defender sus propiedades y capitales. Trazaron un antagonismo entre quienes desean la “paz en la Araucanía” y los “terroristas”, estos últimos, por cierto, vienen a ser una figura difusa que va desde milicianos de las FARC con redes en el PC, narcotraficantes hasta delincuentes ajenos a la región.

por José Luis Morales Muñoz

Imagen / Derrumbamiento de la estatua de Pedro de Valdivia en Concepción, 2019. Fuente.

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Los eventos de connotación racista ocurridos la noche del pasado 1 de agosto, cuando un grupo de civiles se enfrentó a comuneros que mantenían tomadas diversas municipalidades de la Araucanía, el paro camionero de hace unos días, impulsado en gran medida por transportistas del mismo territorio, son sólo la punta del iceberg respecto de un conjunto de acciones cada vez más radicalizadas que han liderado asociaciones gremiales y civiles cercanas a los rubros productivos del sur. El presente escrito busca contribuir al debate y comprensión del conflicto en la Araucanía con atención al comportamiento político de las mencionadas asociaciones. ¿Cuales son las características del conflicto en el que surgen estos sectores? ¿Quiénes son? ¿Qué acciones han realizado? y ¿cuáles son las implicancias políticas de su emergencia? son las principales interrogantes que nos guían.

 

El nudo: tenencia de la tierra y violencia rural

La historia de la Araucanía es un cúmulo de conflictos entre el Estado, campesinos pobres, colonos, comunidades mapuche, grandes propietarios agrícolas y forestales cuyo nudo central es la propiedad de la tierra, tal como señala Cristóbal Kay el origen de la violencia rural en América Latina está ligado a un sistema agrario basado en la desigualdad y la exclusión instaurado desde la colonización española bajo la forma de grandes latifundios, con un régimen de servidumbre que arrasó con comunidades campesinas e indígenas en todo el continente, confinando especialmente a los últimos, a tierras y regiones marginales[1].

El sur de Chile arrastró desde la colonia un rezago económico cuyos intentos modernizadores explotaron en escenarios de violencia rural. La vasta literatura sobre el denominado “conflicto mapuche” vislumbra los orígenes históricos de la actual violencia rural en el momento en que el novel Estado chileno inició su campaña por ejercer soberanía y explotación económica de los vastos territorios ubicados tras el río Biobío. Esta tesis compartida por diversos autores identifica la campaña militar conocida con el eufemismo de Pacificación de la Araucanía (1860-1883) como el punto de inflexión en la violencia circunscrita a la relación Estado-pueblo mapuche, tal tensión se mantuvo durante el transcurso del siglo XX y sigue sin ser resuelta[2].   La Araucanía Goicovic tiene una extensa trayectoria histórica ligada a la violencia, posible de rastrear desde la Conquista. Distingue tres tipos de violencia estructural en la Araucanía: económica, simbólica y política.  Estos escenarios de violencia configuraron las acciones colectivas desplegadas por los mapuches, las que adquirieron la forma de resistencia durante la conquista, autodefensa durante la colonia, guerra de resistencia durante la expansión del Estado oligárquico, resistencia institucional y cultural tras el fin de la “Pacificación de la Araucanía” y acciones colectivas situadas en el campo político desde comienzos del siglo XX[3].

Siguiendo a Kay, la violencia rural en la historia reciente de la Araucanía es estructural al problema de la tierra, encontrando sus orígenes en los procesos de reorganización productiva y social en el agro chileno desde la contrarreforma agraria. La política económica impulsada por el régimen militar entre 1974 y 1989 para la creación de un mercado abierto de la tierra no sólo redibujó la geografía rural, sino también configuró el objeto de disputa entre los nuevos sujetos ligados al mundo agrario en la Araucanía.  Hacia 1975 la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA) promovió a nivel regional políticas económicas primario-exportadoras sustentadas en la agroindustria y silvicultura. Esta comisión definió para la Araucanía como áreas de desarrollo las exportaciones agro-pastorales y forestales, además del turismo[4]. Esto junto con la devolución de parte de las tierras expropiadas, la venta y subasta de estas a privados y entidades públicas, permitió la masificación del rubro forestal y la posibilidad de desarrollo de los productores agrícolas.

