[…] Rechazo la idea del carácter inorgánico de la revuelta por la misma razón que rechazaría una caracterización diametralmente contraria; es decir, que la revuelta fue urdida o resultado de alguna voluntad partidista o sindical. Pues su magnitud, alcances y limitantes radican precisamente en la reunión de una serie compleja de actores y factores con experiencias comunes, pero también diferentes e incluso confrontadas, cuyos roles y protagonismos exhiben diferentes combinaciones durante su desarrollo. Lo que, dada su prolongación, generó también distintas correlaciones de fuerza que operaron sobre la marcha y a las que, como historiadores e historiadoras, deberíamos prestar una cuidadosa atención. En mi opinión, por tanto, asumir la revuelta como una cuestión inorgánica es renunciar a toda esta complejidad y optar por un binarismo excluyente que contribuye poco a la comprensión de su verdadero y denso metabolismo y sus resultados.
por Camilo Santibáñez Rebolledo
Imagen / Fuente: Flickr.
Hace algunos días, Revista ROSA publicó una columna sobre “las presas y presos políticos de la revuelta”, escrita por mi amigo, compañero y colega historiador Nicolás Acevedo.[1] El texto no sólo es relevante en sí mismo, por el problema que aborda, sino que propone un razonamiento metodológico útil de discutir a efectos de los futuros estudios historiográficos sobre la protesta en Chile; los que, cabe suponer, se incrementarán como tema de investigación. Considerando, por ende, lo inspirador que puede resultar el tema tanto como el texto mismo, los párrafos siguientes desarrollan una reflexión metodológica al respecto, haciendo hincapié en los riesgos analíticos de la representatividad de los presos como indicador para caracterizar la revuelta iniciada en octubre.
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George Rudé (1910-1993), conocido precursor de la “historia desde abajo”, fue alguna vez tildado como “el más brillante estudioso contemporáneo de la protesta popular en Europa” gracias a sus minuciosos estudios sobre los motines de subsistencia, las revueltas urbanas y los conflictos laborales.[2] Su revisionismo respecto de los trabajos precedentes lo condujeron a estudiar “los rostros de la multitud” con el propósito de entender los disturbios populares a partir de su composición. Es decir, conocer quiénes eran sus miembros para comprender qué motivos les guiaban; o, para decirlo en sus propias palabras: “meterse en la piel de los participantes (…) para descubrir sus motivos e impulsos”.[3] Para esto indagó en archivos policiales, judiciales y de las prisiones: fuentes a las que otros investigadores no habían prestado atención y que lo habilitaron a afirmar que dichos disturbios no eran protagonizados por turbas irracionales de delincuentes provenientes de los barrios bajos -como solía afirmarse-, sino por personas de buena reputación que creían que la justicia estaba de su parte y cuyas acciones, además, lejos de ser explosiones espontáneas, seguían pautas regulares, se ajustaban a códigos de conducta establecidos y estaban dirigidas, incluidas las violentas, contra objetivos específicos.[4]
Sin embargo, al igual que ocurre con otros historiadores e historiadoras cuyas reediciones recientes forman parte de las obras “clásicas” en nuestros libreros, la frontera idiomática nos hace conocer bastante menos las críticas suscitadas por sus trabajos.[5] En el caso de Rudé, la crítica que me importa referir aquí es la concerniente a la ligereza con que atribuyó representatividad a las y los detenidos respecto de los participantes de las revueltas. Los comentarios de Richard Cobb a este respecto –por mencionar al más de reputado de sus críticos- pueden leerse en su reseña a La multitud en la historia, donde llegó a hablar de “rudeificación” para referirse a las falencias de sacar conclusiones a partir del “conteo de cabezas”[6] y también en The Police and the People, la compilación de escritos que resume su propia forma de lidiar con el asunto.[7] Dichas críticas provocaron que, en adelante, Rudé advirtiera que aquellos archivos “se refieren sólo a una minoría de los que intervenían en disturbios y manifestaciones: a los detenidos, a los que quedaban presos, a los muertos y a los heridos”; aunque siguiera considerándolos útiles para arribar a conclusiones generales.[8]
Introduzco el asunto de este modo porque, en su texto, Nicolás Acevedo procede precisamente mediante el “¿quiénes eran?” las y los detenidos durante las jornadas de protesta para argumentar su impresión general sobre la revuelta iniciada en octubre pasado. Por ello, al constatar que “actualmente no existen dirigentes políticos ni sindicales detenidos, sino sólo jóvenes populares (…) que, en su mayoría, no tienen militancia en partidos institucionales”, concluye -como hipótesis- que “esto sería reflejo de las propias características de la revuelta, un movimiento inorgánico, con expresiones diversas y un fuerte arraigo en los territorios”.[9]
De estas características, es la que refiere el carácter “inorgánico” de la revuelta, entendida como lo contrario a las organizaciones políticas y sindicales, la que considero merece una atención más cuidadosa.
