La crudeza de lo que sucede en el sur contrasta con la relativa ausencia de redes, apoyos y denuncias respecto a lo que ha sucedido en el sur durante los últimos 22 años, como si fuera algo que pasa en algún país lejano, y no pusiera en tensión elementos centrales del modelo económico extractivista nacional. Temas como la propiedad de la tierra y del agua, o el papel que cumplen los grupos económicos rentistas locales insertos en cadenas de producción internacionales a partir de la exportación de materias primas, son materias de importancia nacional.
por Felipe Ramírez
Imagen / Protesta de pueblos indígenas. Fuente: Flickr.
La muerte en extrañas circunstancias del werkén de la comunidad “We Newen”, Alejandro Treuquil Treuquil el pasado 4 de junio, instala preocupaciones que deberían ser relevantes para la izquierda, toda vez que se encadenan con una serie de hechos que develan un recrudecimiento del conflicto que se vive en la zona sur de nuestro país.
No sólo esa comunidad había denunciado un aumento del hostigamiento que venía sufriendo por parte de Carabineros, sino que en abril dos hechos -que bien pudieron pasar desapercibidos- habían marcado la agenda noticiosa en relación al conflicto que desde 1997 enfrenta a diversas comunidades con el Estado de Chile: la reivindicación por la “Resistencia Mapuche Lavkenche” de una acción armada que incluyó el uso de un auto bomba en contra de Carabineros el 13 de abril en el sector de Lleu Lleu, y la polémica por el despliegue de boinas negras en Malleco y Arauco.
Estos tres hechos dan cuenta de una agudización de un enfrentamiento que ya acumula numerosos muertos a lo largo del tiempo, la mayoría comuneros mapuche, pero también generaciones de niños, niñas y adolescentes que han debido crecer en medio de la violencia desatada por el Estado, durante gobiernos de centro-izquierda y de derecha, en contra de las reivindicaciones nacionales que han levantado colectivamente como pueblo nación mapuche. Como todo Estado colonial, el chileno ha buscado durante todos estos años anular la misma idea de la existencia de un pueblo nación mapuche dentro de sus fronteras, desplegando un amplio abanico de acciones que van desde la integración forzosa, la cooptación de dirigentes, y el amedrentamiento y el enfoque militar-“seguridad pública” para lidiar con sus reivindicaciones.
La crudeza de lo que sucede en el sur contrasta con la relativa ausencia de redes, apoyos y denuncias respecto a lo que ha sucedido en el sur durante los últimos 22 años, como si fuera algo que pasa en algún país lejano, y no pusiera en tensión elementos centrales del modelo económico extractivista nacional. Temas como la propiedad de la tierra y del agua, o el papel que cumplen los grupos económicos rentistas locales insertos en cadenas de producción internacionales a partir de la exportación de materias primas, son materias de importancia nacional.
Comentaba el año 2017, en una columna publicada en la ya desaparecida revista “Perspectiva Diagonal”[1], que la indolencia con que la mayoría de la izquierda se acercaba al tema -excepción hecha por sus sectores más radicalizados- contrastaba con la claridad con que la centro-izquierda y la derecha habían decidido enfocar la materia desde la óptica de la seguridad pública, asumiendo la defensa de los intereses del gran capital involucrado en la disputa por la renta de la tierra, mientras la ortodoxia ideológica de muchos dificultaba comprender la reivindicación nacional mapuche como algo más complejo que la lucha campesina.
La situación es sintomática de una izquierda demasiado “chilena” y elitizada, que no incorpora en sus análisis y políticas materias en las que el protagonismo lo ocupan sectores oprimidos no sólo por la derecha, sino fundamentalmente por “Chile” en tanto Estado colonial. Es, en otras palabras, expresión de un racismo estructural que la izquierda, de forma consciente o inconsciente, replica hasta el día de hoy. Hay sin embargo, algunas señales alentadoras, como la reivindicación social de la wenufoye -la bandera mapuche- y en menor medida de la whipala -que identifica a los pueblos andinos-, junto al emblema chileno en las masivas protestas del estallido social de octubre pasado, que sin duda marcaron un hito importante en términos culturales, al resquebrajar la ilusión cultural oligárquica de ser un país “blanco” -construcción identitaria que curiosamente reivindicó de forma pública hace pocos días un chileno que comentó desde Nueva York las protestas en EE.UU.
Junto con ello, el ataque en esas mismas jornadas a estatuas de conquistadores españoles o de otros símbolos históricos de la colonia, en especial en ciudades del sur, es también expresión de una lucha soterrada por el contenido profundo de la identidad -o identidades- nacionales. Dan cuenta, como explicó Claudio Alvarado Lincopi en una columna[2] publicada en la edición N° 16 de la Revista Palabra Pública dedicado al estallido social, “de un malestar identitario, de una congoja en la configuración de la subjetividad nacional, de una crisis que busca socavar una herida de profundidades centenarias”. Estas estatuas se transforman en blanco de la rabia popular en la medida en que son representaciones físicas del “racismo cotidiano” que anida en la base de la historia, el relato y la identidad nacional que la oligarquía chilena instaló a lo largo del siglo XIXI, y que sustenta la opresión pasada y presente de los pueblos indígenas, de manera similar a lo que sucede con los símbolos confederados en la revuelta estadounidense.
De esta manera, en los colegios los niños, niñas y jóvenes aprenden sobre la lucha del pueblo mapuche resistiendo a los conquistadores españoles como algo de lo que enorgullecerse -Lautaro, Fresia, Caupolicán, son todas figuras destacadas-, pero tras la “pacificación” -u ocupación- de la Araucanía este sujeto colectivo desaparece como por arte de magia de la historia bajo el peso la figura de lo “chileno”, ocultándose que el Estado chileno durante el siglo XIX y XX no sólo lo despojó de sus tierras y autonomía, sino que implementó un proceso de limpieza étnica: mientras reducía las tierras mapuche por la fuerza y escondía y anulaba su identidad y cultura, impulsaba la migración de colonos europeos a la zona para llevar el “desarrollo”, en una política abiertamente racial.
La indiferencia con la que la izquierda procesa la violencia cotidiana que el Estado ejerce sobre las comunidades mapuche nos debe alertar sobre este flanco abierto en nuestra acción. Resulta entonces indispensable, si queremos efectivamente sentar las bases para una transformación estructural en el país:
1) Incorporar activamente a la comunidad nacional a los pueblos indígenas en plano de igualdad, reconociendo nuestra deuda para con ellos debido al proceso colonial que han sufrido, e impulsando instancias políticas para la resolución del conflicto de la tierra.
2) Despojarnos de los resabios racistas que subyacen en la forma de construcción política en la izquierda, respaldando activamente en el debate constitucional el establecimiento de un Estado plurinacional, con las transformaciones institucionales que implica en términos de administración territorial, así como en derechos culturales y educacionales.
Este último punto, que sin duda saca ronchas en la derecha oligarca tan afirmada en una definición de “patria” estrecha y vinculada a sus propios intereses de clase, no ha sido desarrollado mucho por quienes deseamos reemplazar la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán por un nuevo texto plenamente democrático.
Contra los temores de desintegración del Estado, o incluso de secesión que algunos puedan albergar ante este concepto, el Estado plurinacional es posible de definir como “elevar el estatus político de los pueblos indígenas a nivel constitucional, donde actualmente no tienen ninguno, reconociendo los derechos que están establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, esto es, la libre determinación interna y las autonomías, además de derechos de representación política especial, como por ejemplo, escaños reservados en el Congreso”, tal como me explicó el año 2017 en una nota[3] que publiqué en el sitio web de la Universidad de Chile el profesor Salvador Millaleo.
Cabe preguntarse entonces, cuando estamos en la recta final del plebiscito que abrirá en octubre la discusión constituyente, si estamos dispuestos para discutir qué formas concretas puede adoptar la autonomía que demandan los pueblos indígenas en nuestro país, tantas veces oprimidos, y tantas veces articuladores de la resistencia contra el despojo y la depredación económica.
[1] “La deuda que nos recuerda Alex Lemun”, 12 de noviembre 2017, Felipe Ramírez. Revista Perspectiva Diagonal.
[2] “Plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos” http://palabrapublica.uchile.cl/2019/12/03/plurinacionalidad-y-autodeterminacion-de-los-pueblos/
[3]“¿En qué consiste la demanda de un Estado plurinacional?”, Felipe Ramírez, www.uchile.cl, 28 de agosto de 2017
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).