No obstante, tal desarrollo se hizo en detrimento de la propiedad mapuche cuya irresolución en la restitución de tierras ancestrales ya era un conflicto de largo acumulado histórico. Tras la contrarreforma agraria muchas tierras restituidas antes del golpe militar fueron revocadas dado que los procesos de entrega formal no habían culminado. Hasta 1973 varias comunidades formaron partes de planes de reforestación en conjunto a CONAF, adquiriendo capitales que luego perdieron con la contrarreforma[5]. El avance de la propiedad privada en los territorios mapuches ancestrales trajo consigo la descomposición cultural de la relación colectiva y comunitaria. Transformada la tierra en mercancía, muchas comunidades vendieron, enajenaron o arrendaron sus territorios a empresas nacionales y transnacionales, lo que aumentó la pauperización de la población que se vio obligada a emigrar a zonas urbanas, acentuando la descomposición cultural. Juan Carlos Gómez identifica precisamente en este punto el origen del actual “conflicto mapuche”, la demanda por tierras vendría a ser una lucha por conservar aquellos espacios que permitan reproducir prácticas propias de su identidad histórica[6].

Si bien, el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche tiene sus orígenes en el siglo XIX, las disputas en torno al territorio configuran la violencia rural en la historia reciente de la Araucanía, en lo que de acuerdo con Pairican, es el segundo ciclo de la lucha mapuche por su autodeterminación, entre 1990 y 2013. Este se caracteriza por tener de protagonistas principalmente a las empresas forestales, las comunidades mapuche, el aparato estatal y los productores agrícolas, todos sujetos vinculados a las cadenas productivas agroforestales de la región, quienes han sido parte de la reconfiguración del territorio en términos productivos y sociales.

 

El atentado a los Luchsinger-Mackay y la reacción unificada

Durante el quinto aniversario del homicidio de Matías Catrileo, hacia la madrugada del 4 de enero del 2013 en el fundo La Granja Lumahue a unos 20 kilómetros al norte de Temuco, ardía la casa de Werner Luchsinger Lemp y Vivianne Mackay González[7], quienes murieron carbonizados. De acuerdo con la Querella Criminal, un número indeterminado de personas ingresó a la casa, amedrentó a sus moradores con armas de guerra e incendió la vivienda. Tras un breve enfrentamiento con Werner Luchsinger, resultó herido Celestino Córdoba, hasta ahora uno de los cuatro condenados por el caso. Los detalles del atentado siguen siendo motivo de discusión, dada la falta de pruebas y la poca credibilidad de carabineros a la hora de presentar antecedentes por los montajes que han conocido la luz pública.

Sin embargo, el incidente en el fundo La Granja Lumahue marcó un hito en el conflicto tanto por el nivel de violencia del hecho como por sus repercusiones políticas. La respuesta del primer gobierno de Sebastián Piñera se centró en el despliegue del aparato coercitivo y judicial en la zona, a lo que presentó una querella criminal invocando la Ley Anti-terrorista, mientras desde el plano político, se convocó e instó a la cohesión de todos los partidos con el objeto de aislar a los responsables y lograr una respuesta unitaria en lógica de Estado. Mientras la ex -Concertación llamó a la mesura en el actuar del Estado, la derecha consideró el hecho como “el crimen político más importante desde el de Jaime Guzmán” en palabras del entonces candidato presidencial RN Andrés Allamand^[8].

A pesar de las medidas tomadas por Piñera, las asociaciones gremiales y civiles incubaron un malestar con el desempeño del Estado. Estos sectores, considerados así mismos como víctimas del “terrorismo” en la zona, articularon una respuesta unificada en torno a demandas que exigieron la instalación del Estado de sitio o excepción, “empoderar las policías” e “intervenir a las comunidades violentas”[9] para defender sus propiedades y capitales. Trazaron un antagonismo entre quienes desean la “paz en la Araucanía” y los “terroristas”, estos últimos, por cierto, vienen a ser una figura difusa que va desde milicianos de las FARC con redes en el PC, narcotraficantes hasta delincuentes ajenos a la región.

