Conflicto previsional y estrategia política: un modelo para armar

Del #1 de ROSA impresa: “Vemos una imagen tremendamente contradictoria, que puede expresarse como un oxímoron: tenemos un sistema de seguridad social que arroja a la gente a una abierta incertidumbre en torno a sus vidas en la vejez. […] Este escrito propone una interpretación política sobre por qué, pese a tal contradicción experimentada por la mayoría de las familias en Chile, el sistema de seguridad social para la vejez no ha sufrido transformaciones sustantivas en casi cuarenta años de existencia, y porqué la disputa por su transformación puede ser un campo fértil para la construcción de fuerza social y política desde la izquierda”.

 

por Felipe Ruiz B.

Imagen / Protesta No + AFP, Chile, 2013

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1. Las luces y sombras del conflicto previsional en el pasado reciente

Quizás una de las características que más llame la atención a quien observe la realidad previsional en Chile sea la constante producción de pobreza en la vejez a través de las casi cuatro décadas de privatización del sistema. Desde una perspectiva práctica, es muy posible que quien lea estas palabras tenga una concreta claridad sobre la ineficacia del sistema previsional chileno: las pensiones no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, sostengan una vida digna en su vejez. Contradiciendo el mantra del esfuerzo que permea el escenario cultural chileno – fuertemente pregonado desde sus élites – parece observarse más bien que, sin importar cuanto trabajemos en nuestra vida laboral activa, el sistema resulta en la práctica incapaz de ofrecer condiciones mínimas para sostener la vida en el momento pos laboral.1

Se evidencia así una imagen tremendamente contradictoria, que puede expresarse como un oxímoron: tenemos un sistema de seguridad social que arroja a la gente a una abierta incertidumbre en torno a sus vidas en la vejez. Más allá de proponer una comprensión de tal paradoja a nivel lógico (un sistema de seguridad que produce inseguridad), este escrito busca proponer una interpretación política sobre por qué, pese a tal contradicción que la mayoría de las familias en Chile experimentamos, el sistema de seguridad social para la vejez no ha sufrido transformaciones sustantivas en sus casi cuarenta años de existencia, y porqué la disputa por su transformación puede llegar a ser un campo fértil para la construcción de fuerza social y política desde la izquierda.

Y es que más allá de las contradicciones a nivel del funcionamiento del sistema de pensiones en Chile, es pertinente explorar algunas claves de interpretación que permitan ir desenredando la madeja social y política que las fuerzas de cambio debiéramos esforzarnos por alterar para alcanzar su desarme. Especialmente porque – sostenemos – desde hace ya seis años, específicamente desde 2013, la “pax previsional” (el soterrado consenso que primó entre política y negocios para no abrir a la discusión pública el carácter y orientaciones del sistema de pensiones en Chile) ha sufrido importantes cambios, pero sin lograr todavía abrir la puerta a transformaciones sustantivas.

Durante la década de los noventa, y especialmente entre el período 2000-2012 la capacidad de construcción de poder económico y político por parte de las AFP logró conducir las medidas de reforma (parcial) al sistema.2 De tal modo, se lograron bloquear de forma efectiva las discusiones y posiciones que apuntaban a la introducción de transformaciones que pudieran alterar las bases de acumulación capitalista propiciadas por la disponibilidad de fondos previsionales altamente financiarizados. Sin embargo, puede señalarse al bienio 2013-2015 como un punto de quiebre en esta ruta de infranqueable hegemonía empresarial; tal transformación del escenario político en el que se desenvuelven los dilemas previsionales estuvo marcada por dos acontecimientos de interés,

Por una parte, durante el año 2013 se constituyó la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP (CNT-NO+AFP, de aquí en más). Si bien la posibilidad de agencia política de este novedoso actor sindical demoró algunos años para lograr incidencia sobre el debate público, hacia el bienio 2016-2017 se observó la interesante activación de un movimiento sindical articulado por fuera de las dinámicas de negociación a nivel de empresa y con una interesante capacidad de convocatoria hacia el resto de la sociedad.

En un claro contraste con el período previo al año 2012, luego de una rápida maduración como actor social organizado, durante 2016 la CNT-NO+AFP encabezó diferentes acciones destinadas a poner en tela de juicio los resultados ofrecidos por parte del sistema de AFP: al llamado a cambiar los ahorros previsionales a aquellos fondos de menor riesgo para protegerlos de los vaivenes de los mercados financieros, se debe sumar el llamado de la coordinadora para retirar los ahorros previsionales de las AFP Provida y Cuprum, luego de que se conocieran públicamente las triquiñuelas realizadas por ambas administradoras para evadir impuestos ante su instalación en Chile.

Otro punto de gran relevancia es la elaboración de una propuesta técnico-política por parte de la coordinadora para la construcción de un sistema previsional alternativo, basado en una lógica de administración pública y de reparto, con financiamiento tripartito y solidario.3 Sin embargo, los puntos más álgidos de articulación social del movimiento se observaron durante 2017: por un lado, durante marzo del año señalado la coordinadora logró movilizar en una marcha a 800.000 personas sólo en Santiago, llamando a reformar de forma radical el sistema previsional existente; apoyo ciudadano que se ratificó a finales del mes de septiembre del mismo año con la realización de un plebiscito organizado por la coordinadora, en el que participaron 1.000.000 de personas a nivel nacional, quienes con un 99,7% de los votos manifestaron su apoyo a la propuesta previsional construida desde la CNT-NO+AFP.