Si entiendo bien el razonamiento metodológico del texto, lo que se está diciendo es que la prisión de los participantes de las protestas conforma un indicador del carácter de la revuelta porque devela quienes la componían. Los resultados provisorios de este indicador, por tanto, permiten oponer el carácter de estos “presos políticos” a los del siglo XX, “donde la fuerza principal de detenidos eran trabajadores y trabajadoras organizadas, sobre todo con militancia política”.[10]
A mi entender, dicho razonamiento presenta dos problemas generales. El primero es que las comparaciones entre “presos políticos” no se hacen, en el texto, con los presos de otras revueltas, sino con dictaduras -la de Ibáñez primero y la de Pinochet luego- cuya operación represiva estaba dirigida, por definición, contra la disidencia política.[11] Por tanto, se están comparando unidades de análisis que no guardan relación comparativa. Si se pretende caracterizar una revuelta a partir de sus presos, para decirlo de otro modo, esta tendría que compararse con otra revuelta y no con los presos de una dictadura.
El punto es relevante porque, si nos remitimos a ello, notaremos que la metodología de “contar cabezas” ha sido empleada antes para el estudio de las revueltas en el siglo XX y sus conclusiones pueden ser muy distintas a las de una dictadura. En su conocido libro sobre la revuelta de 1957, por ejemplo, Pedro Milos propone de entrada “hacer justicia con las identidades de los actores que protagonizaron los sucesos” a partir de la creación de un “perfil sociológico” basado en más de un millar de fichas con los nombres “de quienes resultaron detenidos, heridos o muertos”, e identificando “sus edades, (…) dónde vivían, cómo se ganaban la vida”.[12] A partir de lo cual concluye que “no hubo una presencia importante de militantes políticos”, y que la presencia de dirigentes sociales “no [fue] del todo significativa”.[13] Lo que significa que los presos de la revuelta de 1957 evidencian una continuidad y no un contrapunto con los presos de la revuelta del 2019, contradiciendo, de este modo, las conclusiones de Nicolás Acevedo.
Pero es el segundo problema el que considero más importante, porque creo que en él radica el principal riesgo metodológico de la columna. Se trata, en lo básico, de la misma crítica planteada a Rudé sobre la ligereza de atribuir representatividad a las y los detenidos respecto de quienes efectivamente participaron en las revueltas; aunque, en este caso, dicha representatividad opera directamente como respaldo del argumento de la escasa presencia de militantes de partidos en las protestas en cuestión.
Quizá sea útil partir señalando que este mecanismo también está en el libro antes citado de Pedro Milos (por esto es útil, insisto, comparar revueltas con revueltas). Ambos estiman a la baja aquello que aluden como “presencia” o “protagonismo” de las y los militantes de organizaciones políticas a partir del número que aportan a los récords carcelarios. En lo referido a la revuelta de 1957, sin embargo, el historiador Luis Thielemann ha apuntado recientemente que “si bien las cúpulas de los partidos de izquierda se vieron sorprendidas (…) y a pesar de su pública -y entendible- negación de alguna relación con la violencia, la militancia fue parte de ella y de la radicalización [incluso previa] de la lucha contra las alzas”; “Especialmente aquellos cuadros directamente vinculados a organizaciones de masas (…) los cuales estuvieron en primera línea de muchos enfrentamientos callejeros”. Conclusión a la que arribó, por supuesto, empleando documentación no solo de los detenidos, sino también de los partidos implicados.[14]
Esta cuestión, dice Thielemann, “permite observar un escenario más complejo que el mero espontaneísmo popular aducido a las masas”, e incluso torna “imposible separar en la historia de la radicalización del movimiento popular ocurrida en los largos sesenta a las franjas organizadas de las clases populares y a los militantes de los partidos de izquierda que eran parte de esas franjas”.[15] Apreciaciones en las que, en mi caso, coincido no solo para lo acontecido en 1957, sino también en lo que refiere a la revuelta iniciada en octubre pasado.
