Conflictos socioambientales: entre la propiedad y la renta de la tierra

Ahora bien, sabemos que no existen las correlaciones de fuerza como para que el problema de la propiedad emerja con sentido de realidad. No es puro voluntarismo ingenuo. Pero ello no significa que no se deba situar como marco estratégico, como sí lo entienden los empresarios. Con todo, el mero criterio de correlaciones de fuerza, si bien útil, es insuficiente, todavía demasiado antropológico, porque la situación socioambiental plantea otras urgencias y prioridades, que tal vez se encuentran desajustadas a los ritmos y correlaciones entre fuerzas políticas.

por Javier Zúñiga

Imagen / penitentes en Purico. Fuente: Wikipedia.

“La propiedad de la tierra es la fuente original de toda riqueza y se ha convertido en el gran problema de cuya solución depende el porvenir de la clase obrera”. Marx (1872).

“El desierto crece”. Nietzsche.

1.- El punto de inicio es otra vez una coyuntura: la situación de Osorno[1]. No hace falta extenderse acá sobre lo ocurrido. Basta plantear que este es otro episodio y que no será tampoco el último[2]. Sin embargo, con mucha menos notoriedad mediática, se está produciendo una discusión (que a esta altura ya tiene un par de años) sobre cómo y por qué modificar el Código de Aguas. En ese marco, la semana pasada los principales gremios empresariales del país (CPC, CNC, CCHC, SNA, Sonami y la Asociación de Bancos) pagaron un inserto en El Mercurio en el que sostuvieron: “el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, proveniente del Gobierno anterior, está próximo a pasar a la sala del Senado y convertirse en ley, afectando uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo el país: el derecho de la propiedad. Derecho que, además, es fundamental para resguardar la certeza jurídica.”[3]

Sorprende lo simple de su preocupación: la propiedad y sus condiciones de sostenibilidad en el tiempo. En realidad, frente a cada conflicto o coyuntura socioambiental que emerge con urgencia, lo que se apresuran a cautelar mediáticamente son las prerrogativas empresariales en torno a ella, lo hagan directa o indirectamente “cercando”, por así decir, los caminos que llevan al cuestionamiento del régimen de propiedad vigente: Código de Aguas, prioridades de uso del agua potable y para otros fines, formas de concesión, modos de cooptar a los no propietarios, dinámicas de organización de la fuerza de trabajo en enclaves extractivistas, emplazamiento espacial de proyectos extractivistas, etc. Lo han salido a hacer rápidamente en Osorno. Por supuesto que hay matices, modalidades mucho más concretas de presentarse el antagonismo, pero, se enuncie o no de ese modo, el problema de la propiedad ocupa un papel central en las conflictividades socioambientales.

2.- Ahora bien, habría que preguntarse en virtud de qué mecanismo histórico ocupa ese papel tan preponderante. Sin ir más lejos, la propiedad sobre bienes no reproducibles por el trabajo humano, limitados y además apropiables privadamente, garantizan el acceso a cursos de apropiación de renta de la tierra[4], interés concreto que persiguen los grandes capitalistas que operan en Chile y cuya actividad constituye además la fisonomía socioambiental que se caracteriza como extractivismo[5]. Esta es una premisa de cualquier consideración socioambiental que pretenda ir hacia la raíz del problema. No es lo único a tener en cuenta, pero sí es una clave fundamental, pues el proceso de formación de clases en torno a la producción y apropiación de lo que la lógica empresarial llama “recursos naturales” y la renta de la tierra que brota de esas mercancías, sostiene un metabolismo social-ambiental que es la base a partir de la cual se producen situaciones como la de Osorno, Quintero-Puchuncaví, Petorca, territorios usurpados por forestales, etc. El caso de ESSAL en Osorno, es otro eslabón en el marco de este proceso social y ambiental[6].

El actual régimen de propiedad del agua y sus diferentes mediaciones, como el sistema de concesiones que defiende entre otros Ricardo Lagos, habilita dos tendencias: i) que al apropiar privadamente tierras que ofrecen mejores condiciones (mayor inclinación de los ríos para generación de energía, concentraciones de agua, mejores suelos y climas para cultivo, yacimientos mineros de alta calidad, etc.) e invertir en ellas capitales de mucha mayor productividad respecto a otros capitalistas, obtienen ventajas a la hora de competir y, al beneficiarse de ellas, consolidan grupos económicos de innegable influencia política, como los Luksic, Matte, Angelini o Ponce Lerou ii) que al agudizarse esta primera tendencia gracias al proceso de “apertura” a la inversión privada, cada vez más se reduce la posibilidad de otras formas de propiedad (ya sea estatales, colectivas, comunitarias, etc.), ya que se subordinan al proceso de igualación de tasas de ganancia capitalista los bienes comunes, sometiéndolos a formas de propiedad privada afines a ese propósito. Las formas actuales de propiedad acompañan esa primera tendencia de acumulación capitalista, al mismo tiempo que se van desacoplando otras, como por ejemplo la propiedad estatal, y consolidando tipos específicos de renta de la tierra de la que se benefician distintos capitalistas, como la renta diferencial de tipo I y II[7].