Por otra parte, en 2015 se dieron a conocer los resultados de la Comisión Asesora Presidencial Sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como Comisión Bravo. Esta comisión, diseñada al inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, tuvo como cometido someter a evaluación el desempeño del sistema previsional chileno, tanto su versión privatizada como el “pilar solidario” introducido por el primer gobierno de Bachelet, y proponer transformaciones para superar sus insuficiencias.

Dos cuestiones resultaron de novedad en este proceso: en primer término, con su misma creación se aceptaba la existencia de, al menos, diversas falencias en el sistema existente, incluso considerando aquellas mejoras parciales entendidas como la introducción de un rol solidario de parte del Estado; en segunda instancia, el resultado de la comisión fue una propuesta dividida: la mitad de los comisionados se inclinaron por una propuesta de ajustes “paramétricos”, que no observaba insuficiencias estructurales sino más bien la necesidad de ajustes puntuales sobre las variables de funcionamiento general del sistema (monto de cotizaciones, edad de jubilación, entre otras); sin embargo, la otra mitad de los comisionados se inclinaron por propuestas que, de una u otra forma buscaban cambiar el carácter general de funcionamiento del sistema previsional en Chile, proponiendo abandonar la capitalización individual como vértebra estructural de su funcionamiento al proponer la introducción de un sistema tipo “seguro social” e incluso planteándose la transformación total del sistema existente y su avance hacia un sistema de reparto.4

En síntesis, el nudo que este texto busca evidenciar, y en base al cual proponer elementos para el debate político entre los activistas y militantes de las fuerzas de izquierda es el siguiente: si en paralelo a la constatación de un escenario donde parece haberse aceptado que los resultados del sistema previsional son insuficientes, ha emergido un actor social que ha logrado importantes coyunturas de movilización social, impugnando la legitimidad de las AFP como administradoras de recursos que en esencia son de toda la sociedad, y que incluso ha diseñado una propuesta alternativa, ¿por qué no se ha logrado avanzar en modificaciones sustantivas al sistema previsional, de acuerdo a estos vectores de transformación?

El escenario reseñado ha abierto un escenario interesante para las fuerzas de cambio, pues muestra fisuras ideológicas y activación social pero también importantes desafíos políticos, cuyas potencialidades estratégicas se buscan delinear a continuación. Para tales efectos se propone comprender la noción de estrategia en función de tres niveles, que marcan (potencialmente) las coordenadas de intervención para aquellas fuerzas de cambio que intentan subvertir el estado actual de la realidad chilena haciéndose parte de diferentes enfrentamientos específicos, entre los cuales el previsional es uno entre varios.5 Por una parte, se tiene el nivel de la disputa económica, al observarse una clara oposición entre el bloque configurado por las administradoras previsionales y el empresariado que se beneficia de tal administración, y el resto de la sociedad; en segundo término, se considera la capacidad de construir una perspectiva propia para abordar la discusión sobre seguridad social en Chile, lo que refiere a la lucha teórica; finalmente se encuentra la dimensión referida a la construcción de fuerza social y política propia, que apunta a la direccionalidad que se busca imponer en los distintos enfrentamientos específicos para avanzar sobre el terreno social desarticulando las posiciones antagónicas, y así alcanzar las transformaciones de nuestro interés. El orden de este escrito, es decir, de los siguientes tres apartados, responden al orden analítico propuesto.

2. Pensiones privatizadas o la llave financiera del modelo de crecimiento en Chile

Desde la década de 1980 el debate previsional ha seguido un curso ideológico sumamente estrecho; pesada herencia que funciona como lastre incluso para el presente. Actualmente la discusión pública tiende a enfocarse en una sola dimensión del problema: los insuficientes resultados en términos de pensiones entregadas. Dado que no es el propósito de este escrito, a la vez que existen otras publicaciones periódicas que actualizan tal información,6 la lectura que se propone a continuación invita a considerar el problema previsional como una moneda de dos caras: si el lado más escrutado son sus resultados en términos de pensiones entregadas, el lado generalmente poco considerado es el de la relación que el sistema previsional guarda con el patrón de crecimiento del modelo económico chileno durante las últimas tres décadas, y por tanto con las fracciones más pujantes del empresariado. Ahora bien, ¿cómo aquilatar tal importancia?

Una primera forma para dimensionar el importante papel que juegan las AFP en el modelo de crecimiento chileno es observar la proporcionalidad entre el tamaño de los fondos previsionales y el volumen del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).7 Desde su creación, en 1981, la magnitud de los ahorros previsionales no ha hecho más que crecer: en 1985 representaba un 10% del PIB, mientras que en 1991 ya se remontaba a casi un tercio (29%) del producto nacional; hacia el año 2000 la proporción ya representaba la mitad (49%) del producto nacional anual, mientras que una década después, en 2010, la proporción ya se remontaba a un 62%, llegando a una proporción del 72% a finales del año 2017.

