No obstante, la orientación de la decisión parlamentaria del 8 de julio del 2020, no debiera reducirse unívocamente como un triunfo para los sectores populares. A ella subyace el lineamiento empresarial de transferir los costos económicos de la pandemia hacia los bolsillos de las y los trabajadores […] Lo anterior es coherente con la gestión gubernamental clasista de la crisis. Grandes empresas —donde gobernantes son además accionistas— reciben salvatajes del Estado. Icónico es el reciente caso de Latam. Por el contrario, las masas son tentadas a retirar fondos propios de sus ya precarizados ahorros previsionales. En su predilección por el gran empresariado, en lugar de las grandes mayorías, se pone en tela de juicio la naturaleza clasista e interesada del actual Gobierno de Chile.
por Cristián Cataldo y Jorge Valdebenito
Imagen / Marcha No+ AFP, 2017. Fuente: Flickr.
Introducción
La celebrada sesión parlamentaria del día 8 de julio ha evidenciado sus inmediatos efectos sobre la economía chilena. También en lo político, donde la coalición oficialista según diversos analistas experimenta un terremoto interno. Estéril fue la táctica del Gobierno para contener lo que se anunciaba como una fuga de votos en la UDI (4) y RN (9). Sólo los parlamentarios de Evópoli fueron fieles a los lineamientos del timonel de Hacienda, Ignacio Briones. Crónicas del proceso se encuentran ya publicadas en diferentes medios de prensa.
En lo bursátil el sismo no ha sido menor. Según el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), el cual mide variaciones de precios en las empresas emisoras chilenas más grandes de la Bolsa de Santiago, experimentó un retroceso que ronda el 3%. El trasfondo se encuentra marcado por una liquidación de activos (o venta de acciones) por parte de las AFP. El peor escenario que estas proyectan es que el 100% de los afiliados retiren la cuota permitida para sus fondos. JP Morgan, en tal escenario, proyecta US$15.000 millones en pérdidas para las AFP locales.
Ante ello comienzan a circular una serie de cuestionamientos sobre un posible (principio del) fin del sistema de ahorro forzado, que son las AFP. La configuración del sistema institucional chileno, cuyo bastión es la Constitución de 1980, presenta una serie de obstáculos para que dicho anhelo se haga realidad. La decisión ahora debe ser discutida en el Senado, y eventualmente por el Tribunal Constitucional. Nuestro llamado es a responder a preguntas empíricas como “¿será este el fin de las AFP?” desde la evidencia histórica, y no desde nuestros (justificados) anhelos.
Efectos económicos y rol del Estado
El sistema de las AFPs está basado en un mercado de cuentas individuales que son capitalizadas y transadas en bolsas especulativas. Al día siguiente de la aprobación en la Cámara, los mercados bursátiles locales abren con números rojos, un tipo de cambio del dólar al alza y con menores expectativas que presionan a la baja el valor de los activos. Esto porque el retiro del 10% de los fondos previsionales obligaría a las AFPs a cambiar los títulos financieros por dinero efectivo para pagar el retiro. Su consecuencia sería liquidación de más de US$2500 millones. A su vez, esto provocaría que el precio de esos activos caiga junto a la valorización de todos los fondos previsionales.
Las proyecciones indican que el retiro impactaría negativamente en una diversidad de aspectos macroeconómicos. Empero, el efecto directo podría darse sobre los bolsillos de la clase trabajadora. Según estimaciones de Fundación Sol, las futuras pensiones con esta decisión podrían reducirse entre un 1% y 9%, dependiendo de la edad y el sexo del afiliado. Por ende, si el objetivo es lograr pensiones dignas en el país, por sobre modificaciones al interior del sistema previsional vigente, es necesario su reemplazo por uno nuevo.
