Lo viejo y lo nuevo en el extenso paro docente. Disputas políticas y radicalización

Todas estas características de la presente movilización han sido interpretadas y agitadas por las fuerzas políticas al interior del gremio. Si en algo se caracteriza la docencia es por ser poseedora de una organización altamente politizada, donde las diversas tiendas del sistema político institucional, y varias no institucionales, tienen presencia, inclusive la derecha. Si durante las primeras semanas la urgencia de unidad en la acción invisibilizó las diferencias políticas, lo ocurrido especialmente a partir de la cuarta semana de paro ha sido todo lo contrario, no llegando a las divisiones previas al 2017, pero siendo suficientes como para causar expectación en numerosos sectores que apoyan la movilización, especialmente en la izquierda.

por Christian Matamoros F.

Imagen / movilización docente, Santiago de Chile, 2009. Fuente: Taller Periodismo Dos 4c. 

La extensión del paro docente hacia una quinta semana lo sitúa como una de las paralizaciones más extensas en la historia del gremio (tras la de 1968 y 2015). La excesiva extensión de la medida es una situación cotidiana en las prácticas sindicales de las organizaciones del sector público, donde su pertenencia al área de servicios les impide afectar rápidamente el sistema productivo. Esta extensión termina generando un malestar en una parte de la población usuaria, lo que es utilizado por los diversos gobiernos para presionar a terminar con la medida. Bien lo han sabido los trabajadores de la salud. No obstante, en esta paralización los profesores han logrado ganarse el respaldo de una parte importante de la población. Los repertorios creativos y mediáticos de las primeras semanas, especialmente los videos musicalizados con conocidas canciones, permitieron ganar un respaldo inclusive reconocido por la encuesta CADEM, que cifró el apoyo en cerca de un 70%. Sin duda que la arrogancia y la “displicencia” de la ministra Cubillos han contribuido bastante a que la satanización que los diversos gobiernos realizan a las paralizaciones del sector público no tenga los efectos esperados.

Quienes hoy se encuentran en paro no son todos los profesores. La medida implica a un poco más de un tercio de los 220 mil profesores existentes en el país. El Colegio de Profesores, principalmente como resultado del Estatuto Docente del año 1991, agrupa básicamente a profesores de establecimientos municipales, teniendo escasa vinculación con el 46% que trabaja en establecimientos subvencionados y el 10% del sector particular pagado, los que se organizan en sindicatos al igual que el resto de la clase trabajadora de empresas privadas. Esta composición lleva a que la medida afecte a los niños más populares de la población, lo que haría que el discurso de satanización tenga mayor sintonía con la idea de crisis de la educación pública. No obstante, los diversos sindicatos del sector subvencionado y particular han intentado sumarse a esta movilización, a veces de forma discursiva, pero en otras participando de paros en días puntuales[1].

En sentido político, no ha sido fácil esta movilización. Por lo general los gremios del sector público, han disminuido sus prácticas conflictivas durante los gobiernos de derecha, debido a que gran parte de su ejercicio sindical, el que está prohibido legalmente, está basado en relaciones clientelares generadas con los gobiernos posdictatoriales de la Concertación. En breves palabras, los gobiernos de la Concertación permitieron el ejercicio sindical de las Asociaciones del sector público porque existió una coincidencia político-partidaria con las conducciones gremiales, reflejadas cabalmente en lo ocurrido en el Colegio de Profesores con la conducción de Osvaldo Verdugo (DC) en los años 1990-1995. Esto también ha ocurrido en numerosos municipios, situación diversa a las comunas controladas por la derecha, donde los comunales han debido sortear diversos obstáculos y persecuciones para poder movilizarse. En este sentido es destacable la movilización docente, al saber de antemano que se enfrentarían a un gobierno reacio a establecer negociaciones y donde el resto de los gremios públicos se mantuvieron pasivos en el anterior gobierno de Piñera y en lo que va corrido de este (salvo la importante huelga del Registro Civil en el 2013).

