La crisis como partera… ¿Nuevo capitalismo o nuevo sistema social?

Un proyecto político anti/post neoliberal no tiene un horizonte preciso. Caben en él distintas perspectivas, desde lo que se conoce como la tradición liberal-igualitarista hasta algunas versiones actuales de la socialdemocracia. La característica principal de estas iniciativas es que ponen en el centro de la disputa política la distribución de la riqueza, sin centrarse necesariamente en cómo esta ha sido producida.  Frente a esto, nos parece necesario formular un proyecto político de carácter revolucionario. Se trata de una iniciativa política muy precisa y concreta: aquella que tiene como objetivo la transformación de las estructuras y dinámicas que se encuentran a la base del sistema imperante. En concreto, se trata de superar el modo en el cual se produce y reproduce la división social del trabajo, lo que implica transformar de manera sustantiva las relaciones sociales que la hacen posible.

por Daniel Diaz y Gonzalo Silva

Imagen / Cartel de la revuelta de octubre 2019 en Chile. Fuente: Flickr.

Crisis general del capitalismo y crisis económico-social en Chile

El contexto de pandemia ha generado una situación de tensión que podría redundar a corto plazo en una crisis económica global de proporciones inéditas en los últimos 80 años. Algunos datos: Al 10 de abril, en apenas 4 semanas, más de 20 millones de personas han solicitado seguro de cesantía en EE.UU., lo que corresponde a todos los trabajos netos generados desde el 2009 (Dmitreva, 2020)[1]. Niveles de desempleo de esta magnitud no existían desde la Segunda Guerra Mundial en la economía estadounidense.  La situación en Europa no es muy distinta. El Banco Central Francés estima que la economía en ese país tuvo la caída más grande en el primer cuatrimestre desde 1945. Más de medio millón de empresas en Alemania solicitaron reducción de jornadas laborales. Noruega cuadruplicó su tasa de desempleo en apenas un mes (Financial Times, 2020)[2]. Al mismo tiempo, según proyecciones del FMI, esta podría ser la crisis económica más grande a nivel mundial desde la Gran Depresión de 1929 (Gopinath, 2020)[3].

En un mercado globalizado con cadenas de producción y de consumo altamente dependientes, las consecuencias de lo anterior serán devastadoras para el resto del mundo. En nuestra opinión, en Chile la crisis económica en curso se va a componer, a nivel social, con el conflicto abierto el 18 de octubre. Este proceso de acumulación de malestar social se expresará en un aumento de los procesos de protesta y organización popular cuyo alcance no pueden ser proyectados con precisión.

La diferencia entre un proyecto dentro y fuera del capitalismo

Un proyecto político anti/post neoliberal no tiene un horizonte preciso. Caben en él distintas perspectivas, desde lo que se conoce como la tradición liberal-igualitarista hasta algunas versiones actuales de la socialdemocracia. La característica principal de estas iniciativas es que ponen en el centro de la disputa política la distribución de la riqueza, sin centrarse necesariamente en cómo esta ha sido producida.  Frente a esto, nos parece necesario formular un proyecto político de carácter revolucionario. Se trata de una iniciativa política muy precisa y concreta: aquella que tiene como objetivo la transformación de las estructuras y dinámicas que se encuentran a la base del sistema imperante. En concreto, se trata de superar el modo en el cual se produce y reproduce la división social del trabajo, lo que implica transformar de manera sustantiva las relaciones sociales que la hacen posible. Nos parece evidente que nunca se podrán determinar las “condiciones objetivas necesarias” para empujar un proyecto político de carácter revolucionario. Lo que ha ocurrido históricamente es que, frente a un determinado estado de la lucha social, las fuerzas políticas en su autodeterminación han decidido impulsar estas iniciativas históricas. En nuestra opinión, será precisamente esto y no menos lo que demandarán en el futuro cercano las fuerzas sociales de las que hemos decidido ser expresión política.

Una respuesta más allá del capitalismo

Proponemos que nuestro proyecto político debe superar la lógica de la distribución como único o principal ámbito de disputa y entrar directa y decididamente al problema de la propiedad y el control de los medios y relaciones de producción. En concreto, nos parece que en este contexto de crisis es necesario avanzar al control social de aquellos ámbitos de la producción que sean necesarios para la vida (por ejemplo, alimentos, salud, pensiones, comunicaciones, vivienda) y al mismo tiempo aquellos que por su naturaleza sean considerados estratégicos para el funcionamiento social (por ejemplo, bienes comunes naturales como el cobre y el agua, o las universidades).

