Estrategias analíticas de la Transición a la Democracia: la clave del pasado como perspectiva de futuro

El presente texto busca entonces dar cuenta de los discursos político-intelectuales que emergieron desde 1973, particularizando en aquellos cuyo acento estuvo dado en lo que llamaremos un pensamiento de Transición. Intelectuales vinculados a la izquierda o militantes de espacios políticos asociados a los Centros Académicos Independientes, concentraron parte de la elaboración política de la época, de forma externa y paralela a la militancia en los partidos. El debate intelectual se configuró así como un aspecto sustantivo para el diseño político teórico de la Transición, a lo menos una década antes del plebiscito de 1988, pensamiento que por cierto se batió en disputa con las distintas corrientes estratégicas que buscaban dar respuesta al escenario impuesto por la dictadura, como también las posibles salidas políticas a tal entuerto.

por Luna Follegati Montenegro

Imagen / Carolina Olmedo C., para el #1 impreso de revista ROSA.

Apertura

Al igual que variados problemas políticos, períodos y acontecimientos sociales, la Transición a la Democracia en Chile reviste una singular impronta. Esto, debido a un tripe eje que dificulta su análisis y comprensión, por una parte, corresponde a un concepto ambiguo y polisémico referido a los procesos de tránsito entre un régimen autoritario y uno democrático, donde se deben preservar ciertos aspectos políticos, sociales y materiales en pos de salvaguardar un orden determinado1. Por otra, comúnmente se denomina como Transición a la Democracia en Chile a un período de tiempo posterior al plebiscito de 1988, cuyo término es relativo según el enfoque, lectura o análisis con el cual se analice el proceso. Esto último señala una dificultad particular del caso chileno, a saber, que la Transición apela a un doble registro de carácter simultáneo y complejo: establece una etapa o estadio de tiempo en tanto concepto temporal con una meta determinada (se transita, no se accede de inmediato), pero a la vez político, al comprender en su definición un objetivo e ideal de consecución política (la democracia). Siguiendo este último punto, la Transición señala un tercer eje, el cual contiene en su interior una concepción específica sobre la forma de gobernar (¿que tipo de democracia es la de la Transición? ¿apela a algún modelo en específico?), y una operacionalidad (¿cuál es el efecto en términos de posicionamiento y orden político que impregna el concepto?, ¿contiene algún sustrato normativo específico?).

Habiendo una multiplicidad de aristas que se pueden abordar sobre la complejidad del “problema Transición”, en la presente ocasión nos ceñiremos al comentario de un solo aspecto en cuanto al posicionamiento estratégico de la Transición en tanto discurso del orden y su posibilidad de viabilidad política, aspecto que se legitimó a lo largo de los 80’. Bajo esta temática rebatiremos el contenido meramente “procedimental” de la Transición, enfatizando más bien en el “efecto de la Transición”: el inicio del debate sobre las formas y contenidos de la Transición revistió una discusión político-estratégica coincidente cuyo inicio data de mediados de los años 70’, en plena dictadura. Cuestión que dota a la Transición de una operacionalidad política distinta: contiene una concepción específica sobre la forma de gobernar, así como las nociones centrales de orden y consenso. En segundo lugar, la Transición en términos discursivos jugó –durante la Dictadura Militar– un lugar complejo, al posicionarse como un “contra discurso” al autoritario, pero implementando un nuevo cariz político a la propia disputa estratégica que atravesaban las principales fuerza opositoras al régimen (las distintas facciones del PS, PCCH, MAPU, IC, entre otros), funcionando así como una intelectualidad que construye un discurso sociopolítico en base al pasado reciente, principalmente dialogante críticamente con la Unidad Popular, y acorde a los nuevos rendimientos de las disciplinas sociales afincadas en los recientes centros de pensamiento independientes.

El presente texto busca entonces dar cuenta de los discursos político-intelectuales que emergieron desde 1973, particularizando en aquellos cuyo acento estuvo dado en lo que llamaremos un pensamiento de Transición2. Intelectuales vinculados a la izquierda o militantes de espacios políticos asociados a los Centros Académicos Independientes3, concentraron parte de la elaboración política de la época, de forma externa y paralela a la militancia en los partidos. El debate intelectual se configuró así como un aspecto sustantivo para el diseño político teórico de la Transición, a lo menos una década antes del plebiscito de 1988, pensamiento que por cierto se batió en disputa con las distintas corrientes estratégicas que buscaban dar respuesta al escenario impuesto por la dictadura, como también las posibles salidas políticas a tal entuerto. La transitología –jerga con la cual nombramos los discursos de la Transición– fue moldeando un pensamiento vuelto performatividad y gubernamentalidad4, cuyo comienzo y producción sustantiva fue consustancial al período dictatorial, pero su implementación se fraguó en las décadas posteriores convirtiéndose en una forma de gobernar5. Estas características harán del pensamiento de la Transición un escaño imprescindible para la comprensión política del presente.

La clave el pasado como perspectiva de futuro: desmantelando la Unidad Popular

Durante los primeros años de la Dictadura Militar, diversos intelectuales desarrollaron tesis omnicomprensivas sobre los fundamentos del Golpe Militar, racionalidad política que se edificó en ruptura con la Unidad Popular, la mayoría de las veces fraguado por un mea culpa sobre los excesos del pasado. Para algunos autores, esto devino en un uso político de la memoria6, como también en una relectura sustantiva sobre contenidos que amparan nociones políticas abstractas a través de un proceso de análisis y reelaboración conceptual sobre aspectos relativos conceptos como el de democracia, Estado, partidos y régimen, los cuales serán puestos al centro del debate histórico conceptual sobre el período 1925-1973. Desde otro registro, Miguel Valderrama señala esta etapa como un profundo proceso de reconfiguración de un modelo de representación política a partir de los cambios instaurados por el Golpe, reflexión que estuvo vinculada a las formas en que se desarrolló el pensamiento intelectual de la época7. Particularmente, la crítica de la renovación socialista, se había posicionado desde la historia como campo de operación crítica que “comenzaba a interpretar históricamente (e historiográficamente) tanto la construcción inmediata de los diseños políticos de las estrategias partidarias como las constricciones estructurales que un sistema de acción histórica era capaz de imponer a las identidades colectivas”8. Valderrama denomina este sistema como una bifurcación ideológica y cultural del espacio de identificaciones simbólicas de la izquierda chilena.

En una sintonía similar, Sergio Villalobos-Ruminott enfatiza en el rol de las disciplinas sociales –particularmente la sociología– en la construcción de teorías que buscaron reconfigurar las lecturas sobre el proceso histórico chileno a través de la construcción de un aparataje conceptual haciendo política una reelaboración de la historia que hiciera sentido en medio del desorden dictatorial9. En este escenario, la transición ocupa un singular lugar: “Más allá de sus innovaciones teóricas, muchos de estos discursos quedaron subordinados a la lógica realista de la transición democrática funcionando como criterios estandarizados y oficiales de entender el pasado nacional, indiferenciando a la vez dicho pasado en un estado general de predictadura”10. Las políticas de ordenamiento del pasado juegan así un espacio sustantivo en la analítica del momento, cuestión que se figura bajo una serie de producciones sistemáticas que emparentan tempranamente la relación entre la renovación socialista y el concepto de Transición a la democracia.

Sin embargo, en términos de periodización, muchas de las propuestas recientes señalan tres fechas como claves para el ordenamiento político que desencadena la Transición en el campo discursivo y político, a saber, 1983 con las Jornadas de Protesta; 1986 y la crisis de la estrategia insurreccional a raíz de los acontecimientos de carrizal bajo y el paro activo del 2 y 3 julio11; y finalmente, el plebiscito de 1988 en tanto episodio que inaugura el período de institucionalización de la Transición. Sin embargo, como hemos constatado previamente12, la discusión sobre la Transición –y con ello la renovación del pensamiento– fue consustancial a la propia Dictadura.

En este sentido, más que señalar un inicio de la discusión en un momento determinado (1983 en adelante), la analítica de la Transición se configuró como un discurso que buscó aleccionar –mediante la revisión sociológica e histórica– el pasado popular reciente con la impronta de una necesaria transformación tanto epistemológica como política. La revisión documental es clara en eso, al identificar la producción intelectual desde 1974 en revistas de circulación nacional (Revista Mensaje los primeros años, los documento de trabajo de FLACSO, y luego la Revista Análisis desde 1978), en tanto funcionaron como espacio de socialización de reflexiones teórico-políticas que adecuaron el escenario para el pensamiento de la Transición. Para Tomás Moulian (citando en una entrevista por Carlos Durán M.), los primeros años de la Dictadura significaron una profunda reflexión político intelectual que emprendió una investigación sobre el pasado reciente, buscando representar la idea de un ‘aprendizaje político’ frente a la derrota que significó la Unidad Popular. En este contexto, Moulian señala: “El movimiento de renovación empieza casi inmediatamente después del golpe. Un año después, una cosa así. Afuera, en el exterior, a través de la revista ‘Chile-América’… y en el interior, a través básicamente del trabajo de Garretón y mío, que se traduce en una investigación sobre el período 1970-1973… la tesis básica es que no se cumplen las condiciones de la vía chilena socialista, porque tal vía era una vía de tránsito institucional, y para eso se requería de mayoría en el Parlamento”13.

Este primer aspecto concita dos puntualizaciones, por una parte, advertir que el proceso de reconfiguración del pensamiento de la renovación (más que una crisis interna del PSCh dado por las diferentes corrientes evidenciadas desde 1979), correspondió a un efecto del golpe militar, a saber, la reelaboración estratégica de la izquierda en un escenario de violencia, represión y tortura correspondió también a una disputa estratégica que el mismo Golpe posibilitó, en tanto política de aniquilitamiento y desbarataje de las fuerzas populares que se habían forjado a lo largo del XX. Efecto político del Golpe, como también construcción política de la propia izquierda donde la renovación plantea a la Transición como su forma de salida y posibilidad de viabilidad política. Establecer una relación entre estos argumentos parece fundamental para comprender el espesor político del problema, a saber, la Transición –en tanto pensamiento normativo y renovado del orden político democrático– constituye una hija no legítima de la dictadura, particularmente si analizamos su elaboración estratégica la cual implicó dos movimientos: operar bajo una limpieza del pasado de la UP, y desarrollar su condición de posibilidad y producción normativa durante los 17 años que duró el régimen a través de una reelaboración de la importancia de la democracia como sistema político. Dos serán los primeros aspectos que se rescatan en este sentido, la legitimación y necesidad del orden y la ruptura con la alternativa de izquierda representada por la UP.

Orden y consenso: las bases para la reconfiguración política del pasado y futuro.

A diferencia de lo planteado comúnmente, la noción de ‘consenso’ (muy propia de la Transición) se erige temporalmente en sintonía con el proceso reflexivo que la venía constituyendo a partir de la evaluación de la Unidad Popular. Argumentos que se plantearon en el contexto analítico post golpe, cuyo eje estuvo dado en comprender las falencias del sistema político desbaratado el 11 de septiembre de 1973. Dentro de los argumentos –por ejemplo los que se señalan en un interesante texto de intelectuales de FLACSO, publicado en 197714– se destaca la carencia de un centro político legitimado, ya sea a través de la conformación partidaria o mediante politización de sectores medios, cuestión que se imposibilitó debido a ideologización de los sindicatos, juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, haciendo que dichos espacios pierdan fuerza en relación a las funciones que hipotéticamente deberían cumplir, reemplazando su propio lenguaje por el de las formas políticas-ideológicas clásicas15. Esta necesidad de relectura del pasado comprende una posibilidad de recomprensión política. Particular es la lectura de Manuel Antonio Garretón al respecto: “Las visiones unilaterales de la historia nacional pueden tener negativas consecuencias para la vida de una sociedad. Si ciertos momentos de esta historia son vistos como la victoria de los ‘buenos’ sobre los ‘malos’, el resultado será que el país que se busque construir se hará necesariamente estigmatizando a ciertos sectores sociales y a los momentos de la historia en que tuvieron significación nacional. Algo así parece haber ocurrido con ciertas visiones sobre el período 1970-1973”16. La analítica de algunos de los intelectuales de FLACSO, en el intento por reinterpretar el período por sobre la ‘clave ideológico-moral’ de la izquierda, se impregna de un halo de legitimidad en tanto discurso de verdad. La necesidad de construir un relato por sobre lo bueno y lo malo intentando un apego a la objetividad, culmina por implementar una lectura que busca legitimar la perspectiva política del ahora discurso renovado. Tal como señala Moulian en su remembranza de tal época, la investigación desde disciplinas sociales se emparentó tempranamente con una visión política que impregnará los 17 años de dictadura, y servirá como base para la Transición: la ruptura o crisis es la de la Unidad Popular, proceso en el cual la responsabilidad es compartida, donde la izquierda debe aprender y comprender el pasado para evitar los entuertos de una futura democracia.

La necesidad de leer el pasado en clave consensual, es decir, elaborar un relato histórico que pueda purgar lo pretérito y a la vez a portar a la reconstrucción nacional, fue parte de los desafíos que se plantearon durante los primeros años post golpe. Este relato vinculado al pensamiento nacional se desarrolló como una clave política en sí misma, siendo parte sustantiva tanto de la renovación socialista como de las normativas políticas que se esgrimieron como lindes de la futura Transición. Por ejemplo, en la editorial de la Revista Mensaje de Junio de 1977, enfatizan: “Después de tres años y medio es obvio que nos preguntamos: ¿ha avanzado el país hacia el consenso? ¿o estamos casi en el punto de partida? ¿o se ha acentuado la desintegración nacional? Preguntas imposibles de responder sin distancia histórica. Dejando a la historia el veredicto sólo pretendemos señalar algunas impresiones que puedan servir para orientar el proceso chileno. Nos movemos en el plano de las apreciaciones y no en el de la política partidista. Y esto lo hacemos porque urge, porque es patriótico hacerlo y porque todos, en diversa medida, somos responsables”17.

Dos aspectos resaltan en esta lectura, en primer lugar el distanciamiento a una lectura político-partidista, y un segundo aspecto en cuanto a las formas en que se debe edificar la futura democracia basada en el consenso sobre el pasado y la necesidad de advertir una verdad histórica sobre este. El consenso, como ideal y argumento, se posicionó como un factor relevante para la analítica de la propia UP. La crisis de consenso que caracterizó el período 1970-1973 alberga una crítica hacia la sociedad civil, en la medida que ésta no puede representar bajo sus propias lógicas, los intereses perseguidos. Desde esta perspectiva, el consenso no fue posible dada la ‘contaminación’ de los partidos producto de la sobre ideologización de la sociedad. Para ello, el valor del consenso se vuelve prioritario en la búsqueda de un nuevo orden, siendo una temática que se planteará de forma transversal en los discursos analizados. Andrés Aylwin, en 1978, aludía a esta problemática, cuyo interés radicaba en comprender cómo es posible constituir un ‘gran acuerdo mayoritario’18. Dado el contexto de represión y violencia, el primer interés fue el de derechos humanos, no sólo como una consagración y afirmación en términos jurídico-político, sino que también desde una perspectiva de derechos en tanto ‘obligación histórica’. Sustraído del ámbito político-ideológico, este consenso en el marco de las violaciones a los derechos humanos asume un nuevo carácter: “Señalar las bases para ese ‘consenso’, es un tema que supone análisis que van mucho más allá de las posibilidades de este artículo. En todo caso, creemos útil afirmar que el referido consenso no tiene por qué implicar acuerdos, ni revisiones ideológicas de carácter sustancial” 19. La urgencia apela entonces a un relato sobre el pasado que se constituya como una posibilidad de verdad cuyo valor será el fortalecimiento de lo nacional, de lo patriótico bajo la unificación de visiones compartidas.

El énfasis consensual que se edifica en los primeros años del golpe, posee una retórica vaciada de política tradicional pero revestida de intelectualidad y deber moral, cuya unidad radica en la comprensión de un espacio político que se constituye en tanto forja un proyecto histórico común de carácter democrático. Esta vertiente de pensamiento compone una variable constitutiva de la Transición, al solventar la condición de unidad y despolitizar el despliegue popular anterior: “Sabemos lo difícil que será crear una alternativa democrática estable, inexpugnable a cualquier intento totalitario. Sin embargo, pensamos que ella se puede visualizar sobre la base de un proceso autocrítico profundo –conforme ya se dijo– que lleve a remover los obstáculos ‘reales’ que generalmente crea los conflictos o desconfianzas y que a menudo provienen de ideologismos excesivos, absurdos y paralizantes. Pensamos que después de los sufrimientos de estos años, tenemos la obligación de entregar a nuestro pueblo y a las generaciones jóvenes un país unido en torno a un gran proyecto histórico común, profundamente participativo, y ajeno a ese sectarismo o discusión permanente que divide y frustra a los grupos humanos con mayor vitalidad e idealismo” 20.

La Dictadura –paradojalmente– dota del contexto necesario para que se faculten y rearticulen las prioridades políticas y los destinos de la nación. La tolerancia y las garantías se vuelven conceptos de uso común, en contraposición a las críticas sobre el dogmatismo ideológico y la exacerbación de diferencias antagónicas al interior de la nación. A finales de los 70’, aún cuando faltan casi diez años para el término de la Dictadura, se comienza a sentar las bases de lo que será el acuerdo nacional para la llegada de la democracia. En este contexto Edgardo Boeninguer –en el número 6 de la Revista Análisis, 1978 titulado “El desafío de la Democracia”– enfatiza en la necesidad de reestablecer las libertades y derechos, permitir la participación ciudadana y propiciar una activación de la comunicación entre los distintos actores. Paralelamente se buscaba un proceso de elaboración y ratificación social de una nueva institucionalidad, que pueda sustentar el carácter transversal del acuerdo en tanto los distintos grupos políticos apelan por la convivencia y “renuncian a imponer al resto del país SU propia visión preferida de la sociedad”21. Para ello, el autor enfatiza en la necesidad de ejercer la autoridad contra todo acto violento “o contrario a las reglas del juego democrático”, aplicándose para ello “normas protectoras de la democracia” que busquen una “preservación democrática” donde se señale claramente la existencia de una sanción social ante violaciones del código de conducta aceptado. La condición de ‘responsabilidad compartida’ en relación a la pasada crisis de la UP se configura como parte sustantiva del discurso transicional, sin embargo, esta se complementa con la trasposición de nuevas prioridades políticas que se yerguen desde los escenarios de la centro-izquierda del momento. De hecho, el término Estado de Emergencia, para Boeninguer se debe a la “ruptura de las formas de convivencia anteriores, y que el objetivo de un período de esta naturaleza debe ser el de restablecer condiciones mínimas de consenso social que permitan poner término a la excepcional situación de dictadura”22.

Este aspecto fue abordado en lo que se configura –desde nuestra perspectiva– como el primer texto sobre la Transición a la Democracia, en 1978, denominado Futura Institucionalidad para la Paz en Chile23, compilación que da cuenta de un esfuerzo que buscó poner en diálogo distintas visiones en torno a la posible vuelta a la democracia. Al libro lo antecedió un seminario organizado por la subdirección académica y el área de socio-política del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), donde se discutió en siete sesiones la temática de la futura institucionalidad. En palabras de Patricio Chaparro para la Revista Mensaje, el seminario buscó reunificar la voluntad democrática, el “querer la democracia”, para lo cual: “La reconstitución de una democracia chilena perfeccionada de sus defectos, y dispuesta a ser más democrática para solucionar los problemas que se presentarán, requiere de la formulación de un consenso general, en el cual participen lodos los sectores de la Nación, incluyendo a sus Fuerzas Armadas y de Orden, y en el que se diseñan los valores, estructuras, instituciones y reglas del juego que guiarán la convivencia política pacífica, democrática y moderna”24. Así, diez años antes del plebiscito de 1988, no sólo se establecen los prerrequisitos de un futuro pacto, sino que también las objetivos y lindes políticos que deben considerarse para una política de la Transición. Tomás Moulian, en el Chile Actual. Anatomía de un mito se refiere al texto como una primera intencionalidad sobre la renovación socialista, donde se “privilegió el diálogo con los nacientes sectores renovadores, señalando con ello que sólo podría entenderse a fondo con una izquierda distinta de la histórica, con una izquierda que ya no aspiraba ni a realizar el socialismo de inmediato ni a pensarlo como «dictadura del proletariado”25. En este sentido, Futura Institucionalidad para la Paz en Chile da cuenta cómo se configuró un dispositivo de saber que realiza sobre la democracia una gran operación de ‘travestismo’. El capítulo de Edgardo Boeninguer es interesante para ilustrar el proceso que buscaba reconfigurar tempranamente las diferencias en la convivencia del pasado, basado en “un grado suficiente de consenso o acuerdo mayoritario que permita superar la división de los chilenos en bandos irreconciliables”26. Para ello, se tornó fundamental proyectar este futuro a partir de bases comunes desde donde se pueda construir la democracia y paz social estable. Para su configuración, los distintos actores políticos deben superar las divisiones vinculadas al escenario político de la UP y mostrar la flexibilidad y grandeza moral que, junto con la amplitud de criterio racional requerido, puedan producir la anhelada paz social27. Sin esta condicionante, la llegada de la democracia se vuelve indefinida. Desde la perspectiva del autor, se concita un asunto de fondo, a saber, una compresión histórica de índole aleccionante (el ‘aprendizaje’ del golpe), que comprenda elementos específicos en relación a una democracia donde la libertad, la política y economía se basen en una autoridad y disciplina social. El orden se vuelve entonces un elemento prioritario para la configuración de la nueva normatividad que es posible a partir de la contracara del Golpe, estableciendo un nuevo ‘pacto social’ para tales fines: “Los antecedentes de la historia, la coyuntura presente y las exigencias del porvenir se unen para requerir una democracia que otorgue prioridad simultánea y conjunta a la libertad política, la igualdad económica y la existencia de una efectiva autoridad y disciplina social (…) Desde un punto de vista político, la tesis planteada implica la existencia de un pacto social que permita materializar un proyecto nacional que contenga los ingredientes señalados”28.

Paralelamente, se propone un acceso gradual para la construcción de la democracia basada en la línea del reformismo, pero que establezca como trasfondo la necesidad de un proceso de democratización paulatino. La cuestión del pasado se configura como un problema nodal al momento de estructurar la propuesta de Boeninguer. En el texto, la UP se significa nuevamente como un evento traumático, dando cuenta de las condiciones críticas que posibilitaron la desestabilización democrática. Para el autor, “Reconocer errores y enmendar rumbos nunca es tarea fácil. Hoy es esta obligación de todos los chilenos respecto del pasado. Por su parte corresponde a los actuales gobernantes asumirla en relación al presente”29. Responsabilidad compartida, irresponsabilidad del pasado, inmadurez política son parte de los ejes de una lectura donde la comunidad nacional se vuelven partícipe y responsables del significado contradictorio del porqué del Golpe de Estado. Por ello, la vuelta a la democracia “supone de parte todos los chilenos una altura moral y una grandeza política que en las horas de verdadera prueba define a los pueblos recios, capaces de superar la adversidad y los tropiezos de la historia”30. El texto da cuenta a lo menos de tres énfasis: la alteración histórica producida por el Golpe, en tanto momento decisivo que es posibilitado por una irresponsabilidad y que desde ‘afuera’ constituye un orden; en segundo término, una condición de unidad bajo una nueva estructuración de la política; y, en tercer lugar, la necesidad de superar el momento actual, quizás entendido como un suspenso permanente dentro del proceso republicano.

Para Moulian, en su relectura a partir del Chile Actual, este primer eje desarrollado por la reflexión político-intelectual requiere de una historia propia, del cual él, por razones obvias, está imposibilitado de realizar dado su involucramiento inicial31. Es esta reconstrucción la que estamos aventurando, revisión que más que histórica, confiere un aspecto radical en relación a la pregunta por el establecimiento de nuevos lindes de lo político que en el contexto dictatorial. En este caso, sostenemos que los nuevos espacios de reflexión configuraron un escenario donde el mea culpa dio paso a la lectura sobre el pasado, empañado de experiencia, y bajo categorías ético-valóricas de las cuales la nueva democracia debería aprender. Sin embargo, este diagnóstico no sólo se configuró en relación a la democracia, sino que también desde el punto de vista del análisis a partir del Estado de compromiso, y su (im)posibilidad para resolver los conflictos de clase que se desataron en la cúpula estatal.

Si en el contexto del Estado de compromiso se atendía al despliegue y radicalización de demandas sociales de carácter ascendente, la dictadura posibilitó un cambio de eje, situando a la democracia como el objetivo político primigenio. Esta transmutación –comprensible dado el contexto– se plantea como un contenido sustantivo en sí mismo, dejando de lado las temáticas que apostaban por una transformación del modelo de desarrollo. En este sentido, en 1979 Eugenio Tironi da los primeros lineamientos para la constitución de un bloque político que pueda solventar el nuevo orden, pero con algunas prerrogativas, tales como el respeto por un orden político y la generación de un consenso entre las distintas fuerzas políticas: “Para quienes buscan una pronta reedificación democrática de Chile, el avance de este reordenamiento resulta un ingrediente básico a tener en cuenta –por su trascendencia sobre el futuro de la izquierda– para la configuración de un pacto democrático representativo y confiable entre todas las fuerzas políticas decididas a instaurar y respetar un orden político que fije las pautas desde las cuales podrán impulsarse, a partir del consenso de las mayorías, los distintos proyectos de transformación social que propongan las fuerzas vivas de la nación; e igualmente, para comenzar a generar un consenso mayoritario entre quienes aspiran a transformaciones estructurales que aseguren una continua profundización y extensión de la soberanía popular sobre la economía y el poder político”32.

El cruce entre la constitución de un nuevo orden, y respeto a la institucionalidad, estaría dado a través del consenso como mecanismo político que augura estabilidad. De facto, este pensamiento establece una sincronía entre la autonomía social, el rol del partido político y el establecimiento de una verdad dirigenciada por la vanguardia. Brunner, en un texto del 77’ titulado La hermenéutica del Orden, enfatiza en la necesidad teórica de desprenderse de una visión de la política que tensiona a la sociedad civil, obligándola a incorporar viejas visiones33, apelando a la necesidad de constituir “un mundo coherente de sentidos capaz de dotar a la sociedad en su conjunto de un nuevo consenso de orden” 34. Su crítica apunta a la “constitución del partido político en tanto razón histórica” elaborada al margen de la historia, estableciendo un código de verdades mecanizadas para su aplicación, deviniendo en aparato profesional que organiza y elabora los sentidos del orden en disputa. Su concreción en conciencia autónoma, posibilitan la comprensión de su entorno mediante claves analíticas que buscan conducir e iluminar al resto35. Esta condición característica de los partidos del XX, hizo diluir el propio carácter de la política, vinculado a la constitución de consensos y espacios de interacción comunicativa, mermados por la preponderancia ideológica: “Tal inversión de las cosas arranca la política –en sentido lato de la sociedad– y la transforma en actividad instrumental, sometiéndola rápidamente a la lógica de discriminación entre medios y fines técnicamente adecuados. La política pierde con ello su carácter esencialmente orientado hacia la interacción comunicativa, acción simbólica regida por su objetivación en el lenguaje cotidiano, y destinada en lo principal a afirmar y negar, exponer y no mostrar, argumentar y refutar, etc., en torno de sentidos diversos de orden que buscan articular consensos y dar lugar a la formación de una hegemonía como marco también para la emancipación individual”36. Bajo una lectura de la UP, el pensamiento renovado en su amplio espectro condicionó una relación explícita con las bases de la Transición. El consenso, sólo es posible en tanto ideal y mecanismo político mediante una ruptura con el pasado, cuestión que se evidencia al correr los años, ya entrando en la década de los 80’.

El posicionamiento de la Transición como alternativa del orden.

El momento de ruptura de la Unidad Popular, a partir del quiebre efectivo de la estabilidad democrática, se constituye como un factor común tanto para la oposición como para el régimen. En este sentido, cuando se apela a la democracia por venir, el discurso y analítica sobre el pasado se componen como un argumento y operacionalidad necesaria para poder verter de viabilidad al futuro. Los discursos de la Transición, y la transición misma en tanto proceso largo, propiciaron un ajuste de cuentas con respecto al pasado, apelando a una nueva configuración del proyecto país.

A partir de los discursos, de su producción constante en búsqueda de una renovación político-ideológica, se elaboraron ensayos sobre lo que se comenzó a denominar por Transición (80’ en adelante), y más que una operatividad del futuro gobierno, la discusión apuntó a los tipos o modalidades que ésta debe adquirir: las formas de consolidación del poder político democrático y las vías de acceso a este proceso. En este caso, la Transición se gesta en Dictadura. Su núcleo analítico y presupuestos se afincaron al interior del período autoritario, en tanto este último la posicionó como un problema en sí, el problema central de la oposición. Después del plebiscito de 1980, la Transición se bate en el juego con la institucionalización del régimen, es decir, mediante disputa entre dos proyectos de democracia: la democracia consensual (proyectada por los discursos de la Transición desde la oposición) y el de la democracia protegida, en tanto alternativa del régimen autoritario. En este escenario, junto con el pensamiento de la renovación, la transitología se erigió como una posibilidad de oposición que mediante la política del entendimiento, buscó adecuar los canales del devenir político posicionando su analítica del pasado como un producción de verdad (un régimen de veridicción), desde la producción intelectual y teórica como sustento de la praxis política.

La producción de Garretón es clara al respecto, para el sociólogo “Los procesos de institucionalización aunque tienden a asegurar la mantención del régimen militar como condición histórica de las transformaciones que se busca implementar en el conjunto de la sociedad por parte de los sectores dominantes o el núcleo hegemónico, apuntan también hacia una forma particular de ‘transición’, no hacia regímenes democráticos, sino hacia regímenes propiamente autoritarios (…) Esta parecería ser la utopía política de este proyecto histórico”37. Los discursos de transitológicos disputan con la Transición propuesta por el régimen, empero, posicionan una propia verdad, normativa y reglas para el futuro camino hacia la democracia, su propia Transición.

Las Transiciones requieren un encuentro y un desencuentro. El encuentro figura en entre los titulares del poder (las FF.AA) y la oposición que decide emprender un proceso de diálogo. El desencuentro, se manifiesta con el lugar que debe ocupar la movilización social en el proceso de recomposición democrática. Este último no es un desencuentro en términos de desvinculación efectiva, por el contrario, los procesos de Transición requieren de un componente de movilización mientras se ejecutan las negociaciones, pero, atendiendo con cuidado a los ritmos y dinámicas de éstos, de modo que no entren en contradicciones ambos procesos38. La necesidad de una mediación –por ejemplo de la Iglesia– entre el régimen y sectores de oposición, se plantea como un buen ejercicio que pueda encauzar el proceso. Para Garretón, toda Transición política se plantea como un programa con componentes básicos: “Descomposición del régimen con aislamiento del núcleo gobernante, movilización social, negociación entre titulares del poder y oposición, mediación institucional y presión de actores arbitrales, son los componentes básicos de toda transición política y su combinación adecuada es la principal tarea de las oposiciones”39.

En este último punto es interesante al destacar el rol que juegan las movilizaciones sociales al interior del proceso de Transición. Éstas deben responder a una direccionalidad específica, es decir, que se correspondan con los objetivos establecidos desde el punto de vista de la Transición, pues no todas las movilizaciones por sí solas pueden terminar con los regímenes militares: “hay, finalmente, lo que podríamos llamar una movilización propiamente política que se guía por metas y métodos referidos al término y cambio del régimen militar (…) dicho de otra manera, no cualquier movilización en cualquier momento es funcional a un proceso de transición política”40. Por el contrario, sus efectos puede terminar siendo contraproducentes con el proceso, generando una bunkerización del régimen, de otra forma, la movilización social debe ser parte de la estrategia de la Transición, enfatizando en las ideas de orden y consenso nuevamente.

El despojo de la salida confrontacional, en términos de lucha y movilización social, fue un componente prioritario al momento de elaborar, dar forma y elegir los mecanismos de la Transición, conformando una lectura dicotómica frente a grandes procesos políticos: Dictadura versus Democracia; Democracia versus Revolución. Este ejercicio se dirige a un doble espectador: la oposición y la izquierda que apostaba por una ruptura o salida revolucionaria. Por ello, la Transición durante los años 80’ se compuso de ese doble juego que comenzaba a desplazar del campo político aquellos que continuaban con estrategias del pasado, o bien pretendían generar una legitimidad apunta de represión y persecución. Garretón señala: “La problemática de la transición política, entendida como cambio de régimen, se diferencia nítidamente de la problemática de la revolución entendida como proceso de ‘toma de poder’ y como coincidencia entre la caída del ‘del antiguo régimen’ y la construcción de un nuevo orden social desde el poder conquistado”41.

La Transición no emerge como lo nuevo, cuestión prioritaria al momento de fundar un nuevo orden, antes bien, se estructura en base a los aprendizajes que nacen desde la dictadura. Es un orden alternativo a la dictadura, más no a una forma de comprender las relaciones de clases, la política y sistema económico. En ese sentido, su co-relación con el autoritarismo es clave al comprender las formas en que dichos espacios terminan superponiéndose. Dicotomía que si bien es explícita en relación a las bases que estructuran la democracia transicional, no lo es en tanto requiere de un complejo proceso de negociación y vinculación consensual con el régimen. En último término, la Transición sólo es posible por la experiencia de la dictadura, y siempre tendrá esa incómoda vinculación: “Vale la pena distinguir entre los procesos de transición de un dictadura o régimen militar a una democracia política y la consolidación del nuevo régimen una vez instaurada la democracia política”42. La Transición puede plantearse entonces, como el interludio entre ese nuevo régimen democrático, y la dictadura. La consolidación democrática va a requerir un espacio más específico de desenvolvimiento, de teorización y discusión política, cuestión que queda despojada de ser un ámbito prioritario o central. Antes bien, las Transiciones se mueven de forma contradictoria, por un lado se distancian del pasado en términos de una vuelta hacia ciertas formas de comprender el sistema político, pero por otra no pueden sino congeniar su viabilidad con el presente de la dictadura, y la herencia de su institucionalidad: se obliga a generar una propuesta institucional alternativa “que de algún modo dé cuenta de la propuesta vigente de las FF.AA. con el fin de modificarla”43.

Apuntes para un cierre: ilegitimidad autoritaria y viabilidad transicional

Los discursos sobre la Transición nos ilustran cómo el centro de la discusión se basa en la Transición misma y no en un retorno a secas a un régimen democrático como el establecido en la Constitución de 1925. Este elemento es central, pues da cuenta de que la Dictadura en términos político-ideológico, y al establecer en la Constitución del 80’ la posibilidad del plebiscito de 1988, marca la pauta en relación a los términos desde dónde –o a partir de qué– se dará el debate. La Transición se vuelve una necesidad, se establece –incluso en términos de disputa– como el momento definitorio último donde radica la posibilidad de acabar el proceso autoritario. Sin embargo, el contenido de la democracia parece esperar, convirtiéndose en una cuasi utopía. Espacio reflexivo que se trastoca por las experiencias de países que, bajo un contexto similar, pudieron revertir el autoritarismo bajo una democracia otra, como por ejemplo la experiencia de España y Portugal. La condición de aceptación de tales condiciones sólo se explica bajo la fuerza que se ejerce a cargo de una violencia institucionalidad y organizada por los mecanismos del Estado. Su fuerza transformadora ejerce el potencial necesario para el establecimiento de un mecanismo de negociación que transforma radicalmente las formas de hacer política labradas al calor de las demandas populares del siglo XX.

La propuesta por una democracia venidera es elaborada en contraposición a la propuesta militar, concibiéndose en su propio seno, pero de espalda a los procesos de movilización y ocultando una real discusión sobre su contenido. Antes bien, se perfila como una propuesta ocupada más bien de los caminos hacia la democracia más que las formas de democracia. La redefinición política da cuenta de este sustrato crítico, que de la mano de la lectura socio-política respecto del pasado realiza un ejercicio de ensayo y error en cuanto al futuro de la democracia. Cabe preguntarse entonces, si la Transición y su sedimentación durante la década de los 90’ y 2000 fue parte de este patrón de pensamiento que confiere a la condición de ‘salida’ desde el autoritarismo el valor preponderante, más que la profundización del aspecto de democratización de las relaciones sociales.

Por otra parte, los últimos años de la dictadura, particularmente desde 1986 en adelante, fueron claves en el establecimiento de una política transitológica. Analizando el proceso, podremos decir que la Dictadura no logra asegurar la consolidación política, debido primariamente a las formas represivas y a la persecución política que se aplicaba bajo su administración mermando la legitimización social del régimen. Sin embargo, la Transición desde los 90’, y previamente en relación a las formas en que se posiciona su política, dan cuenta que el proyecto autoritario termina resignificándose en los causes de la Transición. Valga la salvedad de advertir: ¿en qué medida el modelo político autoritario se solventa en la misma dictadura? ¿no es sino la Transición a la democracia el régimen político que termina de garantizar el proceso de institucionalización comenzado por ésta?

Consideramos, que efectivamente podemos rastrear una sincronía que advierte la condición transitiva que aventura el período militar, pero añadimos al análisis dos ejes: en el primero, la Transición se vuelve objetivo de los regímenes autoritarios; y segundo, que su elaboración y consumación traspasa la clase dirigente y los límites de la propia dictadura, legitimándose en sectores importantes de la intelectualidad de la oposición al aceptar las condicionantes estructurales de las transformaciones –económicas por ejemplo– implementadas en dictaduras. Este hilo conductor, fundamental para comprender la relación estructural que poseen las Dictaduras con las posteriores democracias, ya sea en los ‘amarres’ o ‘cerrojos institucionales’, como también fenómenos de despolitización, desmovilización y la actual crisis de legitimidad del sistema político, no se despliegan lisa y llanamente por la fuerza represiva y transformadora de la Dictadura. El fenómeno es más complejo, y consideramos que el estudio de los discursos sobre la Transición entrega una respuesta sobre la constitución actual de los sistemas políticos de la postdictadura.

Este pensamiento y analítica transicional posee una historicidad propia, una lectura respecto al pasado y presente que se aventura como una posibilidad a partir de la crítica al ‘ideologismo’ y las claves políticas y epistemológicas del pasado. Es una oportunidad, una amplitud que permite escapar del sofoco ideológico y adentrarse en causes nuevos en busca de alternativas y caminos diversos, pero ocultando otra ideología: la neoliberal. Para ello, el pasado se vuelve una herramienta, en tanto que se analiza de manera distinta desde una nueva posición político-analítica, y que también comprende efectos concretos en términos de régimen de veridicción. Para los transitólogos renovados “pensar y repensar la política es entonces una tarea urgente que tiene que ver con la reconstitución de la sociedad y un destino nacional” 44, pero una política que se enmarque en la direccionalidad impuesta por la transitología, no cualquier política sino aquella que busque bajo las prerrogativas del orden, consenso y pacto social, las posibilidades del entendimiento futuro de todas las partes bajo una retórica de la igualación de responsabilidades y voluntades.

El pensamiento de la Transición busca una relación entre la política y la sociedad pero no necesariamente una politización de esta última. Busca una reconstrucción social desde nuevos paradigmas, y también, confiere una visión sobre el país. Un destino que acontece en el presente, que busca nombrar nuevos fenómenos, nuevos procesos y nuevos actores. En este sentido, sostenemos que es un discurso performativo, pues va creando al momento de nombran los procesos de redefinen, diseñan y describen. La refundación del país a partir del Golpe militar, apuesta por una historicidad mítica que trasunta como discurso justificatorio de los principios económicos posibilitados en dictadura. Sin embargo, la refundación no sólo se da en un plano instituyente, también, en términos de un diseño específico de carácter proyectivo que plantea una readecuación de la práctica política y perspectivas de cambio, entre elaboración política y experiencia subjetiva. Su síntesis se dará en la formas de gobierno implementada durante los años 90, en los gobiernos de la Transición.

Notas