Frente a ello es útil distinguir varias formas en que se ha desplegado el concepto de Derechos Humanos en los últimos días. Quisiera plantear seis casos que son necesarios de reconocer. Uno de ellos -el último descrito- es interesante de proyectar políticamente y requiere del fin de la impunidad. Los otros cinco estriban en ella con distinta intensidad, pues implican siempre argumentaciones mañosas para no hacerse cargo de sus efectos políticos y antidemocráticos.
por Enrique Riobó
Imagen / protestas en Santiago, octubre 2019. Fuente: Wikimedia.
Una cierta posibilidad de entender parte de la complejidad de la situación en que estamos políticamente está asociada al concepto de los DD.HH. y su especificidad dentro del contexto chileno. Frente a ello es útil distinguir varias formas en que se ha desplegado en los últimos días. Quisiera plantear seis casos que son necesarios de reconocer. Uno de ellos -el último descrito- es interesante de proyectar políticamente y requiere del fin de la impunidad. Los otros cinco estriban en ella con distinta intensidad, pues implican siempre argumentaciones mañosas para no hacerse cargo de sus efectos políticos y antidemocráticos.
- Excepcionalidad: Hace referencia a las violaciones de los DD.HH. como excesos frente a una normalidad, por lo que los relativiza como acciones meramente individuales y nunca producto de una lógica o dinámica histórico/institucional previa; así como los individualiza y judicializa, proceso que en el pasado ha derivado en amplios grados de impunidad. Espejea la lógica neoliberal en la medida que socializa una responsabilidad que es institucional y política, y que en la práctica actúa de modo extremadamente distinto al cómo dice que actúa. Usualmente va acompañado de un agradecimiento por la labor de las FF.AA. y de orden. Ha sido parte del discurso de Carabineros y del Gobierno.
- Blindajes mediante la formalidad: Es cuando se afirma que se han realizado cambios institucionales -como la creación de oficina de DD.HH. de carabineros y PDI-, o que se han dado instrucciones explícitas -por parte del gobierno o de los altos mandos- para que no se cometa ninguna violación y se cumplan todos los protocolos. Esta argumentación tiende a ir aparejada con la primera, pero son distinguibles. Espejea la lógica neoliberal porque se escuda en una formalidad/legalidad que legitima el accionar, aun cuando este sea totalmente contradictorio con el hecho. Específicamente, lo que se blinda es el responsable político o de alto rango, y propicia también una transferencia individual de la responsabilidad al último ejecutor. Resulta especialmente explícito en este caso la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Ha sido parte del discurso de Carabineros y del Gobierno.
- Equiparación a las cosas: Varios diputados del sector de Chile Vamos han sido explícitos en equiparar las violaciones a los DD.HH. con saqueos, incendios y otros ataques contra la propiedad. En general se argumenta a partir de la afectación social de estos últimos casos, como si los DD.HH. refirieran a cualquier cosa, emanada desde cualquier lugar, que implique algún daño a la población. Es interesante esta mirada, porque a veces se conjuga con una perspectiva social que denuncia el abandono de ciertos sectores urbanos con muy poco acceso a servicios y mucha dificultad de movimiento, por lo que se busca empatizar con ese sufrimiento y equipararlo al generado por el accionar del Estado. En este caso, dar cuenta de la ignorancia frente al concepto resulta clave, aunque también es posible pensar que existe una búsqueda concertada por modificar el sentido de los DD.HH. Esto es especialmente importante de tomar en cuenta, porque en los últimos años han existido varias ofensivas que han buscado que sectores históricamente ligados a la tolerancia al terrorismo de Estado se muestren como adalides de los DD.HH. Esa búsqueda por modificar el sentido puede verse también cuando se afirma que el principal DD.HH. es vivir en paz y por lo mismo se justifica la represión como salida al conflicto social. La perspectiva que pone la propiedad privada al mismo nivel que la vida es una indudablemente subsidiaria de una lógica neoliberal.
