El evento fue realizado el día primero de julio en el Salón de plenarias de la cámara de diputados del ex congreso nacional de Chile y resulta un hito necesario de destacar dentro de la defensa de los Derechos Humanos en el momento contemporáneo. Es que tanto el lleno total de la sala como los compromisos tomados y posiciones expuestas resultan un espaldarazo a las luchas por el fin de la impunidad que están llevando a cabo hace décadas las agrupaciones de sobrevivientes al terrorismo del Estado dictatorial y sus familiares. Lo anterior es central porque implica avances en un ámbito crucial: el efectivo protagonismo de estas agrupaciones, que ha sido eludido por los actores políticos relevantes de los gobiernos posdictatoriales, pone en el centro la construcción de una agenda concreta y acorde a sus posiciones históricas, vinculadas a la obligación del Estado chileno de entregar una justicia y reparación integral.
por Enrique Riobo
Imagen / Cárcel de San Fernando, centro de detención y tortura entre septiembre y noviembre, 1973. Fuente: Wikipedia.
La conmemoración del Día internacional de solidaridad a las víctimas de la tortura fue organizada por la Mesa unitaria de sobrevivientes de prisión política y tortura de Chile, tomando la palabra las dirigentas Vilma Abarzúa[1] y Haydee Oberreuter. También participaron autoridades y actores nacionales e internacionales en la materia como Francisco Ugas (ex Secretario Ejecutivo del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior), Consuelo Contreras (Directora ejecutiva del Instituto nacional de DD.HH.) y Paula Berruti (Oficial de DD.HH. de la oficina regional del alto comisionado de la ONU); así como les parlamentaries Emilia Nuyado (PS), Carmen Hertz (PC), Miguel Crispi (RD) y Claudia Mix (Comunes). Enviaron mensajes audiovisuales Birgit Gerstenberg (Representante del alto comisionado de la ONU para los DD.HH. en América del Sur) y Fabian Salvioli (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).
El evento fue realizado el día primero de julio en el Salón de plenarias de la cámara de diputados del ex congreso nacional de Chile y resulta un hito necesario de destacar dentro de la defensa de los Derechos Humanos en el momento contemporáneo. Es que tanto el lleno total de la sala como los compromisos tomados y posiciones expuestas resultan un espaldarazo a las luchas por el fin de la impunidad que están llevando a cabo hace décadas las agrupaciones de sobrevivientes al terrorismo del Estado dictatorial y sus familiares. Lo anterior es central porque implica avances en un ámbito crucial: el efectivo protagonismo de estas agrupaciones, que ha sido eludido por los actores políticos relevantes de los gobiernos posdictatoriales, pone en el centro la construcción de una agenda concreta y acorde a sus posiciones históricas, vinculadas a la obligación del Estado chileno de entregar una justicia y reparación integral.
Junto a lo anterior, también resulta importante destacar avances en la superación de algunos clivajes que son problemáticos para la concepción actual de los DD.HH. en Chile. En específico, la afirmación de los efectos de la impunidad del terrorismo de Estado en la relativización y continuidad de la tortura en la actualidad fue explicitada; y por lo mismo, se afirmó la necesidad de avanzar en Justicia y Verdad como formas de prevenir este flagelo en la actualidad. En ese sentido, la falsa dicotomía entre violaciones a los derechos humanos en el pasado y en el presente se hace más difícil de sustentar.
Por otro lado, el reconocimiento transversal de las deudas específicas en materia de tortura resulta fundamental para visibilizar a un grupo humano que ha sido postergado en las políticas de reparación y en el acceso a justicia.
La posibilidad de avanzar hacia mayores grados de democratización de la sociedad chilena estriba en la capacidad de poner al centro la defensa y promoción de los DDHH, movimiento que requiere avances concretos y palpables que reduzcan los grados actuales de impunidad. En ese sentido, propuestas como el fin del secreto Valech, la creación de un mecanismo permanente de recalificación, el apoyo estatal para el acceso efectivo a justicia o la actualización y mejoramiento del PRAIS, resultan fundamentales de empujar para lograr construir una agenda verdaderamente democratizadora en el ámbito de los DD.HH.
En definitiva, oponerse a una agenda como esta implica avalar la impunidad y, por lo mismo, actuar en contradicción con la defensa y promoción de los derechos humanos. Será deber del gobierno y del resto de los partidos de la ex Nueva Mayoría el actuar en consonancia con sus compromisos de palabra con la defensa y profundización de los DD.HH. en Chile. El próximo 21 de agosto será posible ver la posición en estas materias del Ministro de justicia y DD.HH., Hernán Larraín, cuando asista a la comisión de DD.HH. y pueblos originarios de la Cámara.
Por nuestra parte, debemos hacer lo posible para promover y fortalecer dicha agenda, que permite esperanzarse en que un diálogo entre actores sociales, políticos y técnicos sea efectivamente fructífero y útil para profundizar nuestra democracia.
Notas:
[1] Lo hizo en calidad de Coordinadora de la Mesa unitaria. Dada la rotatividad de dos meses del cargo, actualmente ya no ocupa ese puesto.
Enrique Riobó Pezoa
Historiador y presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Miembro de Derechos en Común.