Según los análisis de Fundación Sol, un hombre de 50 años, sin retiro, recibiría en promedio una pensión estimada de $242.997 mensuales. Con el potencial retiro del 10%, dicha pensión se reduciría a $222.791, un 8,3% menos. Para el caso de una mujer promedio de 25 años, sin retiro, recibiría una pensión de $129.646, la cual caería a $128.146 (1,2% menos) con el potencial retiro anticipado.
Es correcto el argumento económico de que el retiro anticipado de fondos supone una reducción en los ingresos de las y los futuros pensionados. Pero más cierto es el hecho de que al interior de los límites del sistema previsional de AFP difícilmente puedan, con o sin modificaciones, lograrse pensiones dignas para las y los jubilados en Chile. Se trata de una discusión política, por sobre técnica y de términos economicistas, como intentan demostrar personeros como Briones. De acuerdo a Fundación Sol, el horizonte debiera ser construir un sistema de pensiones universal similar al que poseen actualmente las ramas uniformadas.
Lo que la coyuntura actual revela es que el desmantelamiento de los sistemas de protección social, vía neoliberalización, ha contribuido a articular el carácter actual de la llamada corona-crisis en Chile. Los términos del debate no figuran con la amplitud y profundidad merecida en los medios de comunicación de masas. Según analistas, esto se debe a que ellos son también propiedad de los grandes capitales nacionales, vinculados a la clase gobernante y especuladora del país.
La llamada corona-crisis ha involucrado un amplio cuestionamiento a la configuración de los múltiples aspectos que articulan el modelo económico chileno. Entre ellos los sistemas de pensiones, sanitarios, y de protección social. Esto ha impulsado el debate por el retiro de pensiones para mitigar las carencias económicas de las familias ante los efectos de la pandemia. Habilitar a las personas para clamar por el retiro anticipado de sus pensiones, a modo de aliviar su presente, no es una ayuda concreta del Estado. Sin embargo, el Estado ya entrega ayudas y transferencias a grandes empresas a través de créditos sin intereses y subsidios directos con la “inocente” pretensión de que estas no despidan trabajadores/as.
Lo anterior desenmascara un modelo que subsidia la utilidad de grandes empresarios, mostrando —entre otras cosas— la incapacidad del libre mercado para gestionar los episodios de catástrofe que estos mismos generan. Los efectos de la pandemia, pese a perjudicar a la humanidad en su conjunto, impactan con mayor violencia sobre las capas vulnerables y desprotegidas. Esto nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de avanzar en un nuevo modelo de desarrollo, cuyo objetivo central sea superar la desigualdad económica y polarización política generadas por el neoliberalismo, y negativas para la estabilidad general de los sistemas sociales.
Comentarios al cierre
Sin duda, la votación del 8 de julio en la Cámara de Diputados es histórica. De una parte, evidencia una tendencia al fraccionamiento al interior de la coalición de gobierno. También antecedentes para la unidad entre las fracciones de oposición. Además permite cuestionar el sistema de las AFP, abriendo posibilidades a cambios mayores para el modelo económico chileno. Como es de esperar, iniciativas en tal dirección serán calificadas por sus defensores como inconstitucionales, relevando la necesidad de concretar el Proceso Constituyente suspendido por la pandemia.
No obstante, la orientación de la decisión parlamentaria del 8 de julio del 2020, no debiera reducirse unívocamente como un triunfo para los sectores populares. A ella subyace el lineamiento empresarial de transferir los costos económicos de la pandemia hacia los bolsillos de las y los trabajadores.
Lo anterior es coherente con la gestión gubernamental clasista de la crisis. Grandes empresas —donde gobernantes son además accionistas— reciben salvatajes del Estado. Icónico es el reciente caso de Latam. Por el contrario, las masas son tentadas a retirar fondos propios de sus ya precarizados ahorros previsionales. En su predilección por el gran empresariado, en lugar de las grandes mayorías, se pone en tela de juicio la naturaleza clasista e interesada del actual Gobierno de Chile.
El escenario está abierto, como abierta está la lucha por el porvenir.