Seré tajante en este punto: rechazo la idea del carácter inorgánico de la revuelta por la misma razón que rechazaría una caracterización diametralmente contraria; es decir, que la revuelta fue urdida o resultado de alguna voluntad partidista o sindical. Pues su magnitud, alcances y limitantes radican precisamente en la reunión de una serie compleja de actores y factores con experiencias comunes, pero también diferentes e incluso confrontadas, cuyos roles y protagonismos exhiben diferentes combinaciones durante su desarrollo. Lo que, dada su prolongación, generó también distintas correlaciones de fuerza que operaron sobre la marcha y a las que, como historiadores e historiadoras, deberíamos prestar una cuidadosa atención. En mi opinión, por tanto, asumir la revuelta como una cuestión inorgánica es renunciar a toda esta complejidad y optar por un binarismo excluyente que contribuye poco a la comprensión de su verdadero y denso metabolismo y sus resultados.[16]
No obstante, el indicador de los presos y presas sigue ahí. Por tanto, retorno a continuación al problema de la representatividad del indicador y su aparente falta de correspondencia con el carácter complejo de la revuelta.
Una cuestión básica a este respecto es distinguir entre detenidos y presos. Esto por una razón muy sencilla: los partidos han probado ser bastante eficientes en evitar que sus militantes pasen de la primera condición a la segunda. Un buen ejemplo de esto -dado que se trata de un “partido institucional”, como los denomina la columna- es el Partido Comunista. Cuando detuvieron a la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios junto a sus encargados políticos, en pleno toque de queda y a golpes, los abogados del partido acudieron inmediatamente a la comisaría junto con dirigentes sociales y parte de su bancada parlamentaria, logrando la libertad de los detenidos en cuestión de horas. Esta detención ocurrió el 22 de octubre y, para despejar lo de la participación en la revuelta, es útil acotar que la dirigente ya había recibido el impacto directo de una bomba lacrimógena en el cuerpo y un perdigón en la cabeza.[17] Un segundo ejemplo conocido es el de la toma del DEMRE a mediados de enero pasado, en la que una decena y media de estudiantes comunistas terminaron detenidos y con el gobierno querellándose por Ley de Seguridad Interior del Estado. Nuevamente, esta cuestión fue desestimada tras la actuación del equipo de abogados del partido.[18] Ambos casos, huelga señalar, son públicamente conocidos, pero están lejos de ser los únicos. Como no voy a profundizar en ello me limito a señalar que una panorámica más completa tendría que considerar los casos de militantes cuyas prisiones preventivas se han transmutado en libertad gracias a los mismos abogados.[19]
En suma, la militancia no es una cuestión menor para que los detenidos no terminen engrosando los listados de presos. Y, por ende, la diferencia entre detenidos y presos no es una cuestión desdeñable a efectos de considerar su presencia en la captura policial.
¿Puede plantearse algo semejante en lo referido al ámbito sindical? Es cierto que el reciente 1 de mayo terminó con una cantidad importante de dirigentes y dirigentas de sindicatos nacionales detenidos (de la minería del cobre, del metro, de la salud, de la ANEF, del comercio), incluyendo parte de la directiva de la CUT, y un número igualmente importante de dirigentas duramente golpeadas arriba de los vehículos policiales; la mayor parte de los cuales eran, además, militantes.[20] Pero también es cierto que esta fue una fecha paradigmática y en condiciones excepcionales. Lo que obliga a atender el punto con un poco más de atención.
