La historia de la policía dice mucho sobre el derecho a manifestarse. La policía es la mano del Estado y por mucho que se declaren derechos ciudadanos, la forma en que actúa la policía determina si ese derecho se puede ejercer o no. En Chile, durante estos últimos 30 años, el derecho a la manifestación ha sido un derecho a medias, porque la excusa del “derecho a la libre circulación” ha primado por sobre el derecho a la libre expresión y disentimiento. Concretamente: la calle no se puede usar para manifestarse, no es espacio público, porque detener autos merece que el Estado responda con gases lacrimógenos, agua irritante a presión y palos.
por Joaquín Trincado Pizarro
Imagen / Carabineros, Santiago, octubre 2019.
Como una acción de castigo calificó el informe de Human Rights Watch el actuar represivo de Carabineros de Chile sobre los manifestantes contrarios a la economía neoliberal. Desde que en Chile se contestó al estallido popular con violencia, cuatro misiones distintas han lanzado duras críticas, sobre todo a la policía. Frente a esto, el presidente Piñera decidió instruir mejor a los agentes de policía en el manejo del orden público, solicitando ayuda internacional. Y sólo aceptó darla España, justamente otro de los países que en octubre de 2019 enfrentó un importante ciclo de protestas.
La misión, que opera por estos días, y que pretende instruir a los efectivos en el uso apropiado de armas antidisturbios, debería dejar claro que, si la discusión es sobre qué se dispara y no sobre por qué se está disparando, todo cambiará para seguir igual. Chile debería aprender de la experiencia histórica española que sobre las armas que utilizan.
La historia de la policía dice mucho sobre el derecho a manifestarse. La policía es la mano del Estado y por mucho que se declaren derechos ciudadanos, la forma en que actúa la policía determina si ese derecho se puede ejercer o no. En Chile, durante estos últimos 30 años, el derecho a la manifestación ha sido un derecho a medias, porque la excusa del “derecho a la libre circulación” ha primado por sobre el derecho a la libre expresión y disentimiento. Concretamente: la calle no se puede usar para manifestarse, no es espacio público, porque detener autos merece que el Estado responda con gases lacrimógenos, agua irritante a presión y palos.
¿Pero qué pasa en España, lugar de donde viene la asesoría? La condena a los líderes del independentismo catalán provocó masivas manifestaciones desde el 14 de octubre, muchas veces cortando calles y vías férreas, colapsando el aeropuerto y realizando grandes concentraciones. Pero la policía actuaba muy distinto; no por las armas que posee, sino por el proceso de reflexión que le dio origen.
En España, la legislación asegura el derecho a manifestarse, por lo cual la policía resguarda que la multitud no pueda atacar o entrar a ciertos edificios –sede del poder, de la policía, etc–, pero permitiéndole llenar las calles, gritar e incluso rayar en las paredes. La expresión y protesta pública en Chile se contesta inmediatamente con violencia policial, mientras que en España se controla para asegurarla y evitar que acabe siendo un problema grave de violencia callejera. Finalmente, las cargas policiales y los disparos con pelotas de goma, que han causado heridos graves en España, son utilizados realmente como último recurso y no sistemáticamente. En Chile basta encender fuego en una calle vacía para recibir toda la artillería antidisturbios; durante algunas semanas también bastó golpear una olla vacía. No olvidemos, además, que Carabineros nunca ha dejado las armas de fuego.
Pero el presente se debe al pasado y en eso hay mucha diferencia. En Chile el mismo cuerpo de policía militar (que eso es Carabineros) existe desde su fundación durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, cuando perseguía a los manifestantes a caballo y con lanzas, pasando por la dictadura de Pinochet, cuando participó como institución de los asesinatos y torturas sistemáticas. Con ese poco honorable historial, Carabineros sobrevivió a la transición, sin sufrir mayores cambios el cuerpo policial que era la cara más directa de la represión dictatorial para amplios sectores.
Pero en España las cosas no fueron así. Luego de la dictadura de Franco, cuando el congreso redactó una nueva constitución, el cuerpo de policía de la dictadura fue disuelto. No sólo se eliminaron sus símbolos y uniforme, sino que la constitución cambió su carácter militar, separándolo de las Fuerzas Armadas, y modificó su antigua misión de “resguardar el orden y la seguridad públicas” por la de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. En Chile, Carabineros mantiene, luego de dos dictaduras, su carácter militar y la misión de resguardar el orden público sin ninguna mención a garantizar las libertades. La mudanza de ministerio –de Defensa a Interior– de 2011, no cambió ninguno de esos elementos.
Después de una dictadura militar, en los años 30, la naciente República Española falló al no reformar el sistema de orden público; luego de 40 años de franquismo, la transición española sí cambió las reglas del juego para la policía. Chile, como vemos, falló dos veces al mantener un cuerpo militar cuya estructura permite al gobierno utilizarlo como un arma contra la legítima manifestación de un desacuerdo. Como gritaban los catalanes en las calles de Barcelona esos días: “Las calles serán siempre nuestras”. Y es que vale la pena preguntarse qué es una democracia sino la posibilidad de llevar a cabo aquella frase.
Si Chile va a tener una nueva constitución, y si el anterior régimen que pretendía ser democrático mantuvo una mano militarizada en las calles, entonces el desmantelamiento de Carabineros es no sólo necesario, sino imprescindible para realizar un verdadero cambio de régimen.
Joaquín Trincado
Profesor de historia.
