¿Qué alternativas para una izquierda verde?

Si es que en algún momento hablar en Chile de un “Green New Deal” o cualquier política socioambiental con perspectiva de totalidad, no podrá ser sólo una apelación a la (buena) voluntad empresarial. Esto es tan obvio de advertir como fácil de plantear por algunas agrupaciones, porque parecieran codificar de ese modo los llamados de Greta Thunberg o las advertencias de la ONU. Incluso, cuando se va más lejos, se apela a los gobiernos para que se atengan al Acuerdo de París (que sigue siendo mínimo y apegado a un cuadro neoliberal). De todas maneras, ninguna forma de voluntarismo tendrá rendimiento para afrontar la situación.

por Javier Zúñiga Tapia

Imagen / acción en pos del Green New Deal, en Seattle, EEUU. Fuente: Backbone Campaign

El presente de los conflictos socioambientales está marcado por la apertura de un ciclo en el que la disputa por los significados y orientaciones de la emergencia ambiental adquieren un alcance mundial. Pero han sido dos grandes figuras las que hasta ahora habían trazado las principales demarcaciones del debate. Por un lado, el Papa Francisco en 2015 y la encíclica “laudato si”, sosteniendo que son necesarias reformas. Por otro lado, el ascenso presidencial de Donald Trump en 2016 y la entronización del negacionismo del cambio climático en el Estado más poderoso del mundo. Sin embargo, estos dos estados y focos ideológicos no han sido los únicos con alcance mundial, a ellos se suman hoy grupos y manifestaciones como el Friday For Future, Extinction Rebellion e incluso algunos sectores de “chalecos amarillos”. Por su parte, en muchos casos junto a estos últimos, la izquierda europea y estadounidense se está interrogando sobre las formas de responer programáticamente lo que estos movimientos de masas plantean.

En este concierto de actores, ha tomado fuerza la proposición de un “Green New Deal”. Rememorando el “New Deal” de EEUU en los años treinta y sus implicancias a nivel industrial, laboral, electoral, político, etc., se propone reformular una política general frente a la emergencia socioambiental. La izquierda del Partido Demócrata en EEUU, el laborismo de Corbyn, las agrupaciones de Francia Insumisa e incluso Podemos a su manera, hacen eco de este horizonte.

Generar miles de empleos a partir de obras de infraestructura pública “verde” o desde empresas que aprueben la condición de no tener efectos contaminantes; aplicación de impuestos, crítica al crecimiento económico como patrón de medición de bienestar; descarbonizar; mitigar el cambio climático; restauración de zonas afectadas; denuncia general a la sociedad basada en hidrocarburos, etc. Todas aparecen como medidas orientadas por un criterio de largo plazo: la sostenibilidad de la actividad humana en el planeta, aunque también en lo inmediato responden a reivindicaciones sentidas por los sectores obreros más precarizados: empleos y garantías de condiciones mínimas para la reproducción de una vida digna.

Sin duda que todas estas medidas habilitan una conexión (al menos potencial) entre la izquierda y las organizaciones sociales. De hecho, esta conexión es un elemento indispensable para su recomposición, pues permite responder sin utopismos a cuestiones que preocupan y afectan a millones de personas, sin perder por ello una perspectiva radical de cambio. En este marco se puede volver a sostener un programa de transformaciones posibles y urgentes, que junto con responder con autonomía a las agendas de Trump, la extrema derecha o el neoliberalismo progresista, se enlace con una crítica directa a uno de los núcleos más indispensables para la sociedad del capital.

Otro factor a considerar es que, objetivamente, las problemáticas socioambientales no tienen fronteras. Resultan por ello un avance, aunque todavía incipiente, los niveles de coordinación internacional de movimientos como el FFF y de otras iniciativas. Con todo, más relevante aún es que el calentamiento global, la contaminación oceánica y atmosférica, el derretimiento de los polos y glaciares, la desertificación por la actividad empresarial, etc., requieren respuestas que incluyan los territorios estatales, pero necesariamente deben ir más allá de estos para tener efectividad. El llamado “capitaloceno” o cuando el capital se convierte en una fuerza geológica, constituye un campo para un movimiento de carácter internacionalista que le dé respuesta común por parte de los pueblos afectados, ya no simplemente en su clave de “problema global”.

