Análisis político-sindical de la huelga general del 25 y 26 de Noviembre

La realización de la huelga del 25 y 26 de noviembre es un hito que invita a reflexionar sobre el momento actual de la coyuntura que atraviesa el país y la naturaleza del proceso político. En cierto modo, los trabajadores asisten a un conflicto cuya lógica puede asimilarse a lo que ocurre en una huelga, pero con un escenario ampliado: el estallido comenzó con la protesta de un pequeño grupo con una demanda puntual, y que sumado a un conjunto de injusticias que habían acumulado malestar por décadas, escaló rápidamente hasta una verdadera huelga nacional nunca antes vista, que intentó ser respondida en primera instancia con una brutal represión, y ante la persistencia de la protesta, la contraparte se ha visto obligada a conceder una serie de beneficios para cerrar el conflicto, sin lograr satisfacer a las bases. La tensa prolongación de la contienda ha superado en los hechos la tradicional fragmentación y límites institucionales que han tenido las huelgas en Chile. Pero, ¿hacia dónde podría llevar?

por Centro de Investigación Político Social del Trabajo – Observatorio Sindical

Imagen / Mural “Negro Matapacos”, Santiago, 2019. Fuente.

Precedido de una exitosa jornada realizada el el 12 de noviembre, el Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social llevó a cabo una nueva Huelga General, aunque con algunas particularidades. En primer lugar, la convocatoria tuvo lugar a casi un mes y medio del estallido social iniciado el 18 de octubre, y en un momento de contraofensiva por parte del bloque en el poder que, aprovechando un coyuntural ciclo de crecimiento de la violencia y desgaste en la masividad de las movilizaciones, apostó por un nuevo giro represivo de la mano de ciertos proyectos de ley, especialmente con el que pretende incorporar a los militares en el resguardo de infraestructura crítica, y que puede ser considerado directamente como un intento de impedir y reprimir huelgas por razones políticas, como en este caso. En segundo lugar, porque se propuso que su duración fuera de dos días, iniciando con un paro portuario el 25 de noviembre, extendiéndose al resto de los sectores de la economía el día 26.

También hay un tercer factor que le imprimió una dinámica interesante a esta huelga: al coincidir con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, con la convocatoria a un nuevo paro productivo y reproductivo. El feminismo logró visibilizar una dimensión muchas veces ignorada del mundo del trabajo al incorporar activamente la valorización del trabajo reproductivo en los repertorios discursivos y prácticos, necesario para reproducir las condiciones de vida y de cuidado de las familias trabajadoras, y que aun siendo difícil de cuantificar y constatar, se expresó en una creciente y masiva participación de las mujeres en la manifestación, ya que toda vez que las mujeres participan laboral o extralaboralmente de esta instancia, cesan de realizar estas tareas que la sociedad patriarcal asigna a su género.

Las formas de la huelga general

La ejecución del plan de huelga inició el día lunes 25 con una paralización del gremio portuario, acompañada de multitudinarias marchas en las ciudades más grandes del país por parte de manifestantes y principalmente mujeres, las que destacaron con su participación en marchas y performances (una de las cuales se hizo mundialmente viral) y que, junto con los numerosos cortes de tránsito similares a los de la huelga del 12N, contribuyeron a entorpecer y adelantar el retorno de los trabajadores a sus hogares, generando así un significativo impacto económico. Durante este mismo día, el “Foro Trabajadores-Empleadores”, compuesto por tres centrales minoritarias (CAT, UNT y CTCh) y por los principales gremios empresariales (CPC, SOFOFA, CONAPYME, etc.), emitió una declaración en la que lejos de adherirse al paro, llamaban a la paz y al pronto reestablecimiento del orden público, intentando con esta maniobra restarle participación y legitimidad a la convocatoria.

El día siguiente, el resto de organizaciones sindicales agrupadas en el Bloque Sindical de Unidad Social se sumaron a los trabajadores portuarios, manteniendo el protagonismo casi los mismos sectores que el 12N: los gremios de salud pública (FENATS, CONFENATS, FENPRUS, CONFUSAM, etc.), el Colegio de Profesores y el resto de funcionarios públicos (ANEF), aunque todos con el desgaste propio de cualquier movilización que se alarga por varias semanas, y que se reflejó en un menor despliegue de marchas. El sector de la construcción (SINTEC principalmente) volvió a mostrar su proceso de revitalización con miles de trabajadores paralizados en megaobras de infraestructura y marchas, mientras que los trabajadores subcontratados de la minería (CTC) afectaron el trabajo de grandes faenas con cortes de carreteras que lograron retrasar, y en algunos casos suspender la producción durante el día. Cabe destacar también la participación de trabajadores del transporte terrestre de carga viculados a Embotelladora Andina en varias regiones, trabajadores de industrias como ENAP y Kunstmann, los jugadores del fútbol profesional (SIFUP), algunos gremios de microbuseros de regiones, camioneros y automóviles particulares en diversas carreteras contra el TAG, y varias caletas de pescadores artesanales.

A contrapelo de la participación de estos sectores, es importante destacar las ausencias. En primer lugar, los trabajadores de planta de la minería (FTC) no participaron ni se pronunciaron sobre el paro, lo que se agrava al considerar que CODELCO se querelló contra los dirigentes de base que convocaron a paros durante octubre. En la misma línea, no paralizaron organizaciones del sector agropecuario, lo que fue bien visto por el Gobierno, lo que resulta coherente con los precarios derechos sindicales del sector que trabaja fundamentalmente por temporada. Otro sector importante por la cantidad de trabajadores que agrupa y que participó con menos fuerza fue el comercio, y en particular las grandes cadenas de retail, quienes pese a su intención enfrentan serias dificultades para realizar huelgas, por lo que se vieron forzados a recurrir a paros en ciertos intervalos de tiempo, y a que participaran en las movilizaciones principalmente los dirigentes y delegados con fuero.

Un último aspecto a relevar fue, nuevamente, la importancia neurálgica de los cortes de tránsito y concentraciones, en las que destacaron especialmente por su participación las mujeres. En efecto, la menor adhesión de gremios del transporte público (Metro en Santiago y Valparaíso no paralizaron) se vio atenuada por estas manifestaciones que, tal como la huelga del 12 de noviembre, obligaron a muchos trabajadores a llegar más tarde a sus empleos. Asimismo, el clima general de protestas ha incidido en que las jornadas laborales sean más cortas, ya que la menor frecuencia de transporte público y el cierre más temprano del Metro ha obligado a las empresas a liberar a sus trabajadores más temprano para que puedan volver a sus hogares.

En síntesis, se puede afirmar que en la huelga general del 25 y 26 de noviembre la paralización efectiva de actividades fue menor en comparación a la del 12, con algunos sectores que no mostraron la misma fuerza por diversas razones vinculadas al desgaste de las movilizaciones. Aun así, el extenso proceso político y social que se vive desde el 18 de octubre sigue favoreciendo la capacidad de que este tipo de paralizaciones tengan un efecto muy superior a lo que ocurre en tiempos normales.

El contenido de la huelga: evaluación y balance político

La realización de la huelga del 25 y 26 de noviembre es un hito que invita a reflexionar sobre el momento actual de la coyuntura que atraviesa el país y la naturaleza del proceso político. En cierto modo, los trabajadores asisten a un conflicto cuya lógica puede asimilarse a lo que ocurre en una huelga, pero con un escenario ampliado: el conflicto comenzó con la protesta de un pequeño grupo con una demanda puntual, y que sumado a un conjunto de injusticias que acumulaban malestar por décadas entre la población, escaló rápidamente hasta un estallido que en la práctica ha operado como una verdadera huelga nacional nunca antes vista, que intentó ser respondida en primera instancia con una brutal represión, y ante la persistencia de la movilización y de la violencia de masas, la contraparte se ha visto obligada a conceder una serie de beneficios para cerrar el conflicto, sin lograr desactivarlo. En este sentido, la tensa prolongación de la contienda ha superado en los hechos la tradicional fragmentación y límites institucionales que han tenido las huelgas en Chile. Pero, ¿hacia dónde podría llevar?

Hoy en día, los sectores más organizados y preparados para darle conducción a la lucha de la clase trabajadora y presionar a la institucionalidad siguen siendo los sindicatos, pese a sus problemas estructurales largamente señalados y sin desmerecer otras interesantes formas de organización y politización que han brotado en el último tiempo. En ese contexto, el bloque sindical de Unidad Social ha sido el que ha logrado repetir su despliegue en cuanto paralización efectiva de trabajo, lo que reafirma su posición como articulador de las acciones sindicales en el movimiento. Y la situación, como en cualquier huelga que se alarga, parece estar en un punto muerto. Sin duda la paralización analizada no es la mayor demostración de fuerza que se ha exhibido desde el comienzo del proceso en cuestión, pero es un momento que debe invitar a la toma de decisiones en vista de un eventual contraataque desde los trabajadores que recupere la masividad en las calles. En otras palabras, aunque no haya sido un golpe devastador contra el Gobierno, se ha mostrado una vez más el daño que puede hacer el poder estructural del sindicalismo, y la convocatoria a dialogar realizada por el Ministerio del Interior a días de que iniciara esta segunda huelga es una demostración de que el enemigo ha advertido el golpe y está dispuesto a negociar.

Sin duda, no es menor el hecho de que se esté frente a un Gobierno criminal y que nadie pueda sentirse cómodo conversando con sus caras visibles sin exigir como primer punto juicio y castigo por las violaciones a los derechos humanos. Pero en estricto rigor, las organizaciones sociales en general y sindicales en particular no son ajenas a este tipo de situaciones: cotidianamente se ven obligadas a pactar con sus verdugos, en la medida que la lucha de clases en la que están inmersas les obliga a ello mientras no exista un cambio revolucionario en las reglas del juego, y hacer esto no significa avalar los crímenes de estado ni implica agradecer al Gobierno. Incluso, para favorecer la transparencia de esta postura, podría acogerse la idea de exigir la televisación en directo o por medio de alguna plataforma de internet de cualquier diálogo.

En vistas de estas consideraciones, parece adecuado que al menos el Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social se haya reunido con su contraparte directa, y que logre instalar una mesa de negociación con una serie de condiciones que, en vistas de una perspectiva ascendente de presión mediante sucesivas huelgas por realizar y de una reactivación de la movilización masiva junto a otras organizaciones sociales, les permita ir conquistando demandas inmediatas y de mediano plazo que lleven a la clase trabajadora obtener ciertas victorias tangibles, a la vez que avanzar estratégicamente en su fortalecimiento, lo cual remite necesariamente a la negociación por rama de actividad y un fuerte aumento en el salario mínimo.

CIPSTRA agradece la participación de varias personas individuales además de miembros del centro de investigación en la recolección de datos que permitió la elaboración de este informe. La base de datos elaborada puede ser solicitada escribiendo a cipstra@gmail.com. Como organización, nos reservamos el derecho a compartir información que pueda afectar el anonimato e información sensible de ciertas organizaciones.