- Falso universalismo: Durante una entrevista con Beatriz Sánchez, Matías del Río hace gala de su anticomunismo preguntando por la legitimidad de ese sector para referirse al tema de los DD.HH. a propósito de sus posturas sobre Venezuela. Se hace, entonces, caso omiso a las labores concretas y específicas desarrolladas en el tiempo dentro de una situación particular para buscar desactivarlas mediante la exigencia de un universalismo que siempre es engañoso porque desvía el foco del problema específico del minuto, diluyéndolo y relativizándolo. En este caso, puede destacarse ese efecto para reenfocar el punto, también -especialmente si se habla con alguien de derecha- destacar la dicotomía entre acción y discurso que se da cuando alguien dices que condena todas las violaciones a los DD.HH. pero no actúa en contra de ninguna, por lo que reproduce sus efectos. Este último punto es especialmente importante de recalcar para poder dificultar a la derecha intentar hacerse con las banderas de los DD.HH. solo mediante ardides comunicacionales y discursivos nuevamente. Asimismo, una de las críticas más estructurales a la perspectiva liberal y neoliberal es precisamente que la universalización discursiva del ideal humano no implica un correlato material que permite que se hagan carne y, por ende, sólo son declarativas.
- Concertacionista: Es posible ver dos versiones. Una primera, que está apareciendo con cada vez más fuerza siendo enunciada por Felipe Harboe, es la de usar igual fuerza para condenar la violencia social como las violaciones a los DD.HH., cuestión que también implica relativizar las segundas, aunque no de un modo tan intenso como en los casos anteriores. La condena de la violencia venga de donde venga siempre implica relativizar aquellas violencias que son más radicales y tienen más consecuencias antidemocráticas que otras, como son en este caso las violaciones a los DD.HH. Por otro lado, una dimensión también usual del discurso concertacionista, que en estos días puede verse en el mundo del progresismo y parte del FA es la consideración puramente humanitaria de la situación de DD.HH., lo que implica distinguirla del aspecto político, económico y social, renunciando a mostrar que la violencia estatal está dirigida precisamente para evitar los cambios en la dimensión política, económica y social. Por otro lado, en relación con la comparación de este momento con la dictadura, es posible encontrar una lógica de péndulo entre la afirmación y la negación de la similitud. La primera implica tensionar más al gobierno, pero también igualar la situación actual con la de la dictadura, lo que a su vez puede tener dos efectos problemáticos. A) Opacar las luchas por el fin de la impunidad en dictadura y B) replicar la necesidad de acreditar sufrimiento radical para participar de lo político. En el segundo caso, implica tensionar menos al gobierno -incluso a nivel de participación en acusación constitucional, por ejemplo- y también jerarquiza la violencia de dictadura como superior e incomparable, incluso denunciando la búsqueda por equiparar la épica de la lucha contra la dictadura en este contexto (Rafael Gumucio o Tomás Mosciatti han sido explícitos). Esta posición también resulta problemática porque reproduce el discurso DD.HH. transicional que otorga una cierta superioridad moral que galvanizó a una parte de la oposición a Pinochet en desmedro de otra, que reivindicaba con más fuerzas la dimensión política de las violaciones de los DD.HH., y quedó fuera del discurso transicional más oficial.
- Democratizadora: Concibe la impunidad en DD.HH. como una señal de amenaza enviada desde el Poder hacia la sociedad, donde si esta última busca cambios fuera de los límites impuestos, entonces queda sujeta a la violencia estatal. En ese sentido, la impunidad resulta totalmente antidemocrática y despolitizadora. La lucha por su final, en la medida que releva también la dimensión política de las violaciones efectuadas, implica una crítica al neoliberalismo y se empalma con la necesidad de reconstruir democráticamente los medios para dotarnos socialmente de aquellas cuestiones que necesitamos para la vida en común: salud, educación, alimentación, vivienda, etc. La imposición de una radicalidad en la mercantilización de dichos derechos sociales está integrada con el terrorismo de Estado. La impugnación profunda de dichas lógicas hoy quiere ser acallada nuevamente por la fuerza, y unas concepciones como las previamente descritas de los DD.HH. reproducen tal propósito, en la medida que no aportan en la lucha por su erradicación. Ensanchar la política mediante la construcción de un verdadero pacto social debe hacerse sobre el respeto pleno a los DD.HH. y debe excluir cualquier tolerancia a sus violaciones. Eso implica tomar acciones concretas para erradicarlas no sólo de palabra, sino con reformas profundas en aquellos ámbitos sociales donde no se están respetando hoy.
El propósito específico de lo anterior es aportar a construir argumentos que nos permitan desactivar concepciones de los DD.HH. que resultan contradictorias con su pleno despliegue democratizador, así como también, promover una concepción de estos que se empalme y ayude a profundizar otras luchas. Es necesario forzar a la derecha a soltar las banderas de los DD.HH. o a ganárselas haciendo retroceder de modo efectivo la impunidad y el mercado.
Enrique Riobó Pezoa
Historiador y presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Miembro de Derechos en Común.