Por una parte, es importante asumir que los dirigentes y dirigentas sindicales han sido detenidas desde el inicio mismo de la revuelta. El cuadro de las dirigentas socialistas de la ANEF detenidas por enfrentarse al accionar policial apenas iniciadas las protestas en Punta Arenas es lo suficientemente herético como para emplearlo de ejemplo.[21] También el caso del dirigente sindical de CODELCO que fue imputado el mismo día en Rancagua por incendio y porte de elementos incendiarios en pleno toque de queda junto a un excandidato de Revolución Democrática.[22] Pero más allá de estos casos, lo que no puede pasarse por alto es el hecho comprobado de seguimiento policial que operó sobre las dirigentas y dirigentes sindicales de forma previa y -todo hace suponer- durante la revuelta. No deberíamos olvidar, a este respecto, la filtración de las fichas rotuladas como “blanco de interés” por la Inteligencia de Carabineros, la mitad de las cuales correspondían a dirigentes sindicales, incluyendo a la presidenta de la CUT, al presidente del Colegio de Profesores, a los dirigentes de la CONFUSAM y al vocero de la Coordinadora NO+AFP.[23] Todos partícipes posteriormente del Bloque Sindical de Unidad Social junto a otras organizaciones de trabajadores que, una vez decretado el Estado de Emergencia, no solo estuvieron en las calles y convocando a paros nacionales, sino que amenazaron directamente al gobierno con paralizar la economía, dándole pruebas concretas, y desde un comienzo, de que hablaban en serio. La Unión Portuaria -por referir el caso icónico- detuvo los terminales marítimos del país desde el inicio de la semana del 21 y al tercer día amenazó con volver el paro indefinido si no se reestablecía el Estado de Derecho.[24] Fue el mismo Bloque, además, el que llamó a la huelga general del 12 de noviembre, cuya efectividad sólo se explica por el respaldo que halló en la movilización callejera, y que abrió, críticas aparte, el actual proceso constitucional.[25]
Por ende, parece difícil deducir que las dirigentas y los dirigentes sindicales no han tenido un rol relevante en la revuelta a partir del hecho de que no estén presos. Tampoco, por cierto, que estén libres de la persecución policial; si no, como sugiere su categoría de “blancos de interés”, todo lo contrario. Lo que remite y obliga a una comprensión más compleja de la ecuación represiva que el mero encarcelamiento.[26]
Dicho todo lo anterior, la segunda razón por la que pienso que incluso en el caso de las y los detenidos deberíamos ser sumamente cautos, se basa en una cuestión que los listados de presos tampoco pueden decirnos, pero que las historiadoras e historiadores de izquierda sabemos bien. Esto es: que quienes llevan años confrontándose con la policía -entre quienes abundan las y los militantes- tienen una experiencia que opera, mediante el comportamiento, en favor de evadir las detenciones. La alerta permanente frente a las estrategias de captura, como las encerronas, basadas en la dinámica de avance y repliegue de los piquetes y los vehículos policiales, e incluso la diferenciación del tipo de gases empleados a partir de la percepción su ardor, hace una diferencia importante en quienes resultan detenidos y quienes no. De hecho, hasta existe un término para referir la falta de cuidado que termina facilitando la labor policial en este ámbito: “regalarse”.
Algo semejante puede decirse de los registros de heridos. Alguien asidua o asiduo a la confrontación con la policía sabe, por ejemplo, que si llega con una lesión a urgencias un 29 de marzo puede terminar detenido y con cargos. Y eso también opera como experiencia. En sus propios relatos, de hecho, ninguno de los dirigentes sindicales jóvenes que resultaron heridos con perdigones tuvo la ocurrencia de asistir a la posta, sino la urgencia de salir del radio de captura policial; y sobre todo los malheridos.
Se trata, por ende, de una experiencia militante que, en una revuelta, juega a favor de evadir la prisión y que, tal como ocurre en el caso de los dirigentes sindicales, difícilmente podríamos sopesar cuantitativamente. Lo que, en términos más amplios, también socava las atribuciones a la ligera sobre la representatividad de los presos en el sentido que estoy criticando.