Una característica relevante del rol activo de estos sectores en el problema es la promoción de acciones colectivas de diverso tipo. A diferencia de organizaciones como el “Comando Hernán Trizano”[10], estas han tenido un comportamiento político similar al de los movimientos sociales; marchas, concentraciones públicas, petitorios, caravanas de vehículos y camiones, bloqueos de rutas y acceso a ciudades además de una serie de símbolos que buscan la unidad e identidad de sus adherentes (el uso reiterado de una cinta verde en banderas, logos, poleras y lienzos). Desde el 2013 a la fecha, el conflicto en la Araucanía  adquiere nuevas formas, desplazando la dualidad de la tensión Estado v/s pueblo mapuche, a una relación contenciosa que involucra como nueva fuerza social a las asociaciones gremiales y civiles, pero ¿quiénes son?

 

Perfil de los gremios y asociaciones civiles

El conjunto de las organizaciones en cuestión corresponde a perfiles que involucran los rubros productivos y de transporte en la Araucanía además de asociaciones que agrupan a quienes se consideran víctimas de “violencia rural” y/o “terrorismo”. Sus acciones y demandas han sido respaldadas en diversas ocasiones por los gremios del gran empresariado nacional, además de contar con fuertes vínculos con la derecha chilena.

Entre los gremios vinculados a los rubros productivos de la región, encontramos a la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), cuyo origen se remonta a principios del siglo XX, reúne a propietarios agrícolas, técnicos y profesionales del mundo agrario. La Multigremial de la Araucanía (2008)[11], reúne a gremios del comercio, turismo, construcción; producción forestal, lechera, agrícola, ganadera y acuícola, entre otros objetivos buscan defender la inversión, propiedad privada y fomentar políticas públicas, para ello cuentan con el apoyo de Fundación Libertad y Desarrollo y con iniciativas como el “Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena”. La Multigremial del sur (2015), reúne gremios agrícolas de las regiones X y XIV declaran promover el desarrollo en la zona en un marco de “cohesión social” y “paz en el sur”. La Asociación de Contratistas Forestales (ACOFORAG, 2013), la cual se ha centrado en resolver problemas relacionados con aspectos productivos como salvaguardar la realización de las faenas forestales. Finalmente, destaca la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Victoria-Malleco, liderada en su momento por Gloria Naveillán quien justificó el disparo a una bandera mapuche en el fundo Santa Adela, aseguró que Camilo Catrillanca murió por un accidente, sin reconocer el homicidio y recientemente protagonizó la coordinación del desalojo y ataque racista a los comuneros que se tomaron las municipales en Victoria y Curacautín.

Por otro lado, están aquellas asociaciones que han surgido como respuesta a la violencia rural, las que agrupan a víctimas de estos hechos o simpatizantes con la lucha contra el “terrorismo”, nos referimos a Mujeres por la Araucanía (2015), Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU, 2012), Agrupación Paz por la Araucanía (2012), la Asociación de Víctimas de la Violencia de la provincia de Malleco (2015), la Agrupación Paz y Dialogo Biobío (¿2016?), Paz en Lleulleu (2018), la vapuleada Asociación para la Paz y Reconciliación en La Araucanía (APRA, 2018) y Mujeres Unidas por la Paz (MUPPA, 2019). En términos generales, estas organizaciones son de origen reciente. La integran personas fundamentalmente asociadas a los rubros agrícola y forestal: agricultores (pequeños y grandes), transportistas, empresarios forestales y comerciantes. Destaca la participación de mujeres, las que han creado sus propias organizaciones, de acuerdo con Valeria Ceroni, veterinaria líder de Mujeres por la Araucanía, la agrupación está compuesta por mujeres de distinto origen y profesión “pequeñas empresarias, campesinas, agricultoras, dueñas de casa e incluso mapuches^[12]”.