La movilización actual ha tenido algunas características particulares, ya sea en sus demandas, como también en los sectores del magisterio municipal que ha presentado mayor activismo. Los procesos huelguísticos de los docentes, al igual como la mayor parte del resto de los trabajadores, han estado limitados históricamente, en la mayoría de los casos, a aspectos salariales. Esa fue la centralidad de los conflictos de los años noventa y la primera década del siglo XXI. No obstante, el presente conflicto ha tenido dentro de sus principales reivindicaciones a las condiciones laborales (Carrera docente, doble evaluación, agobio, etc.), por lo que más bien es coincidente con los conflictos suscitados en los últimos años del gobierno de Lagos (evaluación docente) y el extenso paro del año 2015 (por la Carrera Docente). También ha estado dentro de las reivindicaciones las temáticas propiamente pedagógicas, como ha sido el rechazo a la reforma curricular, que pretende eliminar la obligatoriedad de las asignaturas de Historia, Artes y Educación Física en 3° y 4° medio. Esta demanda ha sido bastante dinamizadora, pues ha generado condiciones de posibilidad para que la movilización se pueda transformar en un “movimiento pedagógico” y al mismo tiempo, ha contribuido a la formación de la identidad de los estudiantes de pedagogía en una clave educativa, pero también sindical, desplazando los relatos profesionalizantes. Si bien es cierto, las reivindicaciones vinculadas a aspectos económicos no han estado completamente ausentes, estas han sido bastante particulares. En primer lugar, está la conocida la “deuda histórica”, negada por todos los gobiernos posdictatoriales, pero reconocida por diversas entidades internacionales, lo que no ha impedido en que se haya transformado en una reivindicación permanente en las últimas cuatro décadas[2]. Si bien es cierto, existen escasas posibilidades de lograr el pago de esta millonaria deuda, esta reivindicación está anclada en la memoria histórica del magisterio chileno. Cuando la anterior conducción del Colegio la eliminó arbitrariamente de los puntos del petitorio, le significó una gran pérdida de respaldo. Finalmente, el pago de la mención para las educadoras de párvulo y diferenciales si bien es una demanda salarial, se transforma en una muestra de solidaridad de clase, pues afecta a un sector específico de los educadores, minoritario, pero de todas formas se ha logrado transformar en una demanda central, principalmente por identificarla como una discriminación de género, ya que principalmente afecta a mujeres educadoras, quienes no son consideradas como poseedoras de una especialidad, pues sus roles son asociados a labores maternales y no propios de una disciplina específica. Nos atrevemos a considerar, que el pago de la mención y el retiro de la reforma curricular serán los puntos medulares de la resolución del conflicto, es decir una exigencia de solidaridad de clase entre los educadores y una reivindicación de tipo pedagógico (curricular), exigencias bastante alejadas del clásico reajuste salarial.

En cuanto a los repertorios de acción, esta paralización también ha tenido aspectos particulares, especialmente por la escasa participación a nivel de la Región Metropolitana, bastión clásico de la izquierda (PC y otros), pero que, en esta ocasión, salvo comunales puntuales, ha estado bastante alejada del activismo de regiones como Antofagasta, Valparaíso o Biobío. Por otro lado, haciendo una comparación con una parte importante del sindicalismo, los docentes han demostrado un mayor carácter de base en su movilización, lo que es continuidad de las movilizaciones de los años anteriores, lo que da pie para hablar de un ciclo de movilizaciones docentes abierto con la “rebelión de las bases” del 2014 y aún no cerrado. No son sólo un puñado de dirigentes los que han estado en primera fila, son docentes de base, de escuelas de los más recónditos lugares, los que mediante repertorios bastante ciudadanos, mediáticos y pedagógicos lograron ganar la adhesión de la población. Videos, sketchs, etc., fueron la tónica de las primeras semanas, las que se fueron combinando con masivas marchas y movilizaciones, las mayores en Santiago y Valparaíso. No obstante, a partir de la cuarta semana de paro, las acciones se radicalizaron. Numerosos cortes de calle y de ruta emergieron en San Bernardo, Calbuco y Maullín, mientras que en Antofagasta, Tocopilla, Osorno, Frutillar y Puerto Varas los docentes levantaron barricadas para manifestar su hastío a la indiferencia del gobierno. De esta forma, el sindicalismo docente consolida estas prácticas que habían aparecido por primera vez en el año 2009 y se habían replicado en las movilizaciones de los años 2014-2015, similares a las ejercidas por subcontratos mineros, forestales y salmoneros desde el año 2006, y por otros sectores en los años siguientes. No obstante, estas prácticas radicales han sido ejercidas solo por un sector del magisterio movilizado, pero se han desarrollado de forma alternadas a otras más ciudadanas y a otras más combativas, como las tomas de las Secretarias Regionales de Educación en Santiago, Valparaíso y Puerto Montt. A diferencia de las voces moderadas, incluidas algunas de izquierda, estas prácticas radicales no han llevado a la pérdida del apoyo al paro, ni tampoco a la autocomplacencia de la izquierda revolucionaria (fragmentada y con poca presencia), sino que al haber sido realizadas en una coyuntura donde todos los caminos de diálogo habían sido estériles, produjeron el respaldo de amplios sectores del magisterio, quienes tal vez no estén dispuestos a realizarlas, pero si a respaldarlas como acciones legitimas frente a la “displicencia” ministerial. La solidaridad de familias y vecinos en los cacerolazos nacionales ha sido la mejor muestra del apoyo transversal a la movilización y sus repertorios de acción.

Todas estas características de la presente movilización han sido interpretadas y agitadas por las fuerzas políticas al interior del gremio. Si en algo se caracteriza la docencia es por ser poseedora de una organización altamente politizada, donde las diversas tiendas del sistema político institucional, y varias no institucionales, tienen presencia, inclusive la derecha[3]. Si durante las primeras semanas la urgencia de unidad en la acción invisibilizó las diferencias políticas, lo ocurrido especialmente a partir de la cuarta semana de paro ha sido todo lo contrario, no llegando a las divisiones previas al 2017, pero siendo suficientes como para causar expectación en numerosos sectores que apoyan la movilización, especialmente en la izquierda. Hasta el año 2016, el Colegio de Profesores estuvo conducido por sectores de la Nueva Mayoría, específicamente por Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista. Las serias críticas hacia su gestión, iniciada en 2007, provocaron que a fines del 2016 se estructurara una amplia lista llamada “Disidentes Unidos” conformada por tres grandes sectores: “Refundación” liderado por el militante del Partido Humanista Mario Aguilar, “Fuerza Social” originada a partir de un importante desprendimiento del magisterio comunista en el año 2003, cuya principal figura era Darío Vásquez, y pequeños sectores de izquierda, cuya principal figura emergente era Eduardo González (líder del Movimiento por la Unidad Docente, MUD). Estas diversas fuerzas tenían importantes diferencias entre sí, teniendo como punto común el rechazo a la gestión de Gajardo, objetivo que posibilitó la unidad y el triunfo en las elecciones del directorio nacional y de numerosos regionales, provinciales y comunales.

