Hay muchas preguntas que hacer respecto del rol de las fuerzas armadas y de orden en el continente, sobre su relación con la toma de decisiones y los grupos de poder nacionales e internacionales, sobre las configuraciones geopolíticas que inciden en la distribución de agentes y agendas en un escenario fuertemente disputado. A su vez, sobre los modos de acción colectiva de los actores emergentes, entre ellos los feminismos, los movimientos indígenas y las juventudes -nombrados todos en plural-. No obstante, las categorías y nociones tradicionales con las que pensamos cuestiones como la revuelta y la resistencia, e incluso la intervención del capital no son lo suficientemente adecuadas para dar cuenta de los modos en que el poder hegemónico puede atravesar las pequeñas victorias conseguidas en las primeras décadas del siglo XXI.
por Cristina Oyarzo Varela
Imagen / Marcha en apoyo de la nueva constitución de Bolivia. 20 de octubre de 2008. Fuente: Wikimedia.
La crisis institucional y la violencia represiva desatada en Bolivia desde los cuestionados resultados de la elección del 20 de octubre es compleja y está llena de matices. No es fácil escribir sobre ello, porque tampoco lo es construir una lectura que dé cuenta de los intrincados procesos, agentes y temporalidades que están en juego.
Junto con condenar el golpe de estado, sin duda se debe exigir el inmediato cese de las violaciones a los derechos humanos y una salida política al conflicto, que en este momento toma la forma de un nuevo proceso eleccionario, aprobado en el parlamento con votos del Movimiento al Socialismo (MAS)[1]. Luego, el análisis parte de la constatación de que, en Bolivia, agentes del Estado están asesinando indígenas, pues los muertos y heridos son indios e indias pobres[2] que en su mayoría se apellidan Colque, Calle, Mamami o Quispe [3]. Mas allá de cualquier consideración sobre las dimensiones institucionales que ha asumido el quiebre del gobierno y el ascenso del poder de facto, las vidas cobradas revelan la profundidad y persistencia del régimen colonial.
De acuerdo a esto, propondré aquí una hipótesis: el golpe de estado en Bolivia no se despliega contra el MAS y Morales, sino que lo hace contra la trayectoria y potencia de un movimiento indígena heterogéneo, exuberante y profundamente tensionado. En esta línea, dos ideas para abrir del debate: (1) acceder a las dimensiones actuales de la crisis implica construir lecturas que eviten la excesiva simplificación de actores y agendas en juego; (2) es necesario incorporar la dimensión temporal, es decir, las trayectorias sociopolíticas de mediano plazo que permitieron la cristalización del proceso de cambio en Bolivia.
Esta propuesta implica considerar que el alcance de lo que se juega en esta crisis excede a Bolivia, por lo que es vital poner distancia de dogmatismos tan costosos para América Latina y El Caribe en el presente.
Algunos elementos para dimensionar la crisis actual
Para referir a las dimensiones actuales de la crisis hay que considerar el ascenso de la derecha ultraconservadora y racista en la ventana de oportunidad abierta por el mismo gobierno del MAS. Ello producto de su incapacidad para proyectar el proceso de cambio a través de nuevos liderazgos y la rectificar el rumbo errático que estaba llevando en los últimos años. La ceguera del gobierno -voluntaria o involuntaria- ante la creciente crítica dirigida a su autoritarismo, al extractivismo y la violencia de género, por mencionar algunos ejemplos, fue profundizando el malestar en una parte significativa de sus apoyos iniciales, lo que terminó por reventar en las calles al conocerse las irregularidades de la última elección[4]. En un primer momento, ese descontento no estaba monopolizado por la derecha, pues en las manifestaciones por la sospecha de fraude estaban involucrados sectores diversos: estudiantes, movimientos sociales y ambientalistas, mujeres y disidencias. Antes de la renuncia de Morales ya era posible identificar voces muy lejos del fascismo que cuestionaban la legitimidad del proceso eleccionario y exigían más democracia[5].
Los distanciamientos entre el gobierno y sectores comprometidos con la llegada del MAS al poder fueron sucesivos. Como referencia, se puede mencionar el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), espacio protegido que representaba una de las victorias del movimiento indígena. El intento de instalación de una carretera en el TIPNIS y la resistencia a él explicitaba las ideas en disputa: modos distintos de concebir el futuro para comunidades políticas que reflexionaban sobre las dimensiones de la modernidad y su anclaje desarrollista en clave latinoamericana. Junto a este debate que se alzaba fuertemente a nivel latinoamericano, se visualizaba la sedimentación del proyecto político de la Revolución Nacionalista de 1952 y su impacto en las subjetividades del sindicalismo, tradición desde la cual surge el liderazgo de Morales. A su vez, el conflicto era indicador de las disputas por espacios de hegemonía de los agentes emergentes y los debates que las organizaciones indígenas veían desarrollando más profundamente desde la década de 1980. El TIPNIS era escenario de las tensiones entre el pasado reciente y el futuro latinoamericano: allí, en la subcuenca amazónica, en un territorio reconocido legalmente como indígena en 1990, en esa Bolivia que ya era plurinacional[6].
Este y otros conflictos fueron minando la legitimidad de Morales y la alianza hecha con la izquierda intelectual y de clase media encabezada por García. La deriva autoritaria no fue más que uno de los elementos que incidió en ello. En este escenario, jalonado por oposiciones más a la derecha y más a la izquierda, la administración masista dejó un vacío de poder. Junto a la renuncia del presidente y vicepresidente, otros les siguieron, de modo que asumió de facto una derecha ultraconservadora en lo ético-moral y ultraliberal en lo económico. Añes y Camacho responden a esta intersección, en línea con lo que se viene gestando en otros lugares de América Latina y que tempranamente fue visualizado por la antropóloga feminista Rita Segato, a través del caso de Brasil.
Trayectorias sociopolíticas en la historia reciente
Circula una idea un tanto romántica sobre las repuestas que Bolivia ha generado para enfrentar al neoliberalismo. No obstante, a poca profundidad, se hace visible que el ciclo de protestas que abrió el siglo XXI, hundía sus raíces en demandas de mucho mayor alcance temporal. La Guerra del Agua del 2000, la Guerra del Gas y la Masacre de El Alto de 2003, y la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no solo se explican por la implementación de medidas neoliberales que comienza en 1985.
¿Qué trayectorias componían esa trama? Trabajos de especialistas con consistente evidencia dan cuenta de que, a largo de todo el siglo XX, discursos y prácticas de organizaciones indígenas se han orientado, de distintos modos, a modificar las relaciones interétnicas violentas y asimétricas existentes. Durante décadas, especialmente desde 1970, el movimiento produjo reflexiones y herramientas para forzar una transformación institucional y política de Bolivia. A los primeros partidos indígenas de esos años, se sumó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB (1979); la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- Bartolina Sisa, CNMC-BS (1980) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB (1982), esta última concentrando a los pueblos del oriente boliviano. En 1983, este impulso tuvo su correlato en la producción de conocimiento a través del Taller de Historia Oral Andina y el ecosistema político intelectual del que era parte. Categorías como colonialismo interno, memoria corta y memoria larga, gravitantes en el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui y su célebre Oprimidos pero no Vencidos, son producciones altamente nutritivas, herederas de este estado de ánimo. En la intersección de estos procesos, comenzó un cambio de eje en la política boliviana que desplazó el protagonismo de la Central Obrera Boliviana.
El Bolivia actualmente se reconocen 36 pueblos originarios, y generalmente se visibilizan los mayoritarios, es decir, el pueblo aymara y quechua, ubicados geográficamente en lo que se conoce como tierras altas. Sin embargo, los pueblos de oriente, ubicados principalmente en la Amazonia y el Chaco, es decir, tierras bajas, son muy relevantes para comprender las dinámicas de gestión del poder en el país [7]. En la década de los 90, las grandes marchas protagonizadas por guaraníes, chiquitanos, ayoreos, mojeños y otros pueblos de tierras bajas comenzaron a demandar la realización de una Asamblea Constituyente, instaurando una agenda que prontamente fue recogida por las organizaciones de tierras altas. El MAS se sumó a estos desplazamientos, asumiendo como consignas aquellas desarrolladas por el movimiento indígena: participación política, territorio y autonomías, plurinacionalidad. Así, las organizaciones indígenas y sus agendas, en alianza con el sindicalismo, intelectuales, parte de las clases medias y partidos de izquierda, fueron quienes consiguieron desplegar un lento pero sostenido proceso de transformación política.
Estos elementos permiten poner en perspectiva cómo se recibió el siglo XXI. Durante la Guerra del Agua, la población de Cochabamba logró expulsar del país al consorcio multinacional Aguas del Tunari, consolidando modos de acción colectiva eficaces y subjetividades en torno a la resistencia al neoliberalismo. Un proceso de acumulación de energías sociales fue el que precedió a la crisis que en 2003 terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y la masacre de Octubre Negro en que fueron asesinados 63 habitantes de la ciudad aymara de El Alto. Carlos Mesa, quien era vicepresidente en ese momento, asumió el mandato y convocó a las elecciones que en 2005 llevaron al poder a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. La alianza de un sindicalista cocalero y un intelectual de clase media representaron la llegada al gobierno de nuevos actores, como parte de una trama de largo alcance.
El año 2006 se convocó e instaló la Asamblea Constituyente, lo que generó una nueva constitución y el nacimiento del Estado Plurinacional en 2009. Ello no fue, sin embargo, un despliegue del MAS. Era la cristalización del trabajo político de décadas del movimiento indígena, en sus diversas manifestaciones y las alianzas gubernamentales. El movimiento indígena originario en Bolivia, con toda su exuberancia, complejidad y heterogeneidad dio un salto al proponer e instalar una innovación tan densa como la plurinacionalidad. Mas allá de las considerables debilidades existentes, develadas especialmente por la crítica feminista y ambientalista, ha sido una contribución significativa para pensar desde otro lugar las relaciones interétnicas e interculturales en Bolivia y el continente. Por ello es tan importante la decidida condena al uso de los militares para forzar la caída del MAS y el desmantelamiento de las construcciones político-institucionales y el terreno avanzado en derechos económicos y sociales.
Hay muchas preguntas que hacer respecto del rol de las fuerzas armadas y de orden en el continente, sobre su relación con la toma de decisiones y los grupos de poder nacionales e internacionales, sobre las configuraciones geopolíticas que inciden en la distribución de agentes y agendas en un escenario fuertemente disputado. A su vez, sobre los modos de acción colectiva de los actores emergentes, entre ellos los feminismos, los movimientos indígenas y las juventudes -nombrados todos en plural-. No obstante, las categorías y nociones tradicionales con las que pensamos cuestiones como la revuelta y la resistencia, e incluso la intervención del capital no son lo suficientemente adecuadas para dar cuenta de los modos en que el poder hegemónico puede atravesar las pequeñas victorias conseguidas en las primeras décadas del siglo XXI.
En esta línea, ¿hasta qué punto quienes estamos vinculados al mundo académico desarrollamos ceguera en torno al presente? El martes 19 de noviembre en Radio Deseo, medio de comunicación de las míticas Mujeres Creando, Rita Segato sugirió que para el abordaje de la crisis boliviana hay que distanciarse del binarismo que se carga desde la Guerra Fría[8]. La antropóloga se atrevió a plantear que la gestión de Morales fue uno de los elementos de su caída, generando una intensa polémica en redes académicas de izquierda. Me detengo en este debate porque revela uno de los nudos que constriñe la politicidad del trabajo intelectual situado en el continente: ¿Cuánta complejidad estamos dispuestos a simplificar? ¿Cuánto autoritarismo estamos dispuestos a ignorar para no torpedear liderazgos ambivalentes y llenos de matices? La función política del trabajo intelectual exige que desarrollemos mejores y más eficaces herramientas para poder transmitir aquello que es una cosa y otra a la vez.
Lo ocurrido en Bolivia viene a ser una metáfora de las disputas abiertas en América Latina y El Caribe. Se están poniendo en cuestión no solo las instituciones, sino la densidad del concepto de democracia, la revitalización de los poderes de facto, las estructuras de las fuerzas políticas que intentan plantar cara a la apropiación de la vida, el valor de la tierra y la dimensión geoestratégica de aquello. ¿De qué modo pensaremos el poder en el presente y hacia el futuro? ¿De qué modo se puede pensar el continente a la luz de otros modos de las resistencias? ¿Cómo capturamos y diseccionamos la arremetida ultraconservadora y ultraliberal? ¿Son las insurgencias micro y macro políticas de las que habla Suely Roldnick[9] algunas pistas de salida? La densidad de las preguntas abiertas es intimidante y el aparataje teórico disponible ineficaz. Quizás sea momento de poner un poco de silencio a nuestras voces atropelladas y dar paso a un acompañamiento respetuoso y reflexivo, en calles y asambleas, con el gesto, con el cuerpo. Y si, esto último vale para Chile también.
[1]En: http://www.la-razon.com/nacional/bolivia-elecciones-ley-plazo-promulgacion-norma-tse_0_3263673607.html
[2] En Bolivia el concepto de indio/a ha sido politizado especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. Las corrientes indianistas se han apropiado de esta nominación despectiva, resignificándola. Sin embargo, persiste su contenido racista, apareciendo con más fuerza en esta última crisis.
[3] El 20 de noviembre, la Defensoría del Pueblo contabilizaba 32 asesinatos. Ver Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. En: https://www.defensoria.gob.bo/contenido/muertos-en-los-conflictos?fbclid=IwAR0njxvMcuZ5KeCoHb2hM-9ONZqSWzPZ0uulZx3P2axYAlWgtimBHpdLxeI>
[4] En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50394617
[5] Entre ellos, se puede revisar el discurso mantenido por Mujeres Creando, quienes han hecho una consistente oposición al gobierno de Morales desde una perspectiva que cruza feminismo, critica al colonialismo y anarquismo. Como ejemplo revisar: https://www.exitonoticias.com.bo/articulo/politica/galindo-camacho-representa-todos-bolivianos-pequeno-circulo/20191107163358042003.html
[6] En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40942121
[7] Los departamentos de Santa Cruz, El Beni y Pando.
[8]En: http://radiodeseo.com/index.php/evo-cayo-por-su-propio-peso-rita-segato-ante-la-crisis-political-que-vive-bolivia/luche-pare-de-sufrir/?fbclid=IwAR2TOxuyzK_frK2vDLb8UMFRcSSRsdfCpSRfM90WfuT5HOF2fp_ugcyH_wI
[9] Rolnik, Suely. Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente. Tinta Limón, 2019, p 21
Cristina Oyarzo Varela
Licenciada en Historia, Magíster en Estudios Internacionales y Doctora en Historia. Actualmente es investigadora posdoctoral en el Instituto de Ideas Avanzadas (IDEA), USACH.