Punto aparte es la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), el gremio camionero, con una composición social más heterogénea y de origen relativamente reciente. Este gremio surgió el 2012 en parte para diferenciarse de la histórica Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la que a juicio de uno de sus fundadores, José Egido, había sido “infiltrada políticamente[13]”, esto en alusión a la militancia de Juan Araya en el PS, dirigente de la CNDC, quien ha cuestionado públicamente las posturas del nuevo gremio. Hasta entonces los camioneros tenían como referentes la CNDC, Chile Transportes y la Federación de la VIII Región. Como ha quedado en evidencia, la CNTC liderada por Sergio Pérez, opera desde la confrontación, usa como recursos el bloqueo de rutas, caravanas con maquinaria quemada, además de promover concentraciones públicas y apoyar las movilizaciones del resto de gremios y organizaciones afines en la Araucanía. Uno de los liderazgos que más ha destacado junto con Pérez, es José Villagrán, quien fue vicepresidente del gremio y líder de FEDESUR.

Las organizaciones descritas arriba han contado con el constante apoyo de los gremios del gran empresariado, nos referimos a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) y la Confederación de Producción y Comercio (CPC). A diferencia de los anteriores, estos canalizan sus posiciones por vías institucionales; ya sea por el lobby, ENADE, ICARE o por sus órganos de difusión como El Mercurio, entre otros, lo que, en determinadas coyunturas, permite generar un movimiento con dos flancos de presión hacia el gobierno de turno, uno institucional y otro “de choque”. Esto quedó en evidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuyas reformas fueron abucheadas en ENADE 2014, para que meses después, los camioneros de Sergio Pérez desfilaran, entre piedrazos, frente a la moneda agitando un discurso similar.

No es secreto que la afinidad política de estos sectores está en la derecha. Muchos de sus dirigentes fueron candidatos por esa coalición. Los camioneros José Villagrán y José Egido se presentaron como candidatos al parlamento por la UDI y RN respectivamente, Sergio Pérez y el hijo de los Luchsinger Mackay integraron el consejo ciudadano en la segunda campaña presidencial de Piñera. La misma familia Luchsinger Mackay fue cercana a Ena von Baer. Gloria Naveillán, dirigente de APRA, fue candidata a diputada por la UDI y activa en la campaña de Piñera. Entre otros, el diputado RN Miguel Mellado ha agitado con especial ahínco las demandas y posturas más duras de estos sectores, mientras que Felipe Kast y Evópoli hacen su tanto en un tono más conciliador. Algunos han logrado acceder a puestos públicos, como Juan de Dios Fuentes, Director del Registro Civil en la Araucanía, agricultor recordado por portar un arma en la “siembra por la paz” organizada por Paz en la Araucanía el 2016, o el caso del Intendente de la región Víctor Manoli (RN), quien también cuenta con una flota de camiones y brinda servicios a Forestal Mininco, Bosques Cautín, entre otras.

 

Una difícil relación con La Moneda

Como hemos indicado, tras el atentado en Vilcún, los vínculos entre estos grupos se reforzaron y diversificaron en un entramado de organizaciones que sigue creciendo hasta la fecha. Esto los ha dotado de una infraestructura organizativa que, según ciertas coyunturas, ha logrado desplegar un repertorio de acciones colectivas. Como indica Sidney Tarrow, estas acciones, pueden ser fomentadas o no, de acuerdo con las características de la estructura de oportunidad política, es decir, cambios en las dimensiones del entorno político que fomentan la acción colectiva y las restricciones políticas que eventualmente la desincentivan (represión, capacidad de gestión de conflictos por las autoridades) siempre en relación con la estructura del Estado[14]. La latencia en los problemas ligados a la tenencia de la tierra, la incapacidad del Estado en resolver estructuralmente el conflicto en la Araucanía y las distintas políticas de los gobiernos de turno hacia el territorio han influido en las acciones colectivas que estos sectores han liderado.