Este acelerado crecimiento de la cantidad relativa de recursos controlados por las AFP estuvo acompañado por una igualmente veloz tendencia a la concentración del mercado previsional. Si en la primera década de existencia del sistema la cantidad de administradoras tendió a aumentar (por ejemplo, entre 1981 y 1994 la cantidad de administradoras pasó de 12 a 21), en la segunda mitad de la década de 1990 se inicia una disminución abrupta de la cantidad de administradoras, contándose solamente 8 AFP en 1999. El número definitivo de administradoras alcanzó un rápido punto de estabilización en 2004, llegando a 6 administradoras, es decir, la misma cantidad que para 2019.

En tal concentrado escenario, un tercer elemento a considerar es la caracterización de quienes son los actores que administran los ahorros previsionales de las y los chilenos (ver Tabla 1). Considerando datos de 2018, las tres AFP de mayor envergadura – Habitat, Provida y Cuprum – concentran aproximadamente el 72% de los fondos previsionales y el 54% de afiliados/as que cotizan; el dato más interesante de este escenario es que en estas tres entidades se observa que su control está en manos de capitales extranjeros: la propiedad de la AFP Habitat se reparte equitativamente entre la compañía estadounidense Prudential Finantial Group y la Cámara Chilena de la Construcción, la propiedad de Provida está completamente en manos del conglomerado estadounidense Metlife, mientras que el control de la AFP Capital está en manos del conglomerado colombiano Sura Asset Management.

Un último elemento a considerar es el destino de sus inversiones. Dos elementos permiten calibrar las características específicas del papel que desempeñan las administradoras en nuestra economía. El primero es el sector de destino de sus inversiones: en su mayoría (aproximadamente un 58% a nivel general) estos recursos son invertidos en el sector de las finanzas. Por otra parte también se observa que la mayor parte de los recursos (a nivel del sistema general es una proporción del 65%) se invierten en los conglomerados económicos de importante jerarquía, tanto en la cara local de nuestra economía como en el exterior.

Tabla 1. Resumen de las principales características de las AFP en Chile

AFP y año origen	% fondo total	% cotizantes	Controlador actual	Trayectoria	% inversión en finanzas	% inversión en grupos económicos
Habitat (1981)	27,80%	21,34%	CchC – Prudential Finantial Group	Internacionalización en alianza con capital EEUU. Proyección latinoamericana.	60,40%	65,60%
Provida (1981)	25,01%	25,36%	Metlife	Desnacionalizada. Capitales EEUU. Proyección latinoamericana.	56,20%	63,40%
Cuprum (1981)	19,24%	8,15%	Principal Finantial Group	Desnacionalizada. Capitales EEUU. Proyección latinoamericana.	58,00%	64,20%
Capital (1981)	19,18%	15,66%	Sura Asset Management	Desnacionalizada. Capitales colombianos.	59,70%	66,90%
Modelo (2010)	5,37%	13,80%	Grupo Navarro	Nacional	51,10%	65,10%
Planvital (1981 ex AFP Magister)	3,41%	15,66%	Assicurrazioni Generali	Internacionalización en alianza con capital foráneo. Alianza poco clara.	59,20%	66,10%

Fuente: Felipe Ruiz (2019).

El argumento recién presentado puede reforzarse al observar el detalle de los actores que más recursos captan desde las AFP, es decir que reciben inversiones por parte de estas entidades (acciones, bonos de deuda, entre otros instrumentos financieros). La Tabla 2 muestra el top 10 de conglomerados económicos que reciben inversiones desde el sistema de pensiones privado: nótese que, en conjunto, este selecto listado de actores logran captar poco más de un cuarto (aproximadamente un 27%) del total de las inversiones realizadas por las AFP. Destaca el liderazgo del grupo económico encabezado por el empresario chileno Andrónico Luksik, que por sí solo logra captar el 4,3% de la inversión total del sistema de pensiones en la economía local y foránea: este porcentaje es la mayor porción relativa de recursos que las AFP destinan a un solo grupo empresarial. Es posible a señalar a otros dos grupos económicos de origen estrictamente nacional que logran acompañar a Luksic en este ranking: se trata del grupo Yarur y Matte. De forma compartida, estos tres grupos económicos captan el 8,4% de las inversiones efectuadas por el sistema de pensiones privado en Chile, posicionándose además entre las 10 principales riquezas del país.8

El resto de los actores que destacan en la Tabla 2 son importantes compañías financieras de talla mundial. Empresas como Blackrock, y Vanguard lideran el mercado de capitales en Norteamérica, mientras que Itaú lo hace en Brasil y América Latina, así como Scotiabank en Europa de forma general, mientras que Santander y BBVA lo hacen en España de forma particular. Todas estas entidades se pueden considerar como compañías de envergadura mayúscula a escala internacional según los rankings internacionales de riqueza.

Tabla 2: Diez grupos económicos que lideran la captación de recursos desde el sistema de AFP, en porcentajes de la inversión total

 

Grupo	Inversión
Luksic	4,30%
Santander	4,03%
Blackrock	3,62%
Itaú	2,97%
Vanguard	2,93%
Yarur	2,08%
Matte	2,06%
Enersis	1,83%
Scotiabank	1,71%
BBVA	1,71%
TOTAL	27,25%

 

Fuente: Felipe Ruiz (2019).