Se referencian estas tendencias porque permiten comprender la orientación del régimen de propiedad y con ello un elemento de fondo para abordar conflictos socioambientales como los mencionados. Se suele encarar la discusión sobre los instrumentos privatizadores del agua y otros bienes comunes, como la Constitución, Códigos, Instituciones como la Dirección General de Aguas, etc., como si se tratara de una discusión de tipo jurídico-administrativa (derogar, reformar, anular…). Y no es que estos dispositivos no sean relevantes, sólo que son inentendibles sin explicitar su vinculación con los mecanismos socioambientales que habilitan la formación y apropiación de renta en sus diferentes tipos.  La renta no es sólo un beneficio económico capitalista, sino que representa modos de relación social, fuerzas motrices que producen a su vez metabolismos socioambientales (como la desertificación, deshielo, contaminación, etc.), como lo atestigua la realidad del país. El despliegue del extractivismo capitalista se organiza a través de la naturaleza, no en contra ni fuera ni junto a ella.

3.- El problema de la propiedad es un nudo cardinal para una estrategia de desmonte de los enclaves extractivistas en Chile. No es, insisto, un asunto jurídico únicamente, sino un modo de cristalizar institucionalmente las operaciones de los grandes capitalistas que parasitan de la renta. Para estos grandes empresarios y su personal político (esta expresión es literal, como lo ha demostrado el financiamiento y pauteo a organizaciones políticas) la conservación del actual régimen de propiedad ha sido central. No así para la izquierda y las múltiples asociaciones que se proponen la confrontación con el extractivismo capitalista. Esta ausencia tiene, considero, una triple genealogía:

a) Las secuelas ideológicas y de sedimentación estratégica que dejó el proceso de radicalización política ocurrido al menos desde finales de los 50, que tuvo en uno de sus centros el cuestionamiento y transformación de la propiedad y sus funciones sociales. Una serie de organizaciones sociales y políticas se constituyeron al alero de la necesidad de reformular la propiedad y su gestión. Avances como la reforma agraria, la propiedad estatal del cobre, banca, el área de propiedad social, pero también otras formas de gestión obrera y popular de la propiedad como las fábricas recuperadas, las tomas de terreno urbano y las “corridas de cerco” en zonas rurales, entre otras acciones. Activismo concluido con el golpe de Estado y que, en ese marco, supuso un sedimento para que las viejas y nuevas formaciones políticas de izquierda se recompusieran y/o renovaran dejando atrás el problema de la propiedad como centro.

b) Desde mediados de los 80 y, sobre todo en los 90 cuando ya fueron gobierno, la Concertación y otras agrupaciones que se asumían a sí mismas en la trayectoria de la izquierda histórica y a la izquierda del consenso de la posdictadura, reconocieron en el cuadro institucional fijado por la Dictadura la medida de lo posible. Sin embargo, en este segundo momento no solo no se asumió la discusión acerca de la propiedad como prioridad, sino que derechamente se dio pie a las privatizaciones (entre ellas las sanitarias, por ejemplo), la apertura extrema a la Inversión Extranjera Directa y la conformación de los principales grupos económicos responsables en ese entonces de los germinales rasgos extractivistas que rigen hasta hoy, producto de matrices “diversificadas” que no hacen más que transformar en mercancía bienes naturales en las condiciones y tendencias que expusimos anteriormente. En realidad, no es que la Concertación y el conjunto de actores del pacto transicional no les ocupara el problema de la propiedad, sino que operaron de hecho en función de consolidarla en su forma privada para afianzar un nuevo proceso de reconfiguración capitalista. Un intenso lobby de ONG’s, organizaciones ambientales y connotadas figuras que encarnaban la voz ecológica, fueron, salvo honrosas excepciones, en los 90 y 00 los portavoces más o menos radicales de ese mismo consenso, reposaron en ese acuerdo estratégico en el no cuestionamiento al régimen de propiedad vigente.