Con todo y a pesar de los vínculos existentes con la UDI y RN, la relación de estos sectores con los gobiernos de Piñera es mucho más compleja de lo que se cree. En enero del 2013, tras conocerse la muerte de los Luchsinger-Mackay, unas 300 personas bloquearon la carretera 5 sur a la altura norte de Temuco. En su mayoría mujeres de agricultores quienes al grito de “Piñera traidor, ponte el pantalón”, exigían paz en el territorio y la aplicación del Estado de excepción[15]. El funeral del matrimonio de agricultores, con participación de más de mil personas, entre autoridades políticas y empresariales, también se volvió una instancia de declaraciones y discursos contra “el terrorismo”, llamados a la unidad y la autodefensa[16]. Días después, el gremio camionero de Pérez anunciaba una paralización, la que contó con bloqueos y paralizaciones acotadas en distintas regiones del país, no obstante, en la Araucanía más de 2.000 personas, en su mayoría agricultores, se movilizaron, con caravanas de maquinaria agrícola y exigieron la instalación del Estado de excepción[17]. En todas estas acciones y a pesar de los esfuerzos contenciosos y la apuesta policial del ejecutivo, Piñera no salió libre de crítica en su manejo de la situación.

Sin embargo, la llegada de la Nueva Mayoría no jugó directamente a favor de sus intereses. La reorientación en la gestión del conflicto hacia políticas compensatorias para el mundo mapuche como el desplante del entonces Intendente Huenchumilla (DC), quien partió su cargo pidiendo perdón al pueblo mapuche y apelando a un Estado plurinacional, abrió un nuevo flanco de ataque. La “marcha contra el terrorismo” en octubre del 2014, movilizó a más de 600 personas en la Araucanía, quienes entre gritos de “¡Viva Chile!, ¡Viva la Araucanía!“ repartieron volantes contra Huenchumilla refiriéndose a este como un “dictador étnico” e incluso “Quiltro político… guau guau^[18]”.

Entre otras movilizaciones del sector, Bachelet debió enfrentar la “Caravana de camioneros indignados con la delincuencia” en agosto del 2015. Desde la Araucanía, unos 13 camiones cargados con los escombros de 12 máquinas iniciaron su ruta hacia La Moneda. Recorrido que en sus 4 días sumó adherentes en diversas regiones del país, con bloqueos de ruta intermitentes, concentraciones de apoyo y máquinas estacionadas en las bermas, en total más de 5.000 camiones se adhirieron en apoyo. A diferencia de lo que hemos visto recientemente, Carabineros prohibió el ingreso de la caravana en algunas ciudades y el entonces Intendente de Santiago Claudio Orrego (DC) se negó en dejar ingresar los camiones a la capital. Fue la presión de las directivas de la UDI, RN, Evópoli y el PRI, las que llevaron al Ministro del Interior Jorge Burgos (DC) a permitir el acceso y recibir a los líderes gremiales[19].

La caravana de la CNTC se caracterizó por ser eminentemente política, dejando en un segundo plano la demanda gremial, centrando la negociación gremio-gobierno exclusivamente en las características del despliegue de la acción colectiva en Santiago. La movilización concitó el apoyo de todas las asociaciones gremiales y civiles en la Araucanía, pero también de la Cámara Nacional de Comercio y la derecha. El petitorio por su parte desbordó las reivindicaciones propias del sector transportista, sintetizando las principales demandas que las asociaciones gremiales de la Araucanía venían planteando desde el 2013, en síntesis, un nuevo acuerdo social para enfrentar la violencia rural en el sur.

Las amenazas del gremio con paralizar el país no solo buscaban conseguir que la caravana circulara por Santiago, sino que representaron el malestar de un sector del empresariado inconforme con las reformas de la Nueva Mayoría. CPC, CMPC, SNA y CORMA durante todo el 2014 y parte del 2015 torpedearon las iniciativas del ejecutivo. A un mes de la movilización camionera, José Egido escribió “Solo veo que cada día somos más los que nos vamos indignando con ese frenesí de cambios, con ese frenesí de reformas que al final del día solo van conduciendo a este país a un punto muerto que, si bien recuerdo, hace 42 años atrás nos caló tan hondo[20]”.

A pesar de las críticas anteriores a su gestión, Piñera sabía que podía explotar el malestar de los gremios con la NM durante las elecciones del 2017. Con más de un 62% de los votos, la Araucanía fue una de las regiones que mayor apoyo brindó al actual presidente[21]. Tras la victoria, se dirigió al sur para proponer un “Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en la Araucanía”, apuesta que en principio planteó el diálogo entre mapuches y víctimas de violencia rural, así como medidas compensatorias. No obstante, la política sustancial a implementar ha sido el Plan Impulso Araucanía que pretende promover el desarrollo económico y social de la región, mediante el fomento de la inversión privada en las áreas agrícola, del turismo y las energías renovables con una proyección de 8 años[22].

La porfía del Estado en responder policialmente al conflicto ha contribuido en el incremento de la violencia rural. El homicidio de Camilo Catrillanca y el destape de los montajes y encubrimientos de las operaciones en el territorio sólo han tensionado la situación. Con nuevos sabotajes a infraestructura agrícola y forestal, las asociaciones gremiales y civiles enviaron una carta a principios de noviembre del 2018 al presidente. Allí exigieron el “restablecimiento del Estado de Derecho”, en una zona dónde, en su opinión, la policía estaba completamente superada[23].  Al mes siguiente, en una nueva y más dura declaración, exigieron derechamente el desalojo de los predios tomados en Ercilla y Pailahueque, además de “suspender de manera inmediata la entrega de todo tipo de apoyo a comunidades mapuche”, hasta que “todas” las comunidades declaren su repudio a la violencia[24].

Hacia este punto el Plan Impulso Araucanía ya estaba agotado para estos sectores. Su argumento fue que, al no existir las condiciones de tranquilidad, no era factible promover la inversión y superar el atraso de la región. El fracaso del Estado y la incapacidad de sus tres poderes volvió a su discurso, quienes desde entonces acusan a Piñera de abandonarlos.

A partir de enero del 2019, el distanciamiento entre los gremios de la Araucanía y el gobierno se ha hecho patente. Por entonces, declararon al Ministro de Desarrollo Social y responsable del Plan Impulso, Alfredo Moreno, como persona non grata, se negaron a aceptar la invitación de Chadwick a La Moneda y recientemente exigieron la renuncia del Ministro del Interior Gonzalo Blumel por considerarlo incompetente en el manejo del “terrorismo”[25]. Junto con ello, algunas manifestaciones han tenido lugar. La marcha y concentración por la “paz en la Araucanía” a fines de junio del 2019 reunió alrededor de 100 personas, las que relataron sus casos de violencia rural, y volvieron a usar el recurso de exhibir maquinaria quemada. Incluso a principios de julio de este año, más de 60 obreros forestales de las empresas Sefomec y Safco marcharon por las calles de Collipulli y la ruta 5 sur, exhibiendo lienzos con la frase “nosotros también tenemos DDHH”, banderas chilenas y maquinaria quemada. Su principal reclamo fue por la ausencia de seguridad en las faenas forestales, tras ser víctimas de alrededor de 15 atentados de acuerdo con su vocero[26].

El arribo de Víctor Pérez al Ministerio del Interior es una clara señal del gobierno para retomar su base de apoyo en el sur. No es casual que su llegada haya coincidido con el desalojo de las tomas de las municipalidades o el paro camionero, de algún modo estos sectores se han sentido con la confianza de radicalizar sus acciones en impunidad, por la garantía que la presencia del nuevo Ministro otorga.

 

En conclusión. Implicancias políticas

Si bien, el reciente paro camionero fracasó en su intento por articular nuevos sectores en torno a las demandas contra el “terrorismo”, la no resolución del problema de la tenencia de la propiedad de la tierra mantiene abierto el conflicto en la Araucanía. Sus involucrados continúan en tensión e inconformidad, mientras que el Estado se ha replegado a la gestión policial de la violencia rural. Bastarán nuevas coyunturas para que estos sectores salgan a las calles.