Loa argumentos expuestos en este apartado buscan abrir una dimensión poco referida en la discusión política en torno al problema previsional. Si bien es cierto que su magro desempeño en términos de pensiones entregadas (con la consiguiente situación de pobreza en la vejez) es el tema que quizá más urge resolver en términos inmediatos, resulta pertinente considerar la dimensión económica del enfrentamiento político configurado en torno al campo previsional. Esto pues como se observó en los párrafos anteriores, y como seguiremos mostrando, la administración privatizada de los fondos previsionales se ha configurado como la base de un modelo de crecimiento económico que ha apuntalado exitosamente inversiones privadas constituyendo un verdadero colchón financiero, o base de acumulación, para los más importantes grupos empresariales nacionales y extranjeros, pero produciendo fuertes dosis de pobreza y desigualdad en su base.9

En este marco de interpretación, la posibilidad de una reforma radical de la seguridad social en Chile que considere, por ejemplo, la desprivatización de la administración de los fondos previsionales, abre un ribete eminentemente clasista en tal disputa política. Pues, en un proceso como el propuesto, forzosamente se tocarán los intereses económicos de las fracciones más dominantes del empresariado que en definitiva han sido quienes se han visto beneficiadas con la administración privatizada de este “excedente” proveniente del salario de las y los trabajadores. Tal evidencia fuerza a considerar la necesaria fortaleza de la posición a construir desde las fuerzas subalternas, que de forma ineludible tendrán que enfrentarse a la defensa que las clases económicamente dominantes desplegarán para no perder un arsenal de recursos cuya administración y goce ha sido exitosamente blindado respecto a otros intereses sociales hasta el presente.

3. La disputa por los términos del debate democrático posible

Si en el apartado anterior buscamos mostrar la estrecha relación entre la gestión privatizada del sistema de pensiones chileno y un modelo de crecimiento que ha tenido como exclusivo ganador al gran empresariado, en el presente acápite buscaremos introducir algunos argumentos que permitan construir una posición teórica propia para encarar el problema previsional desde el campo subalterno.

Ya ha sido señalado que los marcos del debate público sobre el problema previsional se han caracterizado por ser eminentemente estrechos. En términos generales se observa una narrativa, profusamente difundida, en la cual las insuficiencias de las pensiones10 se achacan más bien a la realidad socio-laboral chilena (bajos sueldos que conllevan una cultura de baja cotización), sin considerar el funcionamiento interno del sistema previsional privatizado. Señalaremos tres elementos que sirven para constatar que es preciso abrir el debate público desde las fuerzas subalternas cuestionando de lleno la eficiencia y eficacia del sistema privatizado para funcionar como un sistema de seguridad social.

Un primer elemento a considerar es el flujo general de dineros que componen la totalidad del sistema previsional chileno: para ello, a continuación se sintetiza información financiera referida al gasto total en pensiones que realiza el sistema.11 La evidencia presentada en la Tabla 3 consigna los gastos, es decir, las pensiones pagadas por el sistema previsional chileno diferenciando según el origen de tales dineros (es decir, si se trata de pensiones solidarias pagadas por el Estado o autofinanciadas y pagadas por el sistema de AFP) y su destino (es decir, si son pensiones para la población civil o para integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden).12

Tabla 3: Distribución del gasto en pensiones según pilar del sistema previsional chileno (en millones de pesos)

Ítem/período	Julio 2018		Julio 2017 – julio 2018
Pensiones civiles	Gasto total	% gasto total	Gasto total		% gasto total
Aporte sistema AFP (pensiones pagadas sin aportes fiscales)	$188.774	37,1%	$2.170.936		36,1%
Aporte sistema público (incluye sistema antiguo, BR y APS)	$320.193	62,9%	$3.841.448		63,9%
Total pensiones civiles	$508.957	100,0%	$6.012.383		100,0%
Pensiones totales	Gasto total	% gasto total	Gasto total		% gasto total
Total pensiones civiles (AFP, PBS, sistema antiguo reparto)	$508.957	61,5%	$6.012.383		59,6%
Pensiones FFAA y Orden	$185.117	22,4%	$2.292.112		22,7%
Otras prestaciones seguridad social (*)	$133.570	16,1%	$1.776.905		17,6%
Total sistema previsional	$827.644	100,0%	$10.081.401		100,0%
Aporte sistema AFP	$188.774	22,8%	$2.170.936		21,5%
(*) Otras prestaciones: otros subsidios, bonos, reparaciones

Fuente: Elaboración propia en base a CENDA (2018).

Si se considera sólo el total de gastos que el sistema hace para pagar pensiones civiles se observa que del 100% del dinero desembolsado por tal concepto, el Estado aporta la mayor parte con un 63%, mientras que las AFP sólo aportan un 37% de los recursos gastados. Ahora, si se consideran los gastos totales del sistema previsional chileno, es decir los gastos efectuados tanto por concepto de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden como para pensiones de la población civil, la situación es aún más drástica: se observa que las AFP aportan con sólo un 23% del total, es decir, escasamente un cuarto del gasto previsional total. En otros términos, esto equivale a decir que el actor que mayor esfuerzo realiza en el pago de pensiones en Chile es la misma sociedad mediante el Estado, puesto que este actor asume el pago del 77% de los recursos necesarios para financiar las pensiones que – pese a su insuficiencia – componen el gasto previsional total del sistema.