c) El presente ciclo político, sin embargo, a pesar de estar marcado por decenas de movilizaciones ambientales cuyo origen es rastreable incluso a comienzos de los 90 y 00, como el caso de Ralco, no ha puesto en el centro el problema de la propiedad, por lo menos no en un sentido estratégico, conectado de forma directa a otras perspectivas programáticas. Tal vez esto se explica conectándolo con un ciclo aún mayor, de larga duración, de derrota política de la clase trabajadora y las organizaciones de izquierda tras el golpe. Es posible. El Frente Amplio, por ejemplo, tiene en su activo organizaciones ambientales y políticas que reivindican la necesidad de superar el extractivismo, ya sea con formas ambiguas como “cambiar la matriz productiva” o transitar al “posextractivismo”, pero el tema de la propiedad no aparece, menos aún anclado a los patrones que conforman clases sociales en torno a la apropiación de renta de la tierra. Todavía menos entre las organizaciones que se pretenden a la izquierda del FA. Por lo mismo, da la impresión de que el actual ciclo político se configura en base a la ausencia de una fuerza de izquierda (o cualquier variante antiextractivista) que plantee el problema ambiental como un momento necesario para articular una alternativa programática, proyectual y societal que se arroje al desmonte de las actuales formas de propiedad puestas en función de la generación-apropiación de renta.

Es necesario remontar esta ausencia de proyección estratégica.

4.- Ahora bien, sabemos que no existen las correlaciones de fuerza como para que el problema de la propiedad emerja con sentido de realidad. No es puro voluntarismo ingenuo. Pero ello no significa que no se deba situar como marco estratégico, como sí lo entienden los empresarios. Con todo, el mero criterio de correlaciones de fuerza, si bien útil, es insuficiente, todavía demasiado antropológico, porque la situación socioambiental plantea otras urgencias y prioridades, que tal vez se encuentran desajustadas a los ritmos y correlaciones entre fuerzas políticas. La destrucción de glaciares y ecosistemas no puede esperar a que se consoliden fuerzas de cambio para recién enunciar la propiedad como problema. Al mismo tiempo, las proposiciones más estrictamente ambientales, como cualquier perspectiva general de restauración-reparación, inevitablemente pasarán por un momento de cuestionamiento al régimen de propiedad, toda vez que este aparece como puntal que permite la operación extractivista y el consecuente daño ambiental y, en algunos casos, el desastre socioambiental. En ese sentido, cabe preguntarse tanto para las organizaciones de izquierda y las antiextractivistas: ¿por qué negarse al planteamiento sistemático de esta problemática? ¿Se tienen otras visiones que no necesariamente cuestionan el actual régimen? ¿Se considera que no es un tema relevante y, en cambio, tiene mayor rendimiento avocarse a otras tareas para afrontar la situación socioambiental?

Notas

[1] Para apreciar en detalle el cuadro de la situación de Osorno, leer este análisis de MODATIMA https://www.eldesconcierto.cl/2019/07/17/essal-en-osorno-el-sintoma-de-una-enfermedad-de-nivel-nacional/?fbclid=IwAR1tgEqsBrZb9XgGY8EfHBrrPfb02g5DoFJnyCOfSyX6utkPHZQbU29FHIE

[2] Si se desea conocer las propuestas que organizaciones sociales y ambientales están haciendo para salir de la crisis en Osorno, revisar este link: https://resumen.cl/articulos/organizaciones-sociales-de-osorno-piden-la-caducacion-de-la-concesion-del-agua-potable-a-essal/?fbclid=IwAR20VJiOd2OWBFrGKZofapgTuUcSilPNQ3rc5OWFR_u8R1_GQXrvF_uRQZw

[3] https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/07/14/954609/Gremios-empresariales-critican-reforma-al-Codigo-de-Aguas-Seria-un-golpe-muy-grave-para-la-agricultura-chilena.html

[4] Revisar capítulo 14 de La Renta de la tierra. Formas, fuentes y apropiación de Juan Iñigo Carrera. Editorial Imago Mundi, Buenos Aires.

[5] https://mapaconflictos.indh.cl/#/

[6] Para una crítica del proceso de privatizaciones, ver el caso de Aguas Andinas, empresa transnacional propietaria de ESSAL: https://www.revistaposiciones.cl/2018/07/12/privatizacion-de-las-sanitarias-lucro-y-el-rol-del-estado-el-caso-de-aguas-andinas/?fbclid=IwAR24twVGfK200yBknDmMpJ8KVK_F0cUdFiH8PGzkHrJj2qRCocOnv3ZqvNM

[7] Para conocer algunas especificidades de la formación y apropiación de renta en Chile, revisar Debrott, D. (2002). “Soberanía nacional y transnacionalización en la industria del cobre en Chile” en Revista de Economía y Desarrollo. Santiago. LOM. Pp. 87-124. También la referida obra de Juan Iñigo Carrera.