¿Existe fascismo en la Araucanía? lejos de encontrarnos con las camisas pardas criollas más bien estamos ante un polo civil que se articula en torno a demandas conservadoras proclive a un populismo de derecha que bien podría operar dentro de marcos institucionales. Esto es, fuerzas político-sociales que promuevan políticas autoritarias, xenófobas y nacionalistas con apoyo no sólo de las clases más acomodadas, sino también entre sectores medios y populares los que son interpelados por un discurso común, similar, pero nunca igual, a fenómenos como el “posfascismo” europeo (Marine Le Pen, Vox, Alternativa para Alemania, entre otros), Bolsonaro en Brasil o Trump en EEUU[27]. Otra posibilidad es que estos sectores deriven en un polo cuyo discurso avance en la crítica, ya no sólo del fracaso del Estado en el combate a la delincuencia y el “terrorismo”, sino el fracaso general del sistema democrático, cargado con una peligrosa nostalgia por el pasado pinochetista, bajo la defensa del orden. Noción que bien puede anclarse en el imaginario de sectores medios y populares descontentos con la llamada “clase política” y el Estado, pero con confianza y vínculos hacia las FF.AA. y de orden. Esta última posibilidad nos advierte de la necesidad de la articulación hegemónica que desplace y dispute significados en torno a un proyecto en clave plurinacional, democrática y popular, que eventualmente derive en reformas a la propiedad de la tierra y la producción. Ciertamente, el proceso constituyente jugará un papel significativo en el desenvolvimiento de las correlaciones de fuerzas y las posibilidades de articulación hegemónica a propósito de la crisis que sufre el bloque de poder[28].

 

Notas

[1] Cristóbal Kay, “Estructura agraria, conflicto y violencia en la sociedad rural de América Latina”, Revista Mexicana de Sociología, Vol.63, Nª4, octubre-Diciembre (2001), 161.

[2] Fernando Pairican Padilla, Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013 (Santiago de Chile: Pehuén Editores 2014), 33.

[3] Igor Goicovic, “Campos conceptuales, perspectivas de análisis y ciclos históricos en el estudio del movimiento mapuche (1870-1990)”, Conflictos étnicos, sociales y económicos en la Araucanía. 1900-2014, Jorge Pinto Editor, (Santiago de Chile: Pehuén Editores, 2015), 29.

[4] Víctor Llancaqueo, Pueblo Mapuche. Derechos colectivos y territorio: Desafíos para la sustentabilidad democrática (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2006), 40.

[5] Víctor Llancaqueo, Pueblo Mapuche. Derechos colectivos y territorio: Desafíos para la sustentabilidad democrática (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2006), 51.

[6] Gómez Leyton, Juan Carlos, “Tierra, territorio y autonomía. La lucha política del movimientos social mapuche en la sociedad neoliberal”, en López, Margarita et al, Temas y procesos de Historia reciente en América Latina, Santiago de Chile, Editorial ARCIS, 2010), 249.

[7] Ambos agricultores, descendientes de colonos suizos. Werner Luchsinger es primo de Jorge Luchsinger propietario del fundo Santa Margarita, dónde fue asesinado por la policía Matías Catrileo.

[8]“Allamand: es el crimen político más importante desde el de Jaime Guzman”, La Tercera, http://diario.latercera.com/edicionimpresa/allamand-es-el-crimen-politico-mas-importante-desde-el-de-jaime-guzman/.

[9] Declaración de Emilio Taladriz, presidente de la Multigremial de la Araucanía, “El mensaje de impunidad está generando un inmenso dolor”, El Mercurio, http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=06-01-2013%200:00:00&dtB=13-02-2017%200:00:00&BodyID=2&PaginaId=7.

[10] Presunto movimiento para-militar que derechamente se declaró “anti-mapuche”. Las investigaciones en su contra no han arrojado resultados contundentes.

[11] Hemos indicado en paréntesis el año en que se funda cada organización.

[12]“Mujeres se organizan contra la violencia”, El Mercurio, http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-05-30&dtB=14-06-2017%200:00:00&PaginaId=15&bodyid=3.

[13] CNTC Chile, Medio Oficial del Transporte Camionero de Chile, Edición 1/ Abril 2013, 59.

[14] Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza, 1998), 45.

[15] “La Multigremial recomienda aplicar el Estado de sitio tras ataque incendiario”, El Austral de Temuco, http://www.australtemuco.cl/impresa/2013/01/05/full/9/.

[16] “Familia y amigos de víctimas de Vilcún hacen llamado en funeral para frenar atentados”, El Mercurio, http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-01-06&dtB=21-02-2017%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=3.

[17] “Camioneros y agricultores bloquearon la ruta exigiendo paz en la región”, El Austral de Temuco, http://www.australtemuco.cl/impresa/2013/01/08/full/3/.

[18] “Unas 600 personas marcharon en Temuco por la paz en la región”, El Austral de Temuco, http://www.australtemuco.cl/impresa/2014/10/03/full/3/.

[19] “Gobierno acepta exigencia de transportistas y acepta el paso de seis camiones por palacio”, El Mercurio, http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-08-28&dtB=14-06-2017%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=3.

[20] CNTC Chile, Medio Oficial del Transporte Camionero en Chile, Edición 9, septiembre 2015, 4.

[21] Claudio Fuentes, “Radiografía electoral de la Araucanía”, Serie Policy papers, Nº5 (2019), 3.

[22] Ver https://planimpulso.cl/sobre-el-plan/.

[23] “Gremios de la araucanía acusan que la región vive en un estado de descontrol”, clave9.cl, https://www.clave9.cl/2018/11/26/gremios-de-la-araucania-acusan-que-la-region-vive-un-estado-de-descontrol/

[24] “Gremios exigen se respete el estado de derecho ante tomas y cortes de camino”, credochile.cl, https://www.credochile.cl/noticias/gremios-exigen-se-respete-el-estado-de-derecho-ante-tomas-y-cortes-de-camino/

[25] “Gremios del sur piden renuncia del ministro del interior”, Clave9.cl, https://www.clave9.cl/2020/05/15/gremios-del-sur-piden-la-renuncia-del-ministro-del-interior/

[26] “Trabajadores cortan el tránsito en el viaducto del malleco como protesta por atentados”, Araucaniadiario.cl,  https://araucaniadiario.cl/contenido/6500/trabajadores-cortan-el-transito-en-el-viaducto-del-malleco-como-protesta-por-ate

[27] Si bien Traverso polemiza con la categoría “populista” hace referencia al mismo fenómeno. Enzo Traverso, Las nuevas caras de la derecha (Argentina: Siglo XXI Editores, 2018), 17.

[28] De particular vigencia resulta el análisis de Laclau sobre la interpelación democrática popular en el marco de la crisis hegemónica del bloque de poder y la clase obrera en el origen del fascismo en la Europa de la posguerra. Ernesto Laclau, Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo (España: Siglo XXI, 2015), 89.

 

Referencias

Fuentes, Claudio, “Radiografía electoral de la Araucanía”, Serie Policy papers, Nº5 (2019), 3.

Goicovic, Igor, “Campos conceptuales, perspectivas de análisis y ciclos históricos en el estudio del movimiento mapuche (1870-1990)”, Conflictos étnicos, sociales y económicos en la Araucanía. 1900-2014, Jorge Pinto Editor, (Santiago de Chile: Pehuén Editores, 2015), 29.

Gómez Leyton, Juan Carlos, “Tierra, territorio y autonomía. La lucha política del movimientos social mapuche en la sociedad neoliberal”, en López, Margarita et al, Temas y procesos de Historia reciente en América Latina, Santiago de Chile, Editorial ARCIS, (2010), 249.

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