Creo que el rehuir la pelea política por el mecanismo de disenso y reemplazarla por un resquicio, es decir, renunciar a apuntalar los puntos críticos de la nueva Constitución, es ceder un terreno esencial, en el detalle queda el mecanismo para definir los quórums respecto de los cuales se regirán las leyes, materia que es propia del rango constitucional y que puede entrampar fácilmente cualquier discusión, más allá que la ya famosa “hoja en blanco” no nos remite a un terreno llano, sino que nos pone de frente ante una frondosa y sistemática legislación de más de 35 años concordada con la Constitución de 1980, compuesta por más de 3 mil decretos leyes y leyes orgánico constitucionales, las que probablemente regulen los elementos más complejos y que difícilmente ante temas sensibles queden indefensas ante un quórum de mayoría simple. En otro aspecto, resulta curioso, que el mecanismo que procese los puntos nodales del conflicto normativo sea en última instancia el Congreso, el que desde un rango legal quedaría investido de un cuasipoder constituyente en los puntos más sensibles y tutelaría de facto a una eventual Convención Constituyente.
Jorge Alburquenque Alarcón
Imagen / The Village Lawyer (c. 1621) por Pieter Brueghel de Jonge
Los momentos de crisis pueden ser caracterizados como momentos de revelación de los supuestos en los cuales se sostiene la normalidad del orden instituido, el momento en que resortes fundamentales de la institucionalidad pueden ser visibilizados. Así, hemos podido ver al altivo Costanera Center, centro comercial espejo y símbolo del éxito neoliberal chileno, prácticamente militarizado ante la potencia de la revuelta, apreciar una Moneda vacía y acorazada, como una especie de castillo que resguarda a un monarca cercado ante una calle que se repleta y estalla. Hemos podido presenciar los malabares retóricos de un Gobierno que apoyaba irrestrictamente los informes emitidos por organizaciones de derechos humanos, cuando estas se volcaban en contra de gobiernos de signo opuesto. Las crisis quizás pueden ser análogas en lo social, a lo que en el lenguaje del arte se denomina como “develar el artificio”, donde ellas mismas muestran con fuerza la “Razón de Estado”, esa tautología mítica de la política que en última instancia se funda paradójicamente no en la razón, sino que en la violencia.
En los periodos de crisis se condensan las fuerzas sociales, en cuanto las mismas se concentran y pugnan, develándose las alianzas y polaridades que estas pueden llegar a establecer. Zavaleta Mercado, definiría la crisis como un momento de una unidad en lo social, diría el intelectual boliviano, que una crisis puede ser el momento en que un campesino de la Bolivia profunda se puede interconectar de modo inmediato con el mundo al aliarse con otros sectores del campo subalterno, en un proceso de sintetización o compactación de lo social, el mismo autor señalaría a las crisis políticas como momentos privilegiados del conocimiento, los que permitirían establecer lo que un sector social es y lo que no es, es decir su propia delimitación y alcance, afloraría, en ese sentido, la constitución más profunda del sujeto, su razón constitutiva sin revestimiento.
Estas características que podríamos denominar de alcance “cognoscitivo” son plenamente aplicables al octubre chileno, estallido que puede ser caracterizado como un enorme avance y empuje de los sectores subalternos, quienes lograron arremeter en tan solo un mes, desde una demanda puntual radicada en los $30 pesos del aumento de la tarifa del Metro, a derribar la Constitución de 1980, instalando de forma autónoma, a punta de empuje y combatividad, un escenario constitucional al cual las orgánicas de izquierda simplemente fueron arrastradas y empujadas por la potencia popular, empuje que envía al Estado al registro del monopolio de la fuerza, militarizando de paso la vida, en una ostentación del ejercicio de la represión, de esta manera, hemos asistido colectivamente a una asombrosa concentración y aceleración del tiempo en 30 días, en los cuales se han cristalizado y se han compactado obscenamente los últimos 30 años de la vida social.
Este acontecimiento constituyente, al cual algunos intelectuales del orden han caracterizado como un puntapié simbólico, que daría inicio a un nuevo periodo político social, destacándose entre estos Sebastián Edwards, quien, en una expresión de inusitada osadía, ha llegado a mencionar sin tapujos que el orden neoliberal estaría muerto y que sería urgente su reemplazo por uno de estilo “nórdico”, merece un análisis particular, el que debe ir más allá del proceso que engendra. Ciertamente que caracterizar el comienzo de este nuevo ciclo, es una tarea política de primer orden para cualquier fuerza cambio, en este aspecto, enunciar que el proceso que nace es adverso, complejo, y de largo aliento para las fuerzas populares, y que el mismo no debe reducirse al acontecimiento constitucional, es constatar un hecho evidente, es describir el fenómeno, antes que explicarlo, indicar además que para afrontar dicho ciclo se debe seguir con la movilización, no “soltar la calle”, apelando a una voluntad que no se conduce y con una capacidad de movilización sobre la cual no se es incumbente, salvo las determinaciones que se puedan adoptar desde una esfera institucional y los grados de apoyo o rechazo que estas puedan suscitar, es quizás, esquivar, la particularidad que exige un momento como este, es quizás, hundir en la generalidad lo específico del acontecimiento, cuestión que puede terminar de recubrir con un manto estratégico, la táctica exigida para afrontar el escenario.
La discusión constitucional, abierta por el campo popular, de momento se encuentra situada, por un lado entre la iniciativa de las fuerzas tradicionales de la transición, las que en una clave institucional maniobran para contener la arremetida, concediendo de modo combinado ganadas parciales, con arremetidas selectivas sobre las fuerzas institucionales, que pueden eventualmente configurarse como una amenaza, y por el otro, entre el margen producido por el gran avance popular que ha fisurado el marco de la representación generada en la política transicional, una expresión que clama cambios profundos en el orden de la vida. Por ahora, y de un modo que no deja de ser preocupante, se ve desde las fuerzas de izquierda que la discusión y la táctica para abordar este escenario, han sido colonizadas por los expertos de la técnica constitucional, debates que pertenecen al registro de la política, han sido imbuidos y bajados al registro de lo académico, sin ser discutidos ni procesados, síntoma que expresa no solo la habilidad de un grupo de académicos del Derecho Constitucional, de irrumpir de lleno en el centro del conflicto, con sus propios intereses corporativos, sino que es un observable de la incapacidad de producir conocimiento en caliente, por parte de las organizaciones que deberían dedicarse a dicha tarea de un modo preeminente, de esta manera la discusión constitucional en abstracto ha reemplazado la responsabilidad de elaborar y ofrecer una táctica por parte de los aparatos políticos al conjunto del pueblo.
Ejemplo de aquello, es la repetitiva de discusión de los 2/3 para la aprobación de cualquier norma que se quiera incluir en la Constitución, discusión que es propiamente política en tanto impacta de lleno en la extensión de lo que se podrá escribir en la mediación normativa entre capital y trabajo que es lo que en un sentido profundo una Constitución produce, aquel debate político inmediato ha sido esquivado, y en su ausencia se nos ha dicho en un curioso cierre corporativo, que en caso de no existir acuerdo la regulación de rango constitucional, recaería en rango legal, en una especie de veto cruzado que se produciría ante un eventual empate en el órgano que confeccione la nueva Carta Fundamental. Se nos ha refrendado que aquello sería una especie de resquicio constitucional que torpemente la derecha habría firmado, sin entender la extensión del instrumento, que este resquicio apuntalado y garantizado por la presión popular, además se condice con los procesos constituyentes que se han dado en otras latitudes, es decir, pasa la prueba de blancura del Derecho comparado, una ganada popular que además es razonable para las cátedras de Derecho Constitucional del mundo.
Creo que el rehuir la pelea política por el mecanismo de disenso y reemplazarla por un resquicio, es decir, renunciar a apuntalar los puntos críticos de la nueva Constitución, es ceder un terreno esencial, en el detalle queda el mecanismo para definir los quórums respecto de los cuales se regirán las leyes, materia que es propia del rango constitucional y que puede entrampar fácilmente cualquier discusión, más allá que la ya famosa “hoja en blanco” no nos remite a un terreno llano, sino que nos pone de frente ante una frondosa y sistemática legislación de más de 35 años concordada con la Constitución de 1980, compuesta por más de 3 mil decretos leyes y leyes orgánico constitucionales, las que probablemente regulen los elementos más complejos y que difícilmente ante temas sensibles queden indefensas ante un quórum de mayoría simple. En otro aspecto, resulta curioso, que el mecanismo que procese los puntos nodales del conflicto normativo sea en última instancia el Congreso, el que desde un rango legal quedaría investido de un cuasipoder constituyente en los puntos más sensibles y tutelaría de facto a una eventual Convención Constituyente.
Sin embargo, desde un punto de vista técnico se vislumbra efectivamente un acuerdo transversal entre las fuerzas más moderadas del orden y ciertos sectores de la izquierda respecto de la fisonomía de la nueva Constitución, una de carácter mínimo que deja al proceso parlamentario la regulación de temas que antiguamente estaban regulados en rango constitucional, esto coincide con las fracciones más lúcidas del empresariado quienes apuestan desde el inicio del proceso constituyente iniciado en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, por desjuridificar la Constitución para enmarcarla en un punto estrictamente político, esto implicaría una Carta Fundamental liviana, la que garantizaría eventualmente derechos de primera generación, pero no los derechos más complejos y cuyo desarrollo normativo es más reciente y espinoso, los cuales pueden ser fácilmente caracterizados desde el orden como regulaciones de carácter programático, o como elementos propios de una “Constitución de revancha”, perfiles que la academia constitucional más estricta y moderada repudia.
Como se puede ver, estamos en un registro estrictamente político, el rango de los derechos fundamentales es el punto normativo esencial en donde las arremetidas populares han encontrado una efectiva consagración, después de largos y sostenidos procesos de luchas, esa es una discusión inmediata que obliga a las fuerzas que participarán en el proceso constitucional, a delimitar cuales son los puntos innegociables que deben ser constitucionalizados, como la correlación de fuerzas expresada en este enorme estallido consagra y cristaliza determinados mecanismos que permitan dar inicio a la representación de intereses populares dentro de la estructura estatal chilena, ese debate que es fluido y político, debe primar y subordinar al elemento técnico que por ahora conduce y sobredetermina el debate desde la izquierda (Dicha situación no se aprecia desde la derecha, quizás por su relación más fluida y con menos ambigüedades con el poder). No se debe aceptar, por lo tanto; que desde la academia se califique de modo previo y sólo desde un estricto punto de vista de técnica constitucional, que alguna reivindicación normativa de corte popular sea catalogada como “Constitución de revancha”, sin un debido y democrático procesamiento político. Así como la dirección general de la guerra es algo tan serio que no debe quedar en manos de los militares, hoy hay demasiado en juego para que el perfil político de la Constitución quede a cargo de abogados.
Creo que desde este proceso plebiscitario, se puede comenzar a cimentar un avance de fondo consistente en la reglamentación formal de la pugna de clases expresada, y que en esa dirección la ambigüedad del acuerdo expresa de modo inequívoco aquella posibilidad abierta. Ese pacto intrapartidario que todavía no puede ser caracterizado como impugnatorio del orden existente ni como un elemento que responda de modo inmediato al orden de la transición, en cuanto, no queda claro si es la iniciativa del orden la que se impone al conjunto de la movilización cristalizada en un acuerdo, o es un pacto que la movilización logra arrancar a la fuerza a las organizaciones de la transición. También pienso que en el desenvolvimiento efectivo de dicho acuerdo se juega el sello sobre el cual va a discurrir el panorama institucional en los próximos años, el bloque dominante requiere con urgencia de una configuración institucional que permita procesar y legitimar el patrón de acumulación que impera en Chile, probablemente su apuesta sea un modelo institucional semiparlamentario con una mayor capacidad de representación de sectores elitarios y minorías. Someterlas a la rutina parlamentaria, a la fragmentación partidaria y conceder algún elemento redistributivo de menor intensidad, lo que Lechner denominaría como ajuste en la continuidad, un régimen improvisado lleno de disputas que girarían alrededor de liderazgos en constante rotación, sin vinculación orgánica con los sectores dominados, en tanto aquellos sectores no pueden acceder a una expresión política en forma, es decir no se pueden constituir propiamente en clase para sí, quedando la arena institucional totalmente copada por el sector dominante a fin de procesar todo su fraccionamiento y en sus márgenes un campo social sobre el cual se va a ejercer una represión sectorizada, desde el orden ya se nos envían poderosas señales en dicho sentido, hay una voluntad muy seria para normalizar el ingreso de los militares a la política.
A dicha apuesta, los aparatos ya constituidos, deben abrir todas las puertas posibles para la irrupción institucional de nuevos sectores dominados en su paso, por constituirse en el nuevo pueblo, eso implica en primer término desmontar la tecnificación del debate constitucional y ampliarlo al orden de la política y de la movilización, sin dobleces, la apuesta debe perfilarse en un sentido total, las organizaciones políticas ya constituidas, y que de alguna manera han sido parcialmente impugnadas en esta coyuntura, deben ser mecanismos que dinamicen el estallido de un escenario institucional caotizado y sin mecanismos de autocorrección eficientes, ello será la garantía de la impugnación y paradojalmente de responsabilidad con algún tipo de gobernanza, en la fisonomía de la crisis actual, hoy en día resulta indistinguible el escenario institucional de los actores que lo sostienen, en tanto aquellos actores se reproducen sobre el mismo, un ethos de lealtad republicana a un régimen instituido que ha desechado los mínimos valores democráticos, es garantía de la obsolescencia que se cierne sobre todo el arco de la izquierda y sobre toda la conciencia política forjada en los lustros anteriores, conciencia que hoy se muestra estrecha y deficitaria ante la irrupción del pueblo devenido como un momento de masas.
Lo primero e inmediato, es empujar firme y decididamente a abrir el debate constitucional a todo el pueblo que sea posible de incluir, ello en términos técnicos nos indica que se debe empujar la apertura de los mecanismos de disensos a la participación popular, para así dotar a la nueva Constitución de la más amplia legitimidad posible, si ello no coincide con la academia constitucionalista, problema para esa academia, no para el conjunto del pueblo, la expresión política de los nuevos sectores dominados requiere el primer quiebre del código elitario mediante el cual el Estado chileno procesa el conflicto social, ahí sirven los golpes de mano institucionales, la movilización, todo lo que sea posible, en ese acontecimiento que va a constituir otra etapa del conflicto abierto de clases que modela la realidad actual, y que es un debate de marca mayor, se juegan los primeros ladrillos para la construcción de una arena para disputar la política, que a fin de cuentas es la única arma con la que el campo social cuenta para avanzar y luchar, se juega a la larga la construcción de un pueblo, uno nuevo, creativo y democratizador.
Jorge Alburquenque Alarcón
Abogado, Universidad de Chile.