Cogestión y autogestión de las y los trabajadores en los tiempos de la UP

La Unidad Popular concentró su quehacer político en la llamada batalla de la producción, vale decir, posicionando el área de propiedad social en términos de producción e inversión al mismo nivel de las empresas capitalistas, cosa de resolver las constantes  alteraciones de estas últimas en sus ritmos de producción para desestabilizar económicamente el país. Mientras tanto, los cordones industriales y sectores revolucionarios que estaban  dentro y fuera de la Unidad Popular, se centraron en la creación del poder popular. Dichos cordones eran la expresión de autogestión de las y los trabajadores, quienes se articularon como un sujeto político en directo diálogo con el gobierno.

por Felipe Gajardo

Imagen / Marcha del Cordón Cerrillos, 1973, Armindo Cardoso. Fuente.

Un 4 de septiembre, hace cincuenta años, la Unidad Popular vencía en las urnas, derrotando así dos proyectos: el de la Democracia Cristiana de Radomiro Tomic que, además de ser la continuidad de  los lineamientos del gobierno saliente, planteaba en términos productivos formar un área de empresas de trabajadores, influido -en cierto grado-, por el proyecto de desarrollo Yugoslavo. Además, buscaba fomentar las empresas estatales mediante fondos internos para obtener una mayor independencia económica y desarrollo nacional, todo en un marco de dominación capitalista.

Por otro lado,  el triunfo de la UP derrotaba también al programa de la derecha encabezada por Jorge Alessandri del Partido Nacional, cuya propuesta buscaba impulsar las políticas económicas de los Chicago Boys, una visión neoclásica/monetarista, las que años más tarde impondría la dictadura cívico-militar y abriría, con sangre, el nuevo ciclo económico neoliberal.

El programa transformador de la UP, proponía cambios económicos que consistían en una primera etapa, realizar  reformas estructurales como la nacionalización de la Gran Minería y de la banca, como así también, la profundización de la reforma agraria.  Luego, en una segunda etapa, implicaba conformar el área de propiedad social. Esta última compondría a las empresas estratégicas compradas por el Estado a los privados, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y de la expropiación de empresas por medio del Decreto de Ley N°520, mecanismo creado en 1932. En estas empresas, las y los trabajadores en conjunto con una o un interventor del Estado definirían las decisiones productivas, vale decir, qué, cómo y a quién producirle.

La primera etapa económica se cumplió durante los primeros 15 meses de gobierno. En lo que viene, se hace referencia al desarrollo de la segunda etapa.

El área de propiedad social buscaba resolver una cuestión de toda relevancia en la discusión económica: la inversión privada iniciaría una fuga de capital por no compartir con la vía chilena al socialismo. Sin inversión no se pueden crear mayores capacidades productivas, ni profundizar en la industrialización que permitiría reducir la dependencia con los países del centro.

Esta política buscaba también, resolver una contradicción básica del capitalismo que en el socialismo del siglo XX era angular: la no correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción o, en otros términos, resolvería las limitantes que genera la propiedad privada de los medios de producción en el desarrollo económico.

Teniendo  lo anterior como horizonte, la UP inicia en el primer año de su gobierno, y particularmente al año siguiente, la intervención de un conjunto de empresas monopólicas y, por tanto, estratégicas. Estas  empresas intervenidas pasaban a ser cogestionadas entre trabajadores y el Estado mediante los consejos de administración, dirigidos por una o un interventor, cinco representantes del Estado y otros cinco de las y los trabajadores. De esta manera, el gobierno  podía posicionar sus intereses en materia productiva con la figura de la o el interventor, mientras que las y los trabajadores podían posicionar los intereses de la clase trabajadora a través de sus representantes.

Esta área de propiedad social no estuvo exenta de dificultades en su corta experiencia. Desde su génesis, los partidos de la UP, compuesto por el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana (IC), el Partido Radical (PR)y la Acción Popular Independiente (API), disentían en qué y en cuántas empresas compondrían este sector. La poca claridad, por otro lado, impacientó a sectores de la clase trabajadora, quienes comenzaron a exigir al Gobierno que sus empresas también fueran parte del área, aunque no fueran estratégicas. Iniciaron así las tomas de las fábricas exigiendo el traspaso de estas al área social.

Con este ímpetu, a inicios de 1972, en la que hoy es la comuna de Cerrillos, campesinos, trabajadores y pobladores se organizaron para coordinar la lucha obrera y el de otros sectores movilizados. De esta conjunción surge el cordón industrial Cerrillos-Maipú. Posteriormente, tras el hito del paro patronal de camioneros en octubre del año 72, se conforman otros cordones industriales en Santiago, como el de Vicuña Mackenna, Macul-Ñuñoa centro, Mapocho-cordillera, Panamericana norte, Barrancas-Quinta Normal, entre tantos otros. En el año 73, habían cordones en prácticamente todas las concentraciones industriales a lo largo de Chile, registrándose al menos 31.

