Acuerdo y acuerdos: una izquierda cotidiana y radical

En estos momentos oscuros y de desorientación, más que validar la imposición de un acuerdo por arriba, la izquierda, de forma urgente y humilde, debería sumarse a los múltiples y tangibles acuerdos desde abajo, que se despliegan a lo largo y ancho del territorio nacional. Acuerdos locales, diversos, feministas, vecinales, comunales, sectoriales, en fin, en cualquier espacio deliberativo tendiente a la ofensiva contra el neoliberalismo y la auto organización de la protesta. Aunar, reunir, comunicar, renunciando al espectáculo vacío y vergonzoso de las últimas semanas. Y volver a repensar y disputar en clave socialista todas las cotidianidades posibles, ninguna más arriba que la otra.

por Rodolfo Quiroz

Imagen / Fuente: Flickr

Leo y releo el artículo de Sebastián Farfán publicado en este mismo medio y busco algún argumento significativo para discutir sobre el acuerdo. Siendo el autor un dirigente universitario del 2011 y con experiencia en la calle, pensé que podría encontrar alguna coordenada desatendida. Pero mi lectura final es bastante desoladora, partiendo con su antiestético título: “El acuerdo es un paso importante y necesario (aunque no nos guste)”. En efecto, discrepo en lo sustantivo de sus frases y dilemas, pero reconozco un mérito: puede que un escrito de esta naturaleza sea una representación fiel de la profunda incoherencia que atraviesa hoy el Frente Amplio en sus dirigencias partidarias. En este texto tomaré algunas frases de Farfán para ir abriendo las contradicciones internas de los supuestos “alcances y potencialidades” del ‘Acuerdo por la paz’ firmado entre los partidos de oposición y gobierno que, según Farfán, es un “paso importante”, mientras que, a nuestra manera de ver, no sólo es deficiente y precario en su totalidad, sino que se trata de un acuerdo que amenaza seriamente al proceso de movilización, una amenaza material y simbólica que inyecta energía a la institucionalidad centralizada de partidos y desgasta al conjunto de organizaciones movilizadas.

El texto se encuadra a partir de un supuesto debate entre los optimistas y los maximalistas del proceso de movilización, en el cual Farfán sería una tercera posición “militante” o realista. No entraré en detalles de unos y otros porque me parece irrelevante, pero sí destacaré una hipótesis que se señala al inicio del texto, a propósito del debate de la acusación constitucional contra Piñera. Dice Farfán: “Inclusive, si se sacara a Piñera, no existe ninguna garantía real de avance más allá del plano simbólico”. Pregunta, ¿es la salida de un presidente chileno vía impeachment –la acusación constitucional es un juicio político– una cuestión meramente simbólica? Ojo, no estoy diciendo que esta opción haya sido posible, lamentablemente, sólo destaco que una salida presidencial vía impeachment en Chile, por la historia y las condiciones autoritarias herededadas, sería un hecho político mayúsculo, simbólica y estructuralmente, aun cuando no esté en juego el sistema político tradicional ni el modelo neoliberal.

Ahora bien, tal vez Farfán desestimó este punto porque quiso exagerar otra advertencia que se postula más adelante. En efecto, una eventual salida de Piñera, insiste Farfán, “no implicaría una derrota absoluta para la clase dominante, sino incluso la aplicación de medidas mas duras contra el pueblo”. Más allá que no se da ni una una sola línea de explicación de porqué habría una relación directa entre la salida constitucional de Piñera y un posible aumento de la represión, Farfán nos advierte de la imposibilidad de una “derrota absoluta para la clase dominante”. ¿En qué momento una salida constitucional de Piñera sería una “derrota absoluta para la clase dominante”? ¿Quién podría suponer algo tan ingenuo? O bien ¿cómo se puede suponer “una derrota absoluta de la clase dominante” cuando recién estamos presenciando un proceso de organización social, más popular, con proyecciones políticas dispuestas a enfrentar el neoliberalismo de 30 años? ¿Qué tiene que ver una negociación por un acuerdo constituyente de los principales partidos políticos con una eventual salida del poder presidencial de Piñera?

Según Farfán “[f]ácilmente este escenario puede significar poderosas aperturas democráticas, pero también podría derivar en regresiones autoritarias”. Nuevamente se advierte un posible aumento de la represión sin argumentos más que la suposición, ¡¿cómo si hoy no fuese viva la regresión autoritaria?! O sea, estaríamos en una encrucijada que nos llevaría inexorablemente a una negociación, pues, “[s]i asumimos que el enemigo no será aplastado, es lógico que se tenga que abrir la posibilidad de acuerdos en ciertos puntos, al menos desde las fuerzas de izquierda”. ¿Qué sería lo lógico? ¿Negociar o abrir un campo de disputas y contenidos? Farfán no se refiere ni a un mínimo punto del mentado acuerdo. De hecho, en su partida declara que se hará un análisis “estrictamente desde el punto de vista político y no técnico en torno al acuerdo”, como si lo técnico y lo político fueran entes separados y disociados del fondo del debate. ¿Es aceptable defender una posición sobre este acuerdo, cuando los argumentos centrales son técnico-políticos y se sacan deliberadamente del debate?

Pero no termina ahí. Según Farfán, nadie conocía muy bien el itinerario del proceso constituyente: “no estaba del todo claro y nos percatamos de esto en todo su alcance en el debate constituyente”. Sobre esto, afirma: “[h]ace solo unos meses muchos veíamos con cautela la instalación de esta demanda, pero cuando tomó fuerza, fue prácticamente un consenso para todos que esto implicaba: un espacio electo democráticamente y dedicado exclusivamente a la función de redactar una nueva constitución, que tuviera un plebiscito de entrada y plebiscito de ratificación. Pocas cosas más estaban claras en relación con porcentajes, itinerarios y formas de elección”. Entonces, si no estaba claro el mecanismo constituyente, ¿por qué se firma un acuerdo con tanta celeridad? ¿Por qué el mismo Farfán defiende un acuerdo que de entrada carecía de certezas sobre sus contenidos y conquistas? Agrega:

Las pocas líneas rojas eran estas y no más. Los espacios de debate de quórum, hojas en blanco, representación y otros, no habían sido planteados con seriedad en espacios organizados masivos y desde ahí se abre una caja de pandoras de interpretaciones sobre los detalles. Puntualizo algunas de estas cosas para que tomemos en contexto lo que se firmó en el acuerdo. Prácticamente todas las líneas rojas generales fueron cruzadas ampliamente. ¿Faltan cosas que mejorar o detallar en esto? Por supuesto. Me imagino que, para la UDI, como para el FA y la izquierda en general, esto será aun materia de debates, sin embargo, reconozcamos todos con humildad, que avanzamos a tientas sobre esto y que debemos estar encima para asegurarlo”.

 ¿“Avanzamos”? ¿“reconozcamos todos con humilidad”? ¿Por qué entonces se abre y se defiende una caja de pandoras? ¿Es posible pedir humilidad cuando se impone un acuerdo sobre cuatro paredes, sin siquiera abrir un mínimo debate junto a los actores políticos y sociales que levantaron las demandas sociales y cuando, a su vez, esos mismos actores son reprimidos con ejemplar impunidad? Y aquí otra pieza clave para entender este oscuro argumento de Farfán: “[e]n el caso de la izquierda actual en Chile defiendo con fuerza una izquierda que actúe desde abajo, pero que también actúe con incidencia desde arriba y que, en ese movimiento de pinzas, genere avances políticos para el pueblo”. Pregunta sincera: ¿qué avances políticos del pueblo están realmente resguardados en este acuerdo? ¿Pensiones, salud, vivienda? ¿O acaso cree que los plebiscitos de entrada y de salida son reales “avances del pueblo”? Por otro lado, ¿cuándo la izquierda parlamentaria del Frente Amplio actuó desde abajo en este proceso? Simplemente se escribe una idea y se representa otra.

Algunas claves para entender este tipo de retóricas contradictorias, tal vez, se enmarcan en la imaginación de una falsa vanguardia partidaria. “El partido siempre actúa como una mediación necesaria entre la calle y la institucionalidad, siendo importante el rol de relación entre sociedad y política para estos”, dice Farfán en voz de las “visiones políticas institucionales”. La pregunta es, ¿mediación necesaria para quién o necesaria en qué sentido? Si este acuerdo precisamente establece condiciones de participación sobre lógicas partidarias que justamente enredan la participación social de las fuerzas auto-organizadas, es decir, separan lo político-social del conflicto y lo externalizan a una arena donde son ellos mismos, los partidos, jueces y demandantes, ¿cuál es el sentido de la mediación política partidaria?

En efecto, tal vez debiésemos haber partido explicándole a Farfán que un análisis político de este acuerdo no puede establecerse sin un ideario mínimo de su naturaleza jurídica y sus resoluciones técnicas. Del punto de vista territorial el “acuerdo por la paz” establece desiguales condiciones para la elección del órgano constituyente, además que fija un dispositivo arbitral que permite a los mismos partidos, en proporción paritaria “oposición” y “gobierno”, definir las condiciones técnicas para la ejecución de los procedimientos específicos inconclusos que ameriten la nueva carta magna. Esta situación se explícita en los puntos cuatro y diez del acuerdo. El punto cuatro establece que la elección de los delegados constituyentes “se realizará en el mes de octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente”. El punto diez señala que “Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una Comisión Técnica, que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta Comisión será́ paritaria entre la oposición y el oficialismo”. ¿Es posible desarrollar un análisis mínimamente político sin estos elementos? Ciertamente no. Los distritos de diputación superponen a la elección de los constituyentes una lógica partidaria de alianzas consolidadas que favorece a los grandes partidos políticos (pactos electorales) y castiga a los sectores independientes. Y, en efecto, ¿quiénes comandan los actuales procesos de participación y activación constituyente micro-local? Probablemente se trata de organizaciones espontáneas, en su mayoría independientes que, obviamente, no representan a los partidos tradicionales. Sin embargo, son estos últimos los que cuentan con los principales soportes técnicos ya desplegados en esa escala geográfica de agrupamiento de comunas o distritos de diputados.

¿Por qué, entonces, no se negoció otra forma de proporcionalidad territorial, que realmente se preocupara de pensar una escala de participación junto con sectores sociales organizados, en las métricas de las redes organizativas actualmente existentes? ¿Por qué tenemos que suponer este acuerdo como “un paso importante”, según Farfán, si no se define ninguna garantía para los movimientos sociales o la ciudadanía en general ni cuotas de género o pueblos originarios, en tanto participantes reales del proceso de elaboración de la Constitución y la elección de los constituyentes?  No está demás subrayar, como insistía pedagógicamente Carlos Pérez Soto, que el acuerdo no es ni vinculante ni determinante del escenario nacional en curso. Quienes firmaron ese acuerdo se otorgaron la resolución de un mecanismo constituyente que todavía no es institucional. No lo firmó ni el Congreso ni el Ejecutivo, sino un grupo de dirigencias partidarias que escasamente representan a la población total del país.

Para terminar, más allá de si se entregó un poder de veto a la UDI con el quórum de dos tercios, lo cierto es que, tal como fue firmado, el acuerdo es una afrenta para quienes se han movilizado durante más de un mes. A la fecha se ha demostrado su deficiente capacidad de procesar socialmente el proceso constituyente. Contradictoriamente, ningún “avance político del pueblo”, como sostuvo Farfán, está protegido y resguardado. Por el contrario, sigue siendo un acuerdo precario y deficiente en su totalidad, pues no entrega mínimas garantías para reponer los derechos fundamentales –carabineros desplegados en todo el país actuando en la más grosera impunidad– y tampoco proyecta mejores condiciones de deliberación social-popular que impliquen democratización en y para el proceso constituyente. Por ello, el acuerdo debe ser impugnado políticamente, es decir, repensado y reapropiado por el diverso y ancho arco de actores políticos sectoriales y territoriales desplegados actualmente. A su vez, aquellos partidos que no firmaron el acuerdo debiesen agudizar su crítica y disposición a renegociar junto con los movimientos sociales entendidos como sujetos políticos, porque, de lo contrario, se abre un firme dispositivo centralista sin base social que, sabemos, cambiará todo para no transformar ni una mínima bandera.

En estos momentos oscuros y de desorientación, más que validar la imposición de un acuerdo por arriba, la izquierda, de forma urgente y humilde, debería sumarse a los múltiples y tangibles acuerdos desde abajo, que se despliegan a lo largo y ancho del territorio nacional. Acuerdos locales, diversos, feministas, vecinales, comunales, sectoriales, en fin, en cualquier espacio deliberativo tendiente a la ofensiva contra el neoliberalismo y la auto organización de la protesta. Aunar, reunir, comunicar, renunciando al espectáculo vacío y vergonzoso de las últimas semanas. Y volver a repensar y disputar en clave socialista todas las cotidianidades posibles, ninguna más arriba que la otra.