¿Qué se puede entender hoy por “control social”?

En la formulación clásica se entendió principalmente como “propiedad estatal” a raíz de la fuerte influencia del proyecto soviético. Sin embargo, ya los socialistas yugoslavos cuestionaron esta fórmula (Tito, 1950)[4], avanzando hacia una crítica a la burocracia soviética y a la necesidad que el control del aparato productivo sea de la sociedad misma a través de sus trabajadores, trabajadoras y comunidades. En ese espíritu, rechazamos la idea que el “control social” sea la mera propiedad estatal, sino que debe ser entendida como el control de la producción por la sociedad como un todo y como cada una de sus partes. En consecuencia, creemos que el control social significa democratizar la gestión productiva mediante participación del Estado, pero también de sus trabajadores y trabajadoras. Por ello, consideramos que este proceso de crisis puede ser una ventana de oportunidad para impulsar la idea de “control social” en estos términos. Así, consideramos que un programa postcapitalista necesita hacer carne la pregunta sobre el control productivo para plantar hoy la semilla desde la que germinará la sociedad del mañana.

Socialización de la gran minería privada del cobre y su función

En un estudio realizado por académicos de la Universidad de Chile (Sturla, Accorsi, López y Figueroa, 2016)[5] se estima conservadoramente que las rentas (es decir, las ganancias que se obtienen una vez se descuentan los costos de producción y los costos de oportunidad del uso de capital) en la Gran Minería privada de cobre correspondiente a los 10 yacimientos más grandes (GMP-10) son alrededor de 22.000 millones de dólares anuales. Este monto -correspondiente a un 7% del PIB chileno- alcanzaría a cubrir por ejemplo una renta básica a cada persona adulta en Chile hoy de $300.000 mensual durante 4 meses. Además, esto equivale a casi un tercio de todo el presupuesto del gobierno central para el año 2020. Si bien este estudio fue realizado con datos correspondientes a un período histórico en que los precios internacionales de cobre estaban a niveles particularmente altos, incluso en tiempos de precios “normales” la riqueza extraída gratuitamente por la gran minería privada en Chile alcanza magnitudes casi estratosféricas.

Si se decidiera detener este saqueo, una fórmula sería recuperar esas rentas mediante la aplicación de algún tipo de impuesto. Una opción de esas características no deja de pensar el problema de la producción como uno meramente distribucional. Frente a aquello, creemos que es necesario recuperar directamente la propiedad de las empresas mineras de la Gran Minería privada y que sean operadas mediante una gestión dual Estado-Trabajadoras(es) a través sus directorios y con administración tripartita en consejos de administración local, integrando a las comunidades cercanas a las zonas mineras, considerando en este acto una perspectiva de género que se haga cargo de problematizar la división sexual del trabajo y que garantice condiciones materiales para colectivizar las labores domésticas y de cuidados. Al mismo tiempo es necesario incluir como criterio de operación fundamental una relación consciente y equilibrada con los ecosistemas que tengan a la vista los derechos de las generaciones futuras y que no comprometan la viabilidad del planeta. Para poder llevar a cabo una propuesta así, es posible acordar en primera instancia con el empresariado una compensación temporal equivalente al 10% de retorno anual de su inversión, qué es lo que se podría entender como una compensación “normal” o “razonable” a la inversión empresarial. No obstante, la diferencia sustantiva entre esta forma y un impuesto es que permite que sean los trabajadores(as) y la sociedad conjunta quienes decidan la manera en que se produce y, con ello, definir cómo quieren organizar su vida material.

[1] Katia Dmitreva, “U.S. Jobless Claims Top 5.2 Million, Erasing Decade of Job Gains”, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/u-s-jobless-claims-total-5-25-million-in-week-four-of-lockdown

[2] Financial Times, “Job losses in Europe and US hit financial crisis level”, Financial Times, https://www.ft.com/content/6eab2018-ac41-4849-84e3-7109d968eef8

[3] Gita Gopinath, “The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression”, IMFBlog, https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/

[4] Josip Broz “Tito”, “Los trabajadores gestionan las fábricas en Yugoslavia”, Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/tito/1950/06/26.htm

[5] Gino Sturla y colegas, “La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile: nuevas estimaciones, 2005-2014”, Revista CEPAL Nº124 (2018).

Daniel Diaz y Gonzalo Silva son militantes del comunal Ñuñoa de Convergencia Social. Hoy en día están participando en talleres de estudio de introducción al pensamiento de Hegel y sobre El Capital de Marx.