No pretendo insinuar, por cierto, que esta es una atribución propia de la militancia de izquierda, que la hace funcionar como batallones en medio de las protestas o algo semejante. Menos que dicha experiencia sea una característica intrínseca de la actual izquierda institucional, tal como nos recuerda la ansiedad represiva del alcalde de Valparaíso en medio de la revuelta, o la votación parlamentaria de la ley antisaqueos.[27] Pero ello no debería decantar en la anulación de esas complejidades, sino en su reconocimiento. Del mismo modo que los chalecos amarillos componen, en estricto rigor, aquello que catalogamos como sectores populares organizados, las organizaciones políticas cargan con sus propios fantasmas. Y los hechos no esperan que estas cuestiones se resuelvan para precipitarse.
Por tanto, y si compartimos el ímpetu de los historiadores pioneros en el uso de la información carcelaria para el estudio de las protestas, todo lo anterior nos debería empujar a buscar mejores fuentes -o leer las mismas a contrapelo- para responder a las zonas documentalmente grises de aquello que nos importa entender. Y no reducir la complejidad de los acontecimientos a las fuentes con las que contamos.
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Aunque metodológicas, estas notas esperan contribuir no sólo a la discusión historiográfica, sino al entendimiento en general de la protesta popular iniciada hace medio año. Esto incluye una serie de deudas analíticas al respecto, algunas de las cuales, como las concernientes al funcionamiento represivo, intenté apuntar en los párrafos previos. Sin embargo, para poder confrontar estas y otras deudas, es importante no oscurecer el rol de las y los militantes y dirigentes en el proceso, sino todo lo contrario: importa comprender su combinación y su potenciamiento con el masivo resto de los protagonistas de la revuelta. Pues, a fin de cuentas, si somos incapaces de retomar la ofensiva y fracasamos en la consecución de los objetivos que la protesta puso de manifiesto, incluso la cárcel de las compañeras y los compañeros actualmente presos habrá sido otro costoso tributo que la rebeldía le rinde al mecanismo transicional.
[1] Nicolás Acevedo, “Cien años de presos políticos en Chile: Desde los subversivos de 1920 a la actual revuelta”, Rosa 2, Santiago, otoño 2020, pp. 126-141. En: https://www.revistarosa.cl/2020/05/11/rosa-02-cien-anos-de-presos-politicos-en-chile-desde-los-subversivos-de-1920-a-la-actual-revuelta El mismo autor reiteró los argumentos centrales de su texto en el programa Banderas Rojas, Banderas Negras, Capítulo VI “Prisión política, revuelta popular y proyecto de lucha, un debate urgente”, emitido el 6 de mayo de 2020. En: https://www.facebook.com/1111375388940731/videos/2578931985652732
[2] Julián Casanova, La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa?, Crítica, Barcelona, 2003, p. 128. Sobre el legado de George Rudé ver, además del libro previo: Frederick Krantz (ed.), History from Below: Studies in Popular Protest and Popular Ideology in Honour of George Rudé, Concordia University, Montreal, 1985 y también Harvey Kaye, “George Rudé, historiador social”, en George Rudé, El rostro de la multitud. Estudios sobre revolución, ideología y protesta popular, Instituto de Historia Social, Valencia, 2000, pp. 15-77.
[3] Algunos comentarios de Rudé al respecto en Protesta popular y revolución en el siglo XVIII, Ariel, Barcelona, 1978[1970], pp. 9-10; el entrecomillado corresponde a la p. 11. El golpe también se acusa en el quinto capítulo del mismo libro, “La composición social de los insurgentes de París, 1789-1791”, pp. 87-115, sobre todo en las dos primeras páginas.
[4] Estoy resumiendo los apuntes de Miguel Ángel Cabrera en el Prólogo a George Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848, Siglo XXI, Madrid, 2009[1964], pp. XI-XXII.