En suma, aproximadamente cuatro partes del total de recursos que se gastan mensualmente en que haya pensiones en nuestro país, las paga la sociedad chilena mediante la acción del Estado. Ello relativiza con bastante fuerza la idea de que lo que caracteriza a nuestro sistema de pensiones es su basamento en “dos pilares”. Como se ha observado, su base fundamental es el sistema de pensiones públicas, lo que relativiza el impacto del “pilar” privatizado, que más bien parece una frágil muleta. Por tanto, la afirmación de que lo que actualmente tenemos en términos de pensiones se debe a la posibilidad de que esos fondos sean administrados por entidades privadas mediante capitalización es bastante discutible.

Considerando estos números se observa con claridad que las AFP terminan jugando un rol minoritario y, diríase, casi marginal para los objetivos de un sistema de seguridad social. En base a ello, se pueden plantear una serie de interrogantes en relación a cuál sería la explicación para que el aporte realizado por las AFP al sistema previsional chileno sea tan escuálido: ¿será esto consecuencia de las deficiencias de cobertura y densidad de cotizaciones por parte de las trabajadores y trabajadores? ¿O será que esto responde más bien a la forma en que las administradoras gestionan estos recursos destinándolos principalmente a las inversiones que ya hemos caracterizado y no al pago de pensiones?

Estas preguntas nos orientan al segundo elemento que proponemos como eje rector de una ampliación del debate democrático en torno al papel que juegan las administradoras privadas. Para ello, a continuación sintetizamos algunas cifras que permiten caracterizar el “flujo de caja” de las AFP, observando si los recursos que las y los trabajadores aportan mes a mes mediante sus cotizaciones previsionales se destinan o no al pago de pensiones. Al considerar el flujo de caja de las administradoras privadas correspondiente al mes de julio de 2018 (ver Tabla 4) se observa que solamente un 32% del dinero total recaudado (es decir, el flujo de dinero que las y los trabajadores aportan al sistema vía cotizaciones previsionales) se destina a gastos (es decir, al pago de pensiones civiles autofinanciadas).

Tabla 4: Recaudación y gasto del sistema de AFP (en millones de pesos)

Ítem/período	Julio 2018		Julio 2017 – julio 2018
	Monto	%	Monto	%
Recaudaciones: cotizaciones obligatorias	$589.307	100,0%	$6.898.797	100,0%
Gastos: pensiones autofinanciadas pagadas por AFP	$188.774	32,0%	$2.170.936	31,5%
Excedente	$400.533	68,0%	$4.727.862	68,5%

 

Fuente: Elaboración propia en base a CENDA (2018).

Ello arroja un saldo de aproximadamente $4,5 miles de millones de pesos chilenos que mes a mes no son canalizados hacia pensiones, sino que son apropiados por el sistema de pensiones privado. En los términos estrechos en que tiende a plantearse el debate se diría que estos fondos se ‘administran vía capitalización’ en el mercado financiero nacional e internacional para así contar con recursos sostenibles para el futuro. Sin embargo, considerando la evidencia que ya hemos presentado puede afirmarse que la mayor parte del dinero recaudado por las AFP no se destina al pago de pensiones, sino que más bien se retiene indefinidamente dentro del circuito financiero del que forman parte las administradoras y los principales grupos económicos que se benefician de sus pautas de inversión.13

Esta realidad permite abordar un tercer punto, que consideramos de suma importancia para esta discusión: lograr una explicación sustantiva sobre los magros rendimientos del sistema en relación a las bajas pensiones entregadas. A casi cuarenta años de su implementación, hoy nos encontramos ante un sistema de prensiones privatizado “maduro”, puesto que la gente que actualmente se está pensionando ha cotizado toda su vida laboral en el sistema.

Según un análisis recientemente publicado por Fundación Sol14 es posible observar que incluso entre aquellas personas que pueden ser consideradas como “cotizantes ejemplares”, es decir, que cotizaron entre 30 y 35 años de su vida laboral, contando con pocas lagunas previsionales, la mitad sólo logró financiar una pensión igual o menor a $246.000. Esto no alcanza a equivaler al salario mínimo establecido durante diciembre de 2018. Aún más, los autores del estudio mencionado concluyen que una amplia mayoría, el 80%, de los nuevos pensionados no lograron autofinanciar pensiones que les permitan superar el umbral de la línea de pobreza.

En tal perspectiva, resulta coherente relacionar el aspecto de la situación previsional que concierne a las pensiones entregadas por el sistema privatizado, con la evidencia de cómo se administran y cuál es la lógica de inversión de tales recursos. Si cerca de un 70% de los recursos que las y los chilenos entregan al sistema financiero para su administración no retornan en términos de pensiones, resulta pertinente cuestionar la estructura general de administración de los recursos que el país destina para entregar pensiones y seguridad social en la vejez. ¿Cómo sociedad chilena encontramos que la forma actual de administración es válida, y que ayuda a resolver las necesidades concretas que existen, respecto a seguridad social? ¿O es preciso avanzar hacia la construcción de un sistema de seguridad social alternativo?