Una vez asumida la nueva conducción, se comenzaron a ver las diferencias, las que durante estas cinco semanas de paralización se han acentuado producto de la coyuntura obvia que implica este tipo de movilización, la que pone en tensión a las conducciones, pudiendo ganar la adhesión o el rechazo de las bases. Si bien se habría esperado que los sectores políticos que participan dentro del Frente Amplio hubiesen desarrollado un actuar más homogéneo la paralización ha mostrado las profundas diferencias entre los docentes que componen esa coalición electoral. Por un lado, la conducción de Aguilar siempre fue reticente a la movilización, a pesar de respetar la decisión de las bases (ese ha sido su principal discurso agitativo). Pero una vez iniciado el paro mostró una excesiva moderación, criticando a la docente que increpó y grabó a la ministra Cubillos en el cementerio, no tomando en consideración la exigencia del rechazo de la ley Aula Segura, que persigue a los estudiantes movilizados, provocando una mayor distancia del Colegio con este sector, y, por último, incluyendo una tercera opción en la última consulta nacional respecto a si aceptar o rechazar la respuesta del Ministerio, lo que otorgaba mayores posibilidades a la opción de suspender el paro. Por otro lado, el sector de izquierda liderado por González ha sido bastante activo en la paralización, tendiendo a dar pasos hacia la conformación de un “movimiento pedagógico” con otros actores de la comunidad educativa, pero ‒a diferencia como lo pensaron otros en años anteriores‒ en estricta relación con el movimiento sindical, es decir sintetizando la identidad pedagógica con la de trabajador. Por último, y lo que más ha llamado la atención a la izquierda, es que a partir de la cuarta semana el magisterio comunista (PC) ha mostrado una importante reactivación, principalmente por haber respaldado el paro desde el primer minuto, pero también por haber impregnado la movilización con prácticas más rupturistas a las del pacifista Aguilar[4]. Rápidamente el magisterio PC, con una sólida estructura orgánica a nivel nacional, salió a respaldar a la profesora que increpó a Cubillos. Fueron también responsables de la “funa” a Piñera en un acto en Maipú y llamaron, mediante Gajardo, a mantener el paro, cuando la conducción nacional no se pronunciaba públicamente, mientras que a la interna hacía lo posible por suspender la medida. Esta mayor “combatividad” no deja de tener un carácter oportunista al desarrollarse más que nada por existir un gobierno de derecha, ya que varias de las reivindicaciones exigidas fueron suscritas cuando el PC conducía el gremio, y cuando Gajardo sin escuchar a las bases impidió una movilización que conflictuara con el segundo gobierno de Bachelet.

Estas diversas tensiones, disputas y pugnas no son nuevas en la docencia. Sus debates y combates no representan intentos divisionistas, sino el ejercicio propio de un sindicalismo altamente vinculado a las organizaciones políticas durante toda su historia. Por esto, las disputas no pueden ser satanizadas como divisionistas, como antes lo hizo Gajardo y ahora lo hace Aguilar. Por el bien de la movilización, el magisterio y el sindicalismo chileno sería provechoso que fueran conocidas por el conjunto de la clase trabajadora, como una contribución a la politización de las luchas y al fortalecimiento ideológico, especialmente de la izquierda que busca cambios revolucionarios en educación y el mundo del trabajo.

Notas

[1] En Chile existen cientos de sindicatos en establecimientos privados, los que agrupan no solo a docentes, pero estos son el componente principal. Además, existen decenas de Federaciones, pero no se ha logrado avanzar en procesos unitarios de tipo nacional, ni arraigados. La tarea de conformar una gran Confederación Nacional de este sector se presenta como urgente, pues es este tipo de establecimientos donde trabaja el mayor porcentaje de profesores.

[2] La millonaria “deuda histórica” que sostiene el Estado con miles de profesores, en su mayoría jubilados, se arrastra desde los traspasos de los establecimientos a inicios de los ´80. Al pasar desde el Ministerio de Educación a los diversos municipios, los profesores dejaron de percibir incrementos salariales que continuaron recibiendo el resto de los trabajadores públicos.

[3] Sobre este punto, el de las fuerzas políticas, nos referiremos más que nada a nivel de lo que ocurre a nivel nacional. Si bien es cierto, lo nacional es resultado de la situación a nivel más local, esto no niega que existan particularidades a nivel de las conducciones regionales, provinciales y comunales.

[4] Estas prácticas son de antigua data y han incluido huelgas de hambre, tomas de dependencias públicas, etc. Algunas de estas las hemos estudiado en Christián Matamoros, «Tensiones en el sindicalismo docente durante el gobierno de Lagos. 2000-2005», en Julio Pinto, José Ponce y Camilo Santibáñez (comps.), Trabajadoras y trabajadores. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno. 1979-2017, Editorial América en Movimiento, Valparaíso, 2017, pp. 203-241.