Los cordones industriales permitieron a cientos de empresas localizadas espacialmente cerca de un cinturón industrial (concentración industrial, con barrios obreros y populares establecidos de manera lineal y concéntrica en el espacio urbano) organizarse en términos políticos y productivos, modificando la producción de sus mercancías. Las y los trabajadores iniciaron así un proceso de autogestión productiva, donde comenzaron a comercializar de manera directa sus productos entre los campamentos aledaños y en ferias populares, muchas veces a “precio costo” (Gaudichaud, 2016). También, definieron mediante asambleas inter-empresas, las tácticas políticas y económicas para el escenario contingente como el paro patronal. Por cierto que también organizaron escuadrones de defensa para protegerse de los ataques fascistas de agrupaciones como Patria y Libertad.

El paro patronal de los camioneros en 1972 aceleró el desarrollo de la expresión autogestionaria de los cordones industriales para resolver, en parte, el desabastecimiento de mercancías a lo largo del país. En efecto, esta iniciativa de las y los trabajadores que asumieron la dirección de las empresas sin patrones, permitieron revertir los bloqueos por parte de empresarios en la cadena de abastecimiento. Por otro lado, para concretar el fin del paro, la Unidad Popular negocia con la cúpula militar y termina por instalar a generales en el gabinete, además de aceptar el plan Prats-Millas, que consistía en la  devolución de empresas a sus antiguos patrones, política cuestionada y resistida por las y los trabajadores de los cordones industriales.

El Gobierno de la UP también buscó resolver este problema mediante la planificación de las empresas estratégicas del área de propiedad social a través del proyecto Synco. El interés de esta planificación era asegurar la cadena de suministros del proceso de producción de las empresas estratégicas a lo largo del país. Sin embargo, este proyecto no pudo ejecutarse.

La Unidad Popular concentró su quehacer político en la llamada batalla de la producción, vale decir, posicionando el área de propiedad social en términos de producción e inversión al mismo nivel de las empresas capitalistas, cosa de resolver las constantes  alteraciones de estas últimas en sus ritmos de producción para desestabilizar económicamente el país. Mientras tanto, los cordones industriales y sectores revolucionarios que estaban  dentro y fuera de la Unidad Popular, se centraron en la creación del poder popular. Dichos cordones eran la expresión de autogestión de las y los trabajadores, quienes se articularon como un sujeto político en directo diálogo con el gobierno. Ejemplo de ello fue la carta enviada a Salvador Allende seis días antes del golpe cívico-militar en donde exigían el cumplimiento del programa de gobierno.

Tal expresiones de cogestión y autogestión de la clase trabajadora se truncó abruptamente con el golpe cívico-militar de 1973, tras mil días de acumulación de políticas que aspiraban la transformación de la sociedad siendo el pueblo el interés principal por sobre el del capital.

Hoy, a cincuenta años de la vía chilena al socialismo, sus experiencias en materia económica requieren ser repensadas. Al menos, debiéramos contemplar cuatro de estas:

1. Ya hemos visto que, ante cualquier medida que afecte la acumulación de capital de la clase propietaria de los medios de producción, estos amenazan con movilizar sus capitales hacia el exterior. El retiro del 10% de las AFP y los impuestos a los súper ricos son ejemplo de ello. Debemos pensar en mecanismos que permitan mantener o generar inversión y orientarlas hacia procesos productivos estratégicos en momentos de transformación social y económica.
2. La cogestión de empresas estratégicas es un camino para posicionar los intereses del pueblo sobre los intereses de los propietarios del capital en materia productiva, o al menos permite disputarla. Además, posiciona a las y los  trabajadores como una autoría relevante en el escenario político-económico, equilibrando un tanto más la distribución del poder.
3. La autogestión de las decisiones productivas resulta elemental en la reinterpretación de la producción como herramienta para responder a las urgencias del pueblo. Con ello, también, se disputa el concepto de empresa, hegemonizada por las empresas convencionales capitalistas. Las cooperativas de trabajo son hoy expresiones de autogestión por excelencia al ser unidades productivas organizadas en base a asambleas de sus trabajadores, por lo que  resulta primordial potenciarlas.
4. El desarrollo de las fuerzas productivas es un concepto de la economía política que se necesita recuperar para la discusión sobre desarrollo económico. En la búsqueda de un modelo de desarrollo que aspire asegurar la sostenibilidad de la vida, las fuerzas productivas cumplen un rol esencial, pues generan las capacidades necesarias para asegurar esa sostenibilidad.

Referencias

Gaudichaud F. (2016). Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende.