La educación antes y después del Covid, O de la pobreza en pensar una nueva educación

Como he estado interesado en conocer las posiciones ideológicas y políticas en relación a la educación por parte de actores sociales y políticos que buscan fortalecer la protección y mejoramiento de la vida humana y social, mi percepción fue de decepción. A ratos creo que los intelectuales concertacionistas tienen buenos argumentos para pensar que no hay gran reflexión en quienes vociferamos en contra del neoliberalismo en educación. Es urgente cambiar esto. Necesitamos conectarnos, dialogar, confrontar y, sobre todo, decidir y planificar.

por Sebastián Neut

Imagen / Marcha del Colegio de Profesores, 2013. Fuente.

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Hace poco, esperaba con esperanza el inicio de una charla online acerca de currículum y Covid organizado por representantes del Colegio de Profesores. Pensé que esta vez sí podría encontrar elementos de discusión de la posición de actores sociales en torno a la forma de comprender y recontextualizar el currículum por parte de docentes. De seguro, creí, podría obtener algunas líneas de la posición política e ideológica de los incumbentes en torno a su campo de acción.

Fracasé en mi intento. Debo reconocer que no llegué al final del conversatorio, que, en mi humilde opinión, más parecía una arenga política (de las que se necesitan, en cualquier caso). Entre la retahíla de consignas, se colaban la mala repartición de comida en las escuelas hasta la imprecación a las autoridades por despidos en medios de la pandemia. De currículum, no supe mucho más que aparecía en el llamado a conversar. Los otros temas tratados no son tan difíciles de conocer y ni siquiera de inferir.

Como he estado interesado en conocer las posiciones ideológicas y políticas en relación a la educación por parte de actores sociales y políticos que buscan fortalecer la protección y mejoramiento de la vida humana y social, mi percepción fue de decepción. A ratos creo que los intelectuales concertacionistas tienen buenos argumentos para pensar que no hay gran reflexión en quienes vociferamos en contra del neoliberalismo en educación. Es urgente cambiar esto. Necesitamos conectarnos, dialogar, confrontar y, sobre todo, decidir y planificar.

Como comenté, antes y después he intentado informarme acerca de la visión de la educación y de su traducción en política y políticas por parte de los partidos de izquierda y de las instituciones de representación gremial. En las conversaciones con mis amigos militantes, su respuesta ha sido: “busca, hay caleta”.

Actualmente mi única manera de acceder a ello es la indagación en línea. He procedido, en consecuencia, a hacer una revisión exhaustiva de sitios web institucionales. Respecto de la visión de la educación por parte de organizaciones políticas como Convergencia Social, Izquierda Libertaria, Igualdad o Partido Comunista Acción Proletaria, no pude encontrar nada. En el sitio web de Comunes, alcanzo a leer en su Manifiesto que los estudiantes han luchado en contra las de las injusticias del modelo y que se debe bregar por “la conquista de servicios de salud y educación públicos y gratuitos” y por “la construcción de un país [en] que los servicios básicos como la salud, la educación y el transporte estén a la altura de lo que el pueblo merece” (https://www.partidocomunes.cl/comunes)[1]. No dicen mucho de cómo comprenden lo público ni gratuito en educación, ni qué podría significar “estar a la altura de lo que el pueblo merece”.

El Partido Comunista fue la relativa excepción. En su Programa del año 2001 desarrolla con mayor detención y atención el tema educacional que las demás organizaciones aludidas. Genera un diagnóstico de la situación vigente (la de aproximadamente 20 años atrás), establece una declaración ideológica en torno al rol de la educación y, finalmente, desarrolla la forma cómo debiese lograrse tal fin y la manera de articular las políticas educacionales. En su diagnóstico plantea que “la nueva realidad de la educación chilena basada en criterios empresario –mercantiles, permite que cualquier particular instale instituciones de educación sin garantía de calidad, debilitando el rol del Estado y la sociedad. La educación queda sujeta a los requerimientos del capital”, corroborando ello con datos duros sobre endeudamiento, acceso, efectos sociales y sexualidad. A nivel ideológico, plantea que “se garantizará una enseñanza pluralista, científica, profesional -en permanente modernización y de igual calidad para todos- que forme ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, al servicio de los intereses nacionales, con altos valores morales”. Finalmente, a nivel político, plantea que “la educación debe ser preocupación preferente del Estado, asignándose los recursos financieros a tal efecto. Nadie debe ser privado del derecho a la educación por falta de medios económicos” y que “el sistema se encaminará a garantizar que la selección sea sobre la base de la capacidad intelectual y no la económica y deberá considerar distintos canales de incorporación a la vida laboral. Se establecerá la participación de los trabajadores de la educación y las organizaciones sociales en la política y administración educacional” (http://www.pcchile.cl/documentos/Programa.pdf[2]).

Es por lejos el documento más completo y complejo dentro del campo político visitado, lo que tampoco implica que sea un documento completo y complejo. ¿Qué significará que la educación se ponga al servicio de los intereses nacionales? Ese fue, de hecho, uno de los principales reclamos de la Concertación durante la década de 1990 ¿Cuáles serán esos “altos valores humanos” a los que apela? De seguro, como plantea Willliams hace ya bastante, “el carácter social dominante [que] es aceptado, aunque sólo sea por una minoría dirigente, es aceptado en términos de su valor [lo que] equivale a ofrecer a ese hombre lo mejor que puede dársele” (Williams 129)[3]. Es decir, difícilmente alguien va a explicitar y ni siquiera incluso creer que el rol de la educación es generar un ejército de proletarios de reserva. Sabemos, además, que estarían a favor de la “selección intelectual”.

Por otra parte, en el sitio web del Colegio de Profesores se plantea que “la gran fortaleza de nuestra organización es tener la capacidad de negociar de hecho y nacionalmente las condiciones laborales, profesionales y salariales de los docentes”. Su gran valor radicaría en el plano laboral (de ser así ¿para qué seguir con la forma y funcionamiento de Colegio profesional –proyecto cristiano y profesores secundarios “de Estado” germinado a mitad del siglo XX y materializado por la Dictadura-). Con todo, también se plantea que han ido tomando opciones en el plano de la política educacional, lo que ha significado un “compromiso con la justicia social y combate a todas las formas de explotación y degradación del ser humano”, “fomento de los valores del trabajo, la colaboración entre iguales, la solidaridad y la justicia”, “rechazo a todo orden económico que coloque el funcionamiento del mercado por sobre la legítima aspiración de los trabajadores a una vida digna”, “construcción de una sociedad democrática, impulsando la modificación del actual ordenamiento institucional” y “defensa y compromiso de fortalecer una educación pública de calidad para todos” (http://www.colegiodeprofesores.cl/institucion/)[4]. Una vez más, el ámbito axiológico declarativo es ampuloso, sin bajada política, ¿Qué significará la solidaridad y el rechazo al predominio del mercado en la educación en términos concretos?

Existen otras organizaciones que se asocian a temas específicos de la educación, como Red Docente Feminista, Red de Profesores de Filosofía de Chile y Alto Al Simce, que tienen la virtud de tener una implicación y conocimiento de temas pedagógicos. En los Facebook institucionales de las dos primeras instituciones no pudimos acceder a algún documento que diera cuenta de una visión global de la educación. Por su parte, en el sitio web institucional de Alto Al Simce se propone “modificar el entramado legal que nos somete al SIMCE” y “discutir democráticamente qué educación queremos y qué evaluación necesitamos” (http://www.altoalsimce.cl/que-proponemos/)^[5]. Con todo, no hay mayor información acerca de la comprensión que dan a la educación ni, en consecuencia, a construcción de aquellas políticas “democráticas”.

Dicho en breve, a nivel institucional pocos partidos y a nivel social pocas organizaciones tienen una posición ideológica definida en torno al tema y los que la tienen, manifiestan una fuerte tendencia al delineamiento amplio de algunas consignas de alto valor heurístico (cuestión comprensible si tales ideas han sido obtenidas desde Declaraciones de principios y/o semejantes). Salvo el PC, ninguno plantea un proyecto de política educacional ni, en consecuencia, una manera de alcanzarla. Respecto de esta institución, es importante considerar que su Programa tiene una antigüedad de casi 20 años y, además, que su actuación histórica en el gobierno de Nueva Mayoría no se alineó con el ideario propuesto. El diagnóstico resulta más que algo desolador.

Pero al páramo debemos surcarlo con tierra y agua nuevas y viejas. Como motivación a interrogar las problemáticas que podrían surgir en torno al tema, quisiera plantear algunos tópicos –en perspectiva histórica- que, en mi opinión, debiesen ser elaborados y trabajados por el conjunto de fuerzas sociales realmente antineoliberales (anticapitalistas suena como un lindo sueño). Lo hago a modo ensayístico porque no creo que sumar referencias resulte en algo que enriquezca el texto.

1. Del lugar de la educación en el cambio social. Durante el primer tercio del siglo XX hubo fuerzas reformistas –lo que en esa época era considerado reformismo hoy sería revolucionario- asociadas central pero no exclusivamente con la Asociación General de Profesores de Chile. Estas fuerzas socio pedagógicas tenían una alta fe en las posibilidades de que la educación generase el cambio social. Tras una breve experiencia en el ministerio de educación pública y en el contexto de un gobierno autoritario, este produjo una contrarreforma y las esperanzas del cambio social desde la educación fueron reprimidas y muchos de sus antiguos pregoneros optaron pragmáticamente por la idea de que había que reducir el ámbito del cambio en educación a ensayos experimentales locales, sin mayor impacto para la sociedad en su conjunto. Desde la década de 1960 y hasta 1973, las fuerzas de izquierda tuvieron una posición ambivalente. Aunque intentaron democratizar la toma de decisiones educacionales, fueron totalmente permeadas por una forma de pensar en la que la educación no resultaba importante en los cambios sociales ya que era considerada un “Aparato ideológico del Estado”. Se aducía que la educación solo podría cambiar una vez que las fuerzas económicas y sociales lo hubiesen hecho. Pensar lo contrario sería una pura fantasía de idealistas o, peor aún, de esfuerzos por desvirtuar el mecanismo de funcionamiento de las sociedades, logrando así que nada cambiara realmente. Después del golpe de Estado las memorias de ambas visiones fueron sepultadas. Hoy en día no hay mucha reflexión acerca del lugar social de la educación. Algunos de quienes lo hacen, con todo, han sumido una posición que mezcla las apreciaciones anteriores: la educación no cambia a la sociedad, pero logra generar cambios locales que permiten sumar en el esfuerzo del cambio social.

2. Del lugar de la Constitución en torno a la educación. Los educadores reformistas eran antiliberales y, como tales, tenían poca preocupación por los debates en torno a la dimensión legal de la educación. Si bien pretendían –junto con otras organizaciones sociales- generar una nueva Constitución, dudaron poco en establecer su programa dentro de un gobierno autoritario como el de Ibáñez, quien prontamente los reprimió. Décadas después, en el contexto de la llegada al gobierno de la Unidad Popular, las fuerzas oficialistas se dividieron entre aquellas que pretendían mantener el proyecto popular dentro de los límites constitucionales y las que pretendían rebasarlo por abajo. Ambas, con todo, fueron severamente reprimidas desde el 11 de septiembre de 1973. En la década de 1980 la “educación popular” no consideró importante el ámbito constitucional ya que toda educación liberadora debía plantearse como opuesta a la educación formal.

Cabe hacer acá algunas apreciaciones. Generalmente se atribuye todos los males de la educación a la Constitución de 1980, pero la de 1925 también hacía las cosas complicadas. En el contexto de la asunción de Allende, uno de los aspectos clave que la Democracia Cristiana exigió para darle su voto de confianza en el Congreso (y de ese modo poder acceder al gobierno) fue que, en el conocido como “estatuto de garantías constitucionales”, se asegurase la libertad de enseñanza. Posteriormente, Contraloría (no se necesitó un Tribunal Constitucional) boicoteó un decreto propuesto por el oficialismo que permitía, en la práctica, que muchas decisiones educacionales recayesen en el cuerpo de integrantes de la comunidad escolar. El decreto finalmente aprobado dejó a tales consejos como “asesores” de la labor educacional, sin ninguna capacidad de decisión práctica. Por otro lado, la Constitución de 1980 estipuló el rol subsidiario del Estado y su deber de asegurar la importancia de los particulares en el ámbito. Por más leyes orgánicas constitucionales que se promulguen, ninguna puede contradecir el mandato constitucional (de hecho, la definición de educación de la Lge es una glosa casi idéntica a la de la Loce). Dicho en breve, por más cambios legales que se hagan en este campo, si no afectan a la Constitución, tienen una muy limitada incidencia.

Como contraparte, la Constitución ha sido históricamente una valla de contención de aquellos que no tenemos poder para limitar nuestras posibilidades de ampliarlo. Para aquellos que lo tienen, ella importa poco. El golpe de Estado de 1973 y la larguísima Dictadura subsecuente es su mejor ejemplo. Si lo trasladamos al caso de la educación, el caso descrito del Decreto de Democratización es otro buen ejemplo. A pesar de que los consejos creados finalmente tuvieron solo un rol “asesor”, a la oposición (derecha y democracia cristiana) irritaba que la comunidad escolar tuviese posibilidades de debatir localmente sus problemas sin su mediación política. Por ello, y en un contexto de crisis social, económica y política, presionaron para que incluso la última versión del decreto quedara sin efecto. Para bien o mal, y con el ánimo de aquietar las aguas, el gobierno la puso en un entreparéntesis que terminó siendo eterno.

3. De la construcción de políticas en educación. Reformistas de los años 1920, revolucionarios de las décadas de 1960 y 1970 y educadores populares de la década de 1980, consideraban que las políticas educacionales debían ser implementadas a partir de decisiones ubicadas en las bases sociales en educación. En parte por ello, algunos intelectuales de la década de 1980 aplaudieron la municipalización de la educación. Más recientemente, otros lo hacen con el establecimiento de Servicios Locales de Educación como bases de administración del sistema –que es, por lo demás, semejante al proyecto modernizador original de la dictadura (aunque es dable afirmar que hacia mediados de la década de 1980 deseaba incluso acabar con la educación municipal, privatizando todo el sistema)-. Una pregunta que se impone acá es, ¿Cómo conjugar el legítimo afán democrático de que las decisiones locales sean soberanas en conjunto con la necesidad de tener un sistema que no promueva la desintegración de lo común? Volvemos sobre esto en el siguiente tópico.

4. Del currículum en la educación. Creo que este es el tema más olvidado dentro del olvido más general. Uno de los temas que se impone al respecto es la necesidad de clarificar lo que es considerado el saber escolar legítimo y su derivada didáctica. Históricamente los grupos antes mencionados se han preocupado por la necesidad de vincular el saber escolar con la realidad circundante, particularmente con la laboral y social. Ello invita a una problematización actual de las relaciones entre currículum y sociedad. Dejo, solo a modo de ejemplo, una pregunta que debe ser respondida o al menos tanteada ¿Puede un sistema nacional de educación apelar a la liberación, en el entendido que esto supone la existencia de oprimidos y opresores?

Por otra parte, en el contexto del siglo XXI surgen nuevas o renovadas demandas al currículum, como las derivadas del feminismo o del decolonialismo ¿Es dable dejar temas como las relaciones de género, étnico-culturales y de clase como decisiones locales, sin tener una posición nacional al respecto?, De ser positiva la respuesta, ¿Cómo hacer frente al potencial oprobio que podría facilitar y/o permitir tal rango de discrecionalidad? Podría darse el caso, por ejemplo, de que en el nombre de tal “derecho”, padres y apoderados quisieran justificar el genocidio étnico o defender relaciones de género lesivas a la dignidad de niños y niñas. De ser negativa, ¿No será ello expresión de una forma autoritaria de obligar a niños y niñas a aprender cuestiones que, por muy bien intencionadas que sean, podrían eventualmente terminar por alienarlos de sus propias experiencias y realidades, siempre situadas históricamente?

Cabe una precisión histórica al respecto. A pesar de la cuasi-universal apelación a la desregulación y mercantilización del sistema educacional chileno, al menos en su fase escolar y como nunca antes, el Estado de Chile tiene la capacidad de establecer centralmente el sentido, valores y contenidos ideológicos de la educación. Es decir, a este nivel no habría ni desregulación ni menos mercantilización. Tanto el sentido como contenidos y valores mínimos adquieren una jerarquía constitucional, al quedar consignados en las leyes de rango constitucional anexas a la Constitución. Dicho de otra manera –y esto es algo que la derecha criticó tras la promulgación de la Loce-, la libertad de enseñanza en Chile no concierne al sentido, valores ni contenidos más basales de la educación, al estar dispuestos en leyes de rango constitucional.

Lo cierto es que este tema –cada uno de los mencionados, en realidad- ameritan un mayor desarrollo y problematización. Visto lo que pude ver, creo que por ahora entregar algunas ideas sueltas no ha sido una idea vana.

Como se logra intuir en estas rápidas reflexiones, el camino es largo… y empinado.

 

Referencias

Raymond, Williams, La larga revolución (Buenos Aires: Nueva Visión, 2003).

https://www.partidocomunes.cl/comunes

http://www.pcchile.cl/documentos/Programa.pdf

 

[1] Horizonte común: una democracia radical, feminista y popular, Partido Comunes, https://www.partidocomunes.cl/comunes

[2] Programa del Partido Comunista de Chile, Partido Comunista de Chile, http://www.pcchile.cl/documentos/Programa.pdf

[3] Raymond, Williams, La larga revolución (Buenos Aires: Nueva Visión, 2003), 129.

[4] Institución, Colegio de Profesores, http://www.colegiodeprofesores.cl/institucion/

[5] Alto al Simce, http://www.altoalsimce.cl/que-proponemos/ En su página web institucional tienen una sección denominada “Qué proponemos” y dos links, uno abreviado y otro extenso, a sus propuestas en evaluación/educación. Al pincharlos llevan a página tipo que ofrecen venta de bolsas y empaque, entre otras.