La semana pasada Víctor Pérez afirmó la defensa irrestricta de Carabineros a propósito de las denuncias de la Contraloría, cuestión que solamente agudiza más la contradicción entre dicho y hecho que ha caracterizado los gobiernos de las últimas décadas en materia de Derechos Humanos. La cuestión, nuevamente, es que hoy nos encontramos en un escenario donde los efectos de esa contradicción -entre los cuales está la evidencia de un “Nunca más” puramente retórico- son más dramáticos que nunca, y afectan gravemente la posibilidad de construir condiciones que mejoren la situación de la izquierda para el ciclo que se abre.
por Enrique Riobo Pezoa
Imagen / Paulo Slachevsky, Frontis del Museo de Bellas Artes, 1987. Fuente.
Enseñanzas del 11 de septiembre de acuerdo al discurso de Sebastián Piñera:
Valor a la democracia y Estado de Derecho.
Compromiso de los DD.HH. de todos.
Valor del diálogo y los acuerdos.
Valor de la unidad y la amistad cívica.
Valor de la responsabilidad, la probidad y la prudencia.
Valor del esfuerzo y el trabajo bien hecho.
Valor de la paz y el orden público.
Imperativo de condenar la violencia en todas sus formas.
Más allá de lo anodinas y genéricas de las “enseñanzas del 11 de septiembre” que el presidente Sebastián Piñera formula en su discurso de aniversario del golpe de Estado de 1973, sus palabras resultan sumamente contradictorias, en particular porque la condena de la violencia en todas sus formas implica una igualación de todas las violencias. Y eso es antitético con una posición de compromiso efectivo con los Derechos Humanos, pues para esto último se requiere enfatizar mucho más resolver los efectos de y poner cortapisas para la violencia estatal que para otras formas de la misma. Esto es especialmente cierto en contextos como el actual, donde como saldo de la revuelta hay miles de denuncias por abusos y violencia policial.
Es más, la semana pasada Víctor Pérez afirmó la defensa irrestricta de Carabineros a propósito de las denuncias de la Contraloría, cuestión que solamente agudiza más la contradicción entre dicho y hecho que ha caracterizado los gobiernos de las últimas décadas en materia de Derechos Humanos. La cuestión, nuevamente, es que hoy nos encontramos en un escenario donde los efectos de esa contradicción -entre los cuales está la evidencia de un “Nunca más” puramente retórico- son más dramáticos que nunca, y afectan gravemente la posibilidad de construir condiciones que mejoren la situación de la izquierda para el ciclo que se abre.
La constatación de esto último es una cuestión importante para la discusión sobre la necesidad de una “unidad de la oposición”, pues en materia de DD.HH. resulta evidente que ello no es suficiente, porque ha quedado del todo claro que el problema solo se resuelve con acciones decididas que aspiren a verdaderamente conocer en detalle la fisionomía de la violencia para poner en prácticas maneras de no solamente de reparar el daño causado, sino de prevenir el que viene.
Para lograr esto último la memoria de las violencias pasadas resulta fundamental, especialmente porque ello permite la reconversión del recuerdo de lo terrible en una posibilidad de vida a futuro. El trabajo de los sitios de memoria y de los educadores en DD.HH. es vivo ejemplo de ello, sin embargo, estas labores se realizan muchas veces a pesar del Estado y no propulsadas por el mismo. En ese sentido, la invitación que se realiza por parte del gobierno para olvidar los odios del pasado para construir un futuro común denota una ignorancia o una ignominia profunda.
Ignorancia porque lo que subyace es una concepción burda del tiempo, como si el pasado pudiera dejar de estar presente por la mera voluntad de quienes existimos hoy. E incluso si esa fuera posible, es imbécil pensar que por olvidarse de la causa de las cosas, esas cosas dejan de existir. Incluso si es que todo el país se olvidara y dejara de preocuparse por las mutilaciones oculares, la vista no volvería mágicamente a los ojos de quienes la perdieron. Esa forma de resolver los conflictos fue decretada por el rey Enrique IV en la Francia de 1585 luego de las guerras de religión, donde en el Edicto de Nantes se mandata: “Que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante los convulsos precedentes de los mismos, hasta nuestro advenimiento a la corona, queden disipados y asumidos como cosa no sucedida”. Pero por suerte los chilenos del 2020 no vivimos en una monarquía del Antiguo Régimen, por lo que una solicitud de esa naturaleza es improcedente.
Ignominia porque la invitación al olvido supone también una igualación de todas las violencias, cuestión que disipa la evidente diferencia entre las distintas formas en que esta se ejerce y entre los diversos efectos que esta ha tenido. El terrorismo de Estado destruyó la vida de muchos, pero dio la posibilidad de que otros construyeran posiciones de poder y acumulación que mantienen hasta hoy. Considerar que recordar estos efectos con el propósito de buscar formas para reconfigurar el presente es “legar el odio a las generaciones que vienen” es una argucia para preservar la impunidad y todos sus efectos. Es que el terrorismo de Estado modificó y solidificó un estado de cosas que ahora está siendo posible de cambiar, por lo que la violencia estatal aparece como un horizonte inmovilizador. Y conculcar el derecho a la política de la sociedad es una de las cuestiones más antidemocráticas que pueden existir.
En última instancia, hoy existe la posibilidad de avanzar en cuestiones que pueden allanar el camino para fortalecer las posibilidades de la sociedad movilizada para incidir verdaderamente en la política. La justicia efectiva para las recientes violaciones a los DD.HH., la liberación de los presos políticos actuales y la refundación de carabineros son tres cuestiones fundamentales que deben ser un eje para pensar en eventuales formas de unidad de la oposición en temas de DD.HH. De otro modo, estaremos hipotecando de nuevo la posibilidad de mover en serio los límites de lo existente.
Enrique Riobó Pezoa
Historiador y presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Miembro de Derechos en Común.