Cinzia Arruza y otras teóricas han afirmado que el movimiento feminista es un momento más en el contexto de un proceso de formación de clase. Estos es, siguiendo a E. P. Thompson, un ciclo de lucha y experiencias comunes de la clase trabajadora que se subjetivan como tal o al menos tienden a hacerlo (modos de vida compartidos, cultura e intereses, como se argumenta en el “18 Brumario” de Marx). En cualquier caso, lo decisivo es el nodo conflictual del que emana la actividad de lucha, el cual, independiente de cómo se lo represente circunstancialmente, emerge como horizonte del cual hacerse cargo: las necesidades del capital para su reproducción. Lo mismo puede decirse de la conflictividad socioambiental.

Las dinámicas de conflicto socioambiental, como las del movimiento feminista, interpelan a la izquierda en sus nociones restrictas o esencialistas sobre la clase. Otra vez, una oportunidad para su recomposición teórica, estratégica y orgánica a partir de las formas que está asumiendo el conflicto social. La experiencia de Europa y EEUU a este respecto, será muy valiosa y el “Green New Deal” un esfuerzo del cual tomar nota. Sin embargo, en relación a América Latina, cuesta mucho pensar en la importación del concepto. Primero, por las características tan disímiles de sus formaciones sociales y sus historias institucionales. Segundo, por la ineludible presencia en la izquierda, haya o no participado directamente, del ciclo progresista y sus gobiernos, en tanto estos no sólo no tuvieron las preocupaciones socioambientales entre sus prioridades, sino que en algunos casos relanzaron el extractivismo capitalista y ampliaron hasta el día de hoy los nichos naturales para la acumulación. A pesar de reconocer que este ciclo revela la complejidad de los procesos de cambio, sin duda alguna requiere aún de críticas y autocríticas.

Si es que en algún momento hablar en Chile de un “Green New Deal” o cualquier política socioambiental con perspectiva de totalidad, no podrá ser sólo una apelación a la (buena) voluntad empresarial. Esto es tan obvio de advertir como fácil de plantear por algunas agrupaciones, porque parecieran codificar de ese modo los llamados de Greta Thunberg o las advertencias de la ONU. Incluso, cuando se va más lejos, se apela a los gobiernos para que se atengan al Acuerdo de París (que sigue siendo mínimo y apegado a un cuadro neoliberal). De todas maneras, ninguna forma de voluntarismo tendrá rendimiento para afrontar la situación.

En mi opinión, se trata de asumir la presencia del conflicto como punto de partida de cualquier proposición. Es la actualidad de la Gran Política, ya no sólo referida a la creación-destrucción de Estados, sino también a las formas en que se organiza la vida social. En ese sentido, un cambio socioambiental de fondo, una transformación metabólica general del territorio, necesita una política de desmonte de los núcleos que organizan las formas actuales. Uno de estos núcleos es la actividad que se orienta en torno a la apropiación de renta de la tierra, principal dinámica responsable de la precarización socioambiental; el otro núcleo es la propiedad de los rentistas mismos, capitalistas que pueden usufructuar del dominio sobre bienes comunes o no reproducibles por el trabajo humano. Sectores cuya actividad concreta rentista no puede en modo alguno obviarse porque configuran lógicas de poder que atraviesan ámbitos estratégicos de la sociedad, desde el cruce con el capital financiero, las relaciones laborales del país, hasta los marcos institucionales que habilitan los campos decisionales del Estado. No obstante, desde muchos grupos ambientalistas (y de izquierda) esto se pasa por alto o minimiza.

Por lo tanto, la impugnación de este poder desde una crítica socioambiental supone un proceso político que redefina la política en general. Transitar del momento de formación de clase hacia un nueva demarcación del campo estratégico: orientaciones para una pugna entre clases; activar el problema de la(s) transición(es) -no sólo “posneoliberales” sino de mecanismos de desmonte del capitaloceno-; la apertura del problema de la propiedad (cuestión largamente sedimentada en la izquierda); la gestión y división del trabajo social; el problema del Estado como realidad política, social y económica; el papel de las organizaciones sociales y políticas en perspectiva de ruptura con el poder rentista y de quienes se benefician de los cursos de apropación de renta, etc. Todas estas perspectivas, por mencionar algunas que considero cardinales, figuran como contenidos concretos de un programa socioambiental, como tal vez aspira a ser el “Green New Deal”. Y sobre ello hay que debatir, antes que sobre el efectismo de las consignas.

Para terminar, cabe mencionar algunos ejes que pueden contribuir a perfilar una “izquierda verde” en Chile: a) expