…enfrentamos como clase un escenario de álgida lucha en contra de una de las oligarquías más extremas del continente, con unas fuerzas de seguridad en proceso de descomposición debido a la corrupción y a su papel como guardia de korps de los intereses del gran capital, y sin la herramienta partidaria necesaria para impulsar de manera radical la lucha con un programa que sintetizara las demandas históricas de estas dos décadas de lucha. Así, llegamos a la disputa abierta con el bloque en el poder en una condición de equilibrio precario, y no de ventaja como fue a mitad de semana, sin la capacidad de doblegar al Estado a nuestros intereses, pero con la derecha tan golpeada que debió abrir la puerta a la posibilidad de eliminar la Constitución de Jaime Guzmán. Nadie dijo que sería fácil desmontar el entramado político-institucional montado por la dictadura civil-militar, al contrario, es una tarea titánica que enfrentamos en condiciones más débiles que los pueblos hermanos que estos últimos años han transformado sus constituciones. Ante el espectáculo de reproches cruzados y renuncias, me parece que lo fundamental es que los militantes se pongan a disposición del movimiento social, y enfrentemos con entereza los duros procesos que tenemos por delante.
por Felipe Ramírez
Imagen / Conferencia de prensa de parlamentarios, 15 de noviembre, 2019, Santiago de Chile.
En un mes que ha tenido muchas cosas históricas, la última semana sin duda destaca por varios hitos inéditos en al menos los últimos 50 años, pasando desde la mayor huelga general desde 1957, pasando por la aceptación del pinochetismo de un plebiscito para reemplazar la Constitución de 1980, al caos y división al interior de la izquierda.
¿Cómo llegamos a esta situación? Para responder a esa pregunta, hay que analizar los hechos, aciertos y errores cometidos, de manera de poder definir una ruta que nos permita enfrentar el escenario y recuperar la iniciativa política para el campo popular.
12 de noviembre: la clase trabajadora golpea
En este largo proceso de lucha de masas desatado el 18 de octubre, el peso de la movilización había recaído de una u otra forma fundamentalmente en sectores inorgánicos, la juventud y organizaciones territoriales. La clase trabajadora y sus organizaciones habían cumplido un papel de segunda línea, al alero de Unidad Social, aunque con el paso de los días iban tomando cada vez mayor iniciativa al aumentar el nivel del enfrentamiento con el Estado y aumentar la necesidad de decretar paros de actividades parciales o totales tras el Estado de Emergencia.
Sindicatos portuarios, de la construcción, montaje industrial y gremios públicos entre otros sectores levantaron el Bloque Sindical de Unidad Social, en un hito importantísimo para la organización, y se plantearon la necesidad de aumentar la presión sobre el gobierno golpeando a la economía. Si bien ya se habían realizado paros durante el octubre rojo, el 12/11 cobró un sentido especial y se trabajó duramente para el éxito de la jornada, y eso se notó: El alcance de la huelga fue posiblemente mayor a cualquier expectativa, paralizando faenas, empresas y dependencias públicas en todo el país.
Las marchas fueron enormes, tanto en Santiago como en regiones, alcanzando niveles históricos a pesar de la continua represión de la policía, que cada día que pasa suma heridos y personas con perdigones en los ojos.
El problema, lamentablemente, se produjo en la noche, cuando el silencio por parte de Unidad Social fue atronador. No hubo balance, ni menos orientaciones con respecto a cómo continuar luego de tan histórico logro. Las tensiones al interior del espacio lo paralizaron.
Al día siguiente la presión sobre el gobierno se redobló a pesar de este desorden entre los sectores movilizados gracias a dos hitos que dan muestras del aislamiento del gobierno, y el éxito de la Huelga General.
El primero fue la declaración unitaria de los partidos de la oposición, desde la DC al Frente Amplio, comprometiéndose con la postura levantada por la izquierda (política y social): Asamblea Constituyente. El segundo fue la negativa de las FF.AA. a desplegarse en un nuevo Estado de Emergencia, no porque apoyaran al pueblo sino porque demandaron seguridades de no ser procesados por eventuales casos de abusos a los DD.HH., lo que el gobierno no les concedió.
La imagen de Piñera hablando esa noche fue decidora. Abandonado por los militares y presionado por la clase trabajadora y las masivas protestas callejeras, así como por una oposición unificada, sólo pudo amenazar con mayor represión. Lamentablemente al frente, cuando la oposición anti neoliberal y Unidad Social debíamos forzar conjuntamente una negociación en nuestros términos demandando verdad y justicia, un cronograma para las demandas inmediatas y el plebiscito de la Asamblea Constituyente, el desorden y la desorientación se extendían, y el temor a ser tratados de “amarillos” por forzar una negociación con el Estado para conseguir nuestros objetivos nos impidió aprovechar la coyuntura más favorable a los intereses de las clases subordinadas en décadas.
Un acuerdo insuficiente
Dado ese escenario, la derecha reaccionó rápido. La parálisis de los sectores antineoliberales le dio 12 hrs. de oro a la derecha para reagruparse y recuperar la iniciativa. Mario Desbordes, que llevaba días impulsando una postura “dialogante” que permitiera sacar al gobierno del callejón sin salida y disminuir la tensión, obligó al pinochetismo más duro a abrir la puerta a reemplazar la Constitución de 1980 por otra mediante un plebiscito, en la que debe ser su derrota más dura, y levantó una operación que en menos de un día dinamitó a la oposición.
A lo largo del día, y ante la estupefacción de la izquierda, la derecha y partidos de la ex Concertación fraguaron un acuerdo que al mismo tiempo de ponerle una lápida definitiva a la Constitución de 1980, estableció condicionantes que limitan la posible consolidación de un modelo de desarrollo distinto.
El texto abre la posibilidad de terminar con algunos elementos centrales del neoliberalismo local: el Estado subsidiario, las definiciones centrales de la institucionalidad, los derechos fundamentales etc.
Sin embargo, la dinámica propia del ejercicio realizado, con puros parlamentarios preparando el acuerdo, dañó seriamente su legitimidad de cara a los sectores sociales que se encuentran movilizados desde hace un mes, ya que no participaron las organizaciones que participan de la misma ni referentes unitarios como Unidad Social, y que podrían haber enlazado la reflexión de los parlamentarios con el sentir de la ciudadanía.
Además en cuanto al texto firmado por parte de la oposición, está claro que no deja a todos contentos, qué duda cabe. Entre las críticas que se le pueden hacer está que se instala el quorum de 2/3 para aprobar los artículos o si no deberán ser incorporados como ley por el futuro Congreso, entregándole veto a cualquier minoría (de izquierda o derecha), el punto 4 (quizás el más preocupante) limita en su ambigüedad la participación ciudadana al dar en apariencia protagonismo a los partidos políticos inscritos, no contempla cupos para pueblos indígenas, no hay (aún) cuotas de equidad en las candidaturas, y su funcionamiento será definido por una comisión gobierno-oposición sin participación del mundo social movilizado.
A ello se suma que esta negociación no llevó aparejada una respuesta a la demanda urgente por verdad y justicia a la represión y los abusos a los DD.HH. ocurridos durante este mes, que anoche mismo inundaba diferentes villas y poblaciones con tanquetas y violencia policial.
Tampoco ha habido respuesta a los pliegos de demandas levantados desde Unidad Social, única forma de frenar seriamente los abusos estructurales que sufre la población y que gatillaron este estallido social.
Todas estas cosas debieron haber sido cauteladas por los negociadores del Frente Amplio; toda la apuesta institucional de la izquierda descansaba sobre el supuesto de ser la expresión institucional de los sectores movilizados, sin embargo la agilidad de la maniobra de la derecha impidió que se actuara como bloque, desarticulando la coordinación entre el FA y el PC en esta materia.
¿Significa esto que los movimientos sociales y la izquierda debemos “restarnos” del proceso abierto con el acuerdo? En mi opinión el desafío que tenemos enfrente indica todo lo contrario: es momento de desplegarnos con más fuerza en función de una agenda de movilización que nos permita conquistar nuestras demandas inmediatas, mejorar las condiciones de trabajo sobre todo en el quorum, cupos para pueblos indígenas y de género, modificar el punto 4 para asegurar la participación de independientes pugnando por circunscripciones más pequeñas y con un mayor número de asambleístas (subir de 155 a 310), y al mismo tiempo asegurar una mayoría contundente para posiciones antineoliberales en el organismo constituyente.
Por de pronto, el acuerdo no cierra la crisis, sólo la lleva a una nueva etapa, tal como demuestra la masividad de la protesta en Plaza de la Dignidad (Plaza Italia) este viernes 15, ante la que el gobierno optó por mantener una represión descomunal, intentando ocupar el sector antes de que se pudieran reunir los manifestantes, esfuerzo en el que fueron totalmente derrotados.
En estos momentos la izquierda, que en menos de 48 horas pasó de contar con una inédita unidad de la oposición en torno a la Asamblea Constituyente a un triste espectáculo de reproches, acusaciones, renuncias y no pocas luchas de ego, debe con humildad ponerse al servicio de la lucha social y apoyar con toda la fuerza a “Unidad Social” como referente unitario con mayor legitimidad, para impulsar una lucha que permita avanzar en las demandas inmediatas, al tiempo que junto a instituciones nacionales como los organismos de DD.HH. o las universidades estatales, debemos pelear en conjunto por la inmediata convocatoria de una Comisión de Verdad y Justicia. La futura Constitución no puede nacer manchada con la impunidad.
En segundo lugar, los movimientos sociales y los partidos de izquierda debemos forjar una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales antineoliberales que sea capaz de revertir los elementos antidemocráticos del acuerdo (quorum, participación de independientes) y transformar los cabildos en espacios de movilización y elaboración de los puntos principales de nuestro programa constitucional:
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Eliminación del carácter subsidiario del Estado y sentar las bases para una mayor participación del mismo en la economía nacional.
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Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, así como de sus derechos culturales y políticos.
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Eliminación de los componentes valóricos conservadores de la Constitución.
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Asegurar el conjunto de derechos sociales y renacionalizar los recursos naturales.
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Desmantelar los cerrojos autoritarios presentes en la CPR de 1980, como los quorum supramayoritarios, dispositivos como el Tribunal Constitucional y las leyes orgánicas constitucionales.
Aún tenemos tiempo para realizar modificaciones al acuerdo tal como se firmó, en particular respecto a su punto 4, que como mencioné anteriormente, limita la posibilidad de que candidatos independientes participen en la elección de los integrantes del espacio constituyente. Independiente de la derecha, depende más bien de nuestra capacidad de mantener la presión.
Los cabildos locales deben cumplir un rol fundamental en el diseño de trabajo para estos años, ya que servirán de espacios de lucha y movilización de cara a los plebiscitos, pero también de insumo para la profundización de la propuesta de una nueva Constitución postneoliberal en nuestro país. Articular los territorios con las organizaciones de masas y los partidos antineoliberales nos permitirá presentar una propuesta contundente de cara a una derecha que ya está saliendo a la calle a impulsar la opción del no en el plebiscito.
Es cierto que el acuerdo no es lo que nos gustaría, pero todavía podemos seguir presionando por uno mejor. Hay que asumir que la crisis abierta el 18 de octubre tiene un claro y profundo componente de clase, por lo que no es posible cerrarla a través de un mecanismo lejano que no recoja el sentir de los movilizados y no los tome en cuenta a la hora de diseñar una salida. Esta revuelta representa el estallido en mil pedazos del orden neoliberal defendido durante casi dos décadas por gobiernos de distinto signo, incapaces de abrirse a las demandas de mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, las tensiones que le dan vida son por lo tanto profundas.
Tal como lo mencionaba en dos columnas previas publicadas en este mismo sitio el 19 de octubre (Es la lucha de clases, estúpido) y el 8 de noviembre (Terminar con la Constitución de 1980: el desafío de ir más allá de la revuelta), enfrentamos como clase un escenario de álgida lucha en contra de una de las oligarquías más extremas del continente, con unas fuerzas de seguridad en proceso de descomposición debido a la corrupción y a su papel como guardia de korps de los intereses del gran capital, y sin la herramienta partidaria necesaria para impulsar de manera radical la lucha con un programa que sintetizara las demandas históricas de estas dos décadas de lucha.
Así, llegamos a la disputa abierta con el bloque en el poder en una condición de equilibrio precario, y no de ventaja como fue a mitad de semana, sin la capacidad de doblegar al Estado a nuestros intereses, pero con la derecha tan golpeada que debió abrir la puerta a la posibilidad de eliminar la Constitución de Jaime Guzmán. Nadie dijo que sería fácil desmontar el entramado político-institucional montado por la dictadura civil-militar, al contrario, es una tarea titánica que enfrentamos en condiciones más débiles que los pueblos hermanos que estos últimos años han transformado sus constituciones.
Ante el espectáculo de reproches cruzados y renuncias, me parece que lo fundamental es que los militantes se pongan a disposición del movimiento social, y enfrentemos con entereza los duros procesos que tenemos por delante. Aún no hemos ganado nada: tenemos aún que derribar la impunidad, conquistar una agenda social que solucione los problemas más acuciantes que agobian al país, y triunfar en dos plebiscitos y en el trabajo de la Asamblea Constituyente. Debate si, disciplina también. Hasta que la vida sea digna para todo el país.
Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).