Es ante tales preguntas que las fuerzas de cambio deben construir una fuerza intelectual para lograr una apertura del debate público en diferentes espacios (en los movimientos sociales, en los medios de comunicación, en los circuitos tecnocráticos, políticos, académicos, etc.). Puesto que si se observan las coordenadas ideológico-teóricas que han comandado todos los intentos de reforma previsional existentes a la fecha, se observa una apretada cerrazón de filas que blinda los componentes centrales del sistema previsional chileno: su administración privatizada y la capitalización financiera.

Puede observarse tal dinámica desde las transformaciones introducidas por Ricardo Lagos, al crear el sistema de multifondos, que buscaba resguardar – bajo la lógica de introducir mayor “elegibilidad” para las y los cotizantes – los ahorros previsionales respecto a los vaivenes de los mercados financieros.15 Incluso la Reforma Previsional Solidaria realizada durante el primer gobierno de Michelle Bachelet consideró como único margen de acción posible la consolidación y robustecimiento de un sistema de subsidios estatales (el Pilar Solidario) que paliara las insuficiencias que ya comenzaba a mostrar el sistema privatizado, pero sin modificar la estructura de poder económico creada al alero de las AFP.16 Siguiendo la tendencia, ninguna de las tentativas de reforma previsional (pasadas y en curso), han escapado a la misma lógica: profundizar el carácter irracional y subsidiario del sistema de pensiones públicas, sin tocar al sistema de AFP. Las propuestas17 de crear un mecanismo tipo AFP estatal que introduzca mayor competencia al sistema o un “ente público” que administre vía capitalización una fracción del ahorro previsional, el aumentar las tasas de cotización y modificar las edades de jubilación, o aumentar (levemente) los montos y tipos de aportes del Estado para paliar la generalizada pobreza en la vejez, muestran que el debate público todavía no se orienta hacia una transformación sustantiva del sistema de pensiones.

Si los caminos de reforma no abandonan las dos ideas fuerza que cautelan el carácter del sistema privatizado, específicamente su administración privatizada y la capitalización financiera de los ahorros previsionales, resultará difícil construir un derrotero alternativo. Por otra parte, limitarse a parchar las insuficiencias del sistema privatizado construyendo mayores subsidios del Estado, sin buscar contener la irracional fuga de recursos que representa el sistema de AFP y por tanto limitando las posibilidades de acumulación empresarial que allí se han gestado, no basta para solucionar en forma verdadera las necesidades de nuestras y nuestros compatriotas en la vejez. Destrabar tales términos del debate político emerge, entonces, como una de las tareas más importantes para las fuerzas de cambio, en la medida que configura un escenario donde se puede redefinir el carácter de lo público, rescatándolo de su secuestro elitario.

4. El largo camino de la emergencia política: ¿cómo y desde donde construir fuerza subalterna?

Como ya hemos observado, la densidad de la estructura de poder económico fraguada en torno al sistema de AFP muestra que la posibilidad de que se desmonte el carácter de “colchón financiero” para la acumulación empresarial del sistema previsional chileno, enfrenta a una serie de intereses materiales concretos. Es por ello que en la disputa previsional emerge una polaridad política que debería resultar de interés para las fuerzas de cambio: dado el carácter del sistema previsional chileno, el interés de las y los trabajadores por contar con una pensión en su vejez que sea suficiente para sostener de manera digna sus condiciones de vida, se configura en abierta oposición al interés empresarial que busca mantener la disponibilidad de tales fondos previsionales como recursos financieros para sus dinámicas de crecimiento y expansión. Ello abre una discusión tradicionalmente atrapada en la jerga de lo técnico y lo económico, al campo de la política.

Esta oposición de intereses ha sido acompañada además por una fuerte deslegitimación de las administradoras privadas, junto con un fuerte malestar asociado a los resultados de pobreza del sistema de pensiones. Si además consideramos los hitos de movilización social que desde la sociedad organizada se han logrado concretar, pareciera que sólo falta una cuota de radicalidad y optimismo para lograr una transformación sustantiva en el campo previsional. En tal sentido, se podría pensar que existen suficientes razones como para que la situación previsional tome, en lo inmediato, un curso diferente al que ha seguido las últimas cuatro décadas. Sin embargo, asumir eso sería pecar de ingenuidad al asociar la existencia de cierto nivel de organización social y de argumentos técnicos, con la posibilidad de disputar transformaciones sustantivas en el orden concreto de las cosas, es decir, en la disputa política, en las relaciones de fuerza social que moldean el escenario posible de la historia.

El curso reciente de la discusión y conflicto previsional ha mostrado que los elementos de los que se dispone hasta ahora no resultan suficientes para desordenar tal tablero. Pese a todo, el cierre ideológico sobre el diálogo público ha logrado mantener intactas las fronteras del debate y el horizonte de transformaciones posibles: ninguna de las últimas dos propuestas de reforma (la del segundo gobierno de Michelle Bachelet o la del actual gobierno de Sebastián Piñera) implican un cambio de eje respecto al pasado. En tal escenario, suena casi ilógico que luego de que actores como la CNT-NO+AFP conciten el apoyo de un amplio segmento de la sociedad en la crítica al modelo previsional, construyendo incluso una propuesta técnica alternativa para orientar su transformación, a la que nuevos actores de la política institucional como las y los representantes parlamentarios del Frente Amplio han adherido para impulsarla, el debate se siga manteniendo en tan estrechos márgenes.

Tal cuestión se vislumbró de manera dramática en la reciente discusión – y posterior aprobación – en torno a la idea de legislar la propuesta de reforma previsional propuesta por el actual ejecutivo. Pese a todos los elementos antes señalados, para el Frente Amplio y otros/as parlamentarios/as que apoyaban la posición de la CNT-NO+AFP, y para el movimiento social mismo, no fue posible construir una unidad sustantiva dentro de los partidos políticos de la oposición, develando la fortaleza que todavía disponen aquellas fuerzas de la sociedad chilena que apuestan por perpetuar el Estado subsidiario como forma de organización de la vida colectiva. Si bien es posible apuntar con el dedo a aquellos actores que posibilitaron el acuerdo con el gobierno (principalmente la Democracia Cristiana), acusando que tal movimiento no buscaba más que fortalecer su propia posición en el debate pero sin disputar realmente los términos propuestos por el gobierno, nos parece que tal forma (moral) de leer el escenario es poco efectiva para repensar los dilemas de nuestra interveción política.

Esta situación, al develar que la fuerza propia todavía no resulta suficiente para disputar los términos de una reforma política en curso apunta, más bien, al dilema estratégico que las fuerzas de cambio – tanto los movimientos sociales como aquellas fuerzas de izquierda que posterior al 2011 han apostado por institucionalizarse como actores de la política – deberían seguir considerando como fundamental.

El dilema apuntado refiere a la pregunta central de ¿cómo y dónde se construye la fuerza social y política para superar los límites que el Estado neoliberal como forma de dominación ha impuesto sobre la política? ¿Se juega tal desafío en la construcción de fuerza social químicamente pura, léase, movimiento social a secas? ¿Se juega en la construcción de propuestas programáticas de trasformación, emanadas desde las fuerzas subalternas? ¿O es más bien en la disputa electoral por cupos de representación popular donde se construye tal fuerza? ¿Es este un problema de corte sectorial o refleja más bien un enfrentamiento específico dentro de la correlación de fuerzas general que da forma al escenario social y político chileno?18

La argumentación que hemos sostenido hasta ahora busca proporcionar elementos que sostengan una mirada propia – subalterna – en torno al problema previsional, apuntando a desafíos que el curso reciente del tal conflicto propone para las fuerzas de cambio. Tales consideraciones permiten entroncar la historia reciente del conflicto previsional y los desafíos que de allí emanan, en una ruta más larga de conflictividad social e intentos de emergencia política, que ya acumulan un par de décadas de intentos por impugnar el neoliberalismo en el Chile contemporáneo. Es por eso que apuntaremos a que la pregunta sobre el lugar (en un sentido geográfico) desde donde se podría construir mayor capacidad de fuerza social y política, apunta a una espacialidad que excede al movimiento social organizado en torno al problema previsional y apunta más bien a uno de los principales dilemas estratégicos de las fuerzas de cambio.

5. Expandir la grieta: la izquierda y sus desafíos estratégicos para el futuro inmediato

Atendiendo a la pregunta sobre la estrategia, que anima la actual edición de Revista Rosa, en el presente texto hemos propuesto una lectura sobre los desafíos estratégicos que señala el conflicto previsional para las fuerzas sociales y políticas anidadas en el campo de la izquierda en Chile. La observación desapasionada de las potencialidades y límites de tal conflicto social tiene la intención, además, de proponer al debate político de las y los militantes, cuadros, organizadores/as y activistas de este enfrentamiento específico, diferentes dimensiones del desafío de la construcción de un contrapoder efectivo, que proponemos no se agota en las formas de organización e iniciativas sostenidas hasta ahora.

En tales términos, ¿qué implica, entonces, mirar el conflicto previsional desde una visión estratégica? Proponemos orientar la respuesta a tal pregunta enfocando nuestra mirada a un proceso más amplio. La potencialidad estratégica del conflicto previsional se observa en tanto sus dilemas siguen apuntando a la construcción de una musculatura colectiva que sea capaz de sustentar una lucha política que, además de considerar nuestra presencia simultánea en diferentes planos de conflicto, comprenda el carácter de tal proceso como un enfrentamiento entre fuerzas que se disputan el ordenamiento de un territorio específico: la sociedad chilena en un sentido general.

La construcción colectiva de una mirada estratégica supone la capacidad de conducir la disputa política en una lógica eminentemente confrontacional que se desarrolla (de forma simultánea) en diferentes planos, en la cual la posición dominante atacada está constantemente desplegando esfuerzos por restaurar el orden ya existente. Por eso, creemos que la potencialidad estratégica del conflicto previsional no se agota de forma directa en la posibilidad de construir un sistema de pensiones alternativo. Los desafíos estratégicos que se detectan en su potencia señalan, más bien, las tareas urgentes que encaran las fuerzas de cambio en el futuro inmediato, a saber.

En primera instancia, la dimensión económica del enfrentamiento previsional abre la discusión sobre el modelo de desarrollo y desestabiliza el consenso elitario que ha orientado el debate sobre el curso histórico de la sociedad chilena hacia el mero crecimiento económico. De forma bastante explícita, en el conflicto sobre las pensiones se evidencia una polaridad con ribetes clasistas y feministas, al mostrarse de forma cruda que los intereses del gran empresariado sobre los recursos previsionales son incompatibles con la posibilidad de otorgar seguridad social y acceso a recursos económicos a la mayoría de las y los chilenos en la vejez, con mayor énfasis en el caso de las mujeres.19

En segundo término, la dimensión teórica de los desafíos detectados apunta al desarrollo, desde las fuerzas de izquierda, de una capacidad colectiva para observar de forma autónoma los enfrentamientos específicos en los que se involucran nuestras fuerzas y así dotarlos de potencial de transformación. Precisamos depurar una mirada que ataque directamente el carácter subsidiario que caracteriza hoy, al actuar de lo público, manteniéndolo secuestrado en favor de una estrecha élite empresarial y política. En el caso de las transformaciones posibles del sistema previsional, pero también en otros enfrentamientos, el avance de tal lectura en los diferentes espacios de la vida social nacional se vuelve primordial para orientar el sentido de los cursos de transformaciones que se van abriendo, que de otra forma encuentran fácilmente su resolución en los términos que impone la dominación neoliberal.

En tercer lugar la dimensión propiamente política referida a la construcción de fuerza, apunta al desafío estratégico de construir un actor colectivo denso, que logre vehiculizar puentes entre actores y movimientos sociales, y la política institucionalizada. Que incida en la lucha teórica por las formas de conducción de los enfrentamientos específicos, y que sea capaz de construir sociedad organizada que otorgue fuerza material a nuestras posiciones, a la vez que la capacidad de enfrentamiento efectivo a los destacamentos sociales y políticos que buscarán defender las posiciones de los actores dominantes.

Ello no refiere exclusivamente a, por ejemplo, el papel que la CNT-NO+AFP pueda desempeñar de forma específica en la disputa previsional. Tampoco se refiere con esto a que sea necesario abandonar tales posiciones y otorgar exclusiva centralidad a los partidos políticos o a coaliciones partidarias sobre la acción colectiva, y mucho menos se está pensando de forma exclusiva en la movilización social vinculada a contiendas electorales. Se apunta más bien al desafío de construir un polo amplio, heterogéneo y masivo, de actores sociales y políticos que compartan el impulso por reorientar los consensos básicos del presente neoliberal.

En otros espacios ya hemos sostenido que la posibilidad de constitución de una fuerza social y política como la señalada está anclada en la larga estela de conflictividades que han buscado impugnar el cierre empresarial, tecnocrático y elitario de la política, la economía y la democracia en Chile durante las últimas tres décadas.20 Se trata en suma, de la posibilidad de construir un movimiento popular por los derechos negados en el neoliberalismo, y de instalar una discusión política que ya hemos advertido21 como sugerente para aunar los diferentes esfuerzos de movilización social que hoy se despliegan en diversos campos: la reapropiación social de lo público mediante la ampliación social de la política y la desmercantilización de la vida colectiva, se avizora como el horizonte estratégico para las fuerzas de cambio.

Referencias

Caviedes, Sebastián (2014). Los trabajadores como pilar del sistema financiero. El botín detrás de las AFP. Cuadernos de Coyuntura, 6, 38-49. Santiago: Fundación Nodo XXI. En línea en: http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/CC6-Editado-a4.pdf

CENDA (2012). Resultados para sus afiliados de las AFP y Compañías de Seguros relacionadas con la previsión 1982-2012. Santiago de Chile: Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.

CENDA (2018). IMACEI – Índices Mensuales de Actividad Económica Interna. En línea en: https://www.cendachile.cl/series-cenda/%C3%ADndices-mensuales-de-actividad-econ%C3%B3mica-interna

Ferretti, Pierina & Ruiz, Felipe. Ampliación de la política y desmercantilización de la vida social. Claves para proyectar la superación de neoliberalismo en Chile. En Revista Trama n° 4. Posneoliberalismo: estrategias y perspectivas. En línea en: https://www.revistatrama.cl/

Kermeman, Marco & Gálvez, Recaredo (2019). Pensiones bajo el mínimo, Resultados del sistema de capitalización individual en Chile. Santiago: Fundación Sol. En línea en: http://www.fundacionsol.cl/estudios/pensiones-bajo-el-minimo/

Marín, Juan Carlos (2009). Cuaderno 8. Buenos Aires: Colectivo Ediciones – Picaso Ediciones.

Orellana, Víctor & Arellano, Franciso (2016). Autonomía política: el dilema de la emergencia. En Cuadernos de Coyuntura (13). Santiago: Fundación Nodo XXI. En línea en: http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/CC13_Pol%C3%ADtica..pdf

Ruiz, Felipe (2019). El empresariado del sistema de pensiones en Chile (2000-2018). Tesis para optar al grado de magíster en Ciencias Sociales. Santiago: Universidad de Chile. En línea en: https://www.researchgate.net/project/El-empresariado-del-sistema-de-pensiones-en-Chile-2000-2018

Ruiz, Felipe (2019b). Entrevista a Rodrigo Mundaca: “Hay una discusión estratégica que es clave: la reapropiación social de lo público”. En Cuadernos de Coyuntura (23). Santiago: Fundación Nodo XXI. En línea en: http://www.nodoxxi.cl/rodrigo-mundaca-hay-una-discusion-estrategica-que-es-clave-la-reapropiacion-social-de-lo-publico-que-hoy-nos-es-negado/

Notas