[5] Dos excepciones conocidas son la ampliación que E. J. Hobsbawm incluyó en la edición de 2001[1999] de Bandidos (Crítica, Barcelona), donde se hace cargo de una cantidad importante de las críticas al texto publicado originalmente en 1971 y luego en 1981; e igualmente el artículo “La economía moral revisitada” (1991) de E. P. Thompson, todavía más voluminoso que el original publicado dos décadas antes en 1971 (ambos en Costumbres en común. Estudios sobre la cultura popular, Capitán Swing, Madrid, 2019[1992], pp. 273-359 y 361-468 respectivamente). Sobre las críticas a Georges Rudé ver el listado bibliográfico acotado, pero sumamente útil, en George Rudé, La multitud en la historia, op. cit., pp. XXIII-XXIV.
[6] Richard Cobb, “Overcrowding”, The Times Literary Supplement 3331, 30 de diciembre de 1965.
[7] Richard Cobb, The Police and the People. French Popular Protest 1789-1820, Oxford University Press, Oxford, 1972[1970]. Es sorprendente lo poco que sabemos en nuestro medio nacional sobre el amplio e influyente trabajo de Cobb. Sobre su importancia para el mismo Rudé ver: George Rudé, “El rostro cambiante de la multitud”, en L. P. Curtis Jr., El taller del historiador, FCE, México, 1986[1970], pp. 210-211 y 218-219.
[8] George Rudé, “La composición social”, op. cit., p. 88.
[9] Nicolás Acevedo, “Cien años”, op. cit., p. 137.
[10] Ibidem.
[11] Ver, a este respecto, el libro de la historiadora Verónica Valdivia, Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938), Lom Ediciones, Santiago, 2017. En especial porque su arco temporal se inicia en el mismo punto que el texto de Nicolás Acevedo.
[12] Pedro Milos, 2 de abril de 1957. Historia y memoria, Lom Ediciones, Santiago, 2007, pp. 5-6 y 24. Todo el Capítulo 6 de la Segunda Parte del libro está destinado a este objeto.
[13] Pedro Milos, 2 de abril, op. cit., p. 374.
[14] Luis Thielemann, La construcción de “la vía de los hechos”. La radicalización práctica del movimiento popular en los largos sesenta. Chile, 1957-1970, Tesis para optar al grado de Doctor en Historia de Chile, Universidad de Chile, 2017.
[15] Ibidem.
[16] Algo sobre esto mencioné bajo la poco sofisticada distinción analítica de clase trabajadora organizada y no organizada laboralmente. Ver: Camilo Santibáñez, “¿De la revuelta a un nuevo pacto transicional? Clase, sindicatos y política”, Rosa 2, Santiago, otoño 2020, pp. 54-71. Por otra parte, las alertas contra la práctica común de “trazar una línea divisoria” se remonta a los trabajos pioneros. El propio Rudé era enfático en señalar que “esta distinción entre militantes y ‘pasivos’ no [debía] ser llevada demasiado lejos”. George Rudé, La multitud en la historia, op. cit., p. 250.
[17] “JJCC: Estamos siendo testigos de métodos de amedrentamiento y persecución”, El Siglo, 23 de octubre de 2019. En: https://www.elsiglo.cl/2019/10/24/jjcc-estamos-siendo-testigos-de-metodos-de-amedrentamiento-y-persecucion/ ; Ver también: “INDH expuso denuncia de tortura en Estación Baquedano del Metro”, Cooperativa, 23 de octubre de 2019. En: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/indh-expuso-denuncia-de-tortura-en-estacion-baquedano-del-metro/2019-10-23/104816.html
[18] “Partido Comunista exige el retiro de querellas contra 15 estudiantes por toma del DEMRE el pasado 12 de enero”, El Mostrador, 15 de enero de 2020. En: https://www.elmostrador.cl/dia/2020/01/15/partido-comunista-exige-el-retiro-de-querellas-contra-15-estudiantes-por-toma-del-demre-el-pasado-12-de-enero/; “Gobierno desiste de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado en toma del DEMRE protagonizada por la CONES”, Biobío, 5 de marzo de 2020. En: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/05/gobierno-desiste-de-invocar-la-ley-de-seguridad-del-estado-por-toma-del-demre.shtml
[19] Agradezco estas referencias a la historiadora Raquel Aránguez.
[20] “Al menos 15 dirigentes sindicales detenidos en actos por el Día del Trabajador”, El Desconcierto, 1 de mayo de 2020. En: https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/01/al-menos-15-dirigentes-sindicales-detenidos-en-actos-por-el-dia-del-trabajador/; “Día del Trabajador: Carabineros reporta 57 detenidos en manifestaciones y uno de ellos estaría contagiado con Covid-19”, La Tercera, 1 de mayo de 2020. En: https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-registran-incidentes-en-santiago-y-valparaiso-durante-conmemoracion-del-dia-del-trabajador
[21] “Dirigentas de la ANEF y PS de Punta Arenas fueron detenidas tras intentar frenar carro lanzaaguas”, Radio Agricultura, 27 de octubre de 2019. En: https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/10/27/dirigentas-de-la-anef-y-ps-de-punta-arenas-fueron-detenidas-tras-intentar-frenar-carro-lanzaaguas-video.html
[22] “Tribunal revoca prisión preventiva y decreta arresto domiciliario total para ex candidato del FA”, Cooperativa, 10 de diciembre de 2019. En: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/tribunal-revoca-prision-preventiva-y-decreta-arresto-domiciliario-total/2019-12-10/104932.html
[23] “PacoLeaks; Carabineros creó fichas de líderes sociales para mantenerlos vigilados”, Interferencia, 3 de noviembre de 2019. En: https://interferencia.cl/articulos/pacoleaks-carabineros-creo-fichas-de-lideres-sociales-para-mantenerlos-vigilados
[24] “Escondida y puertos detienen faenas y sindicatos se suman a paro de la CUT”, La Tercera, 22 de octubre de 2019. En: https://www.latercera.com/pulso/noticia/trabajadores-detienen-operacion-escondida-sindicatos-codelco-se-suman-paro-nacional/873401/; “CUT llama a huelga general en todo el país para este miércoles en medio de crisis social”, El Mostrador, 30 de octubre de 2019. En: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/30/cut-llama-a-huelga-general-en-todo-el-pais-para-este-miercoles-en-medio-de-crisis-social/
[25] CIPSTRA, “La huelga general del 12N, balance y desafíos futuros”. En: https://www.revistarosa.cl/2019/11/21/la-huelga-general-del-12-n-balance-y-desafios-futuros/; y Camilo Santibáñez, “¿De la revuelta”, op. cit.
[26] Hay toda una serie de elementos a los que hemos prestado escasa atención. Menciono el siguiente como ejemplo, más allá del caso, por los indicios que entrega. El grupo de abogados que el gobierno fichó tras la huelga general del 12 de noviembre para perseguir penalmente a los responsables de las manifestaciones, inició su accionar con una querella que, según sus propias palabras: “tiene que ver con un video que circula en redes sociales de un dirigente, no sé si será estudiantil o sindical, que hace derechamente un llamado a derrocar el gobierno, lo cual ya va bastante más allá de las peticiones que había y, en todo caso, eso configura un delito de Ley de Seguridad del Estado”. “En democracia no es el que grita más fuerte, o el más violento, el que impone las reglas”, El Mercurio, 17 de noviembre de 2019, Cuerpo C, p. 8.
[27] Respectivamente: “‘Valparaíso fue abandonado por el Gobierno’: Alcalde Sharp insiste con que se apruebe ley antisaqueos en el Congreso”, El Mostrador, 3 de diciembre de 2019. En: https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/03/valparaiso-fue-abandonado-por-el-gobierno-alcalde-sharp-insiste-con-que-se-apruebe-ley-antisaqueos-en-el-congreso/; “El ‘harakiri’ del Frente Amplio por votación de Ley Antisaqueos”, La Tercera, 5 de diciembre de 2019. En: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-harakiri-del-frente-amplio-por-votacion-de-ley-antisaqueos/927417/
Camilo Santibáñez R.
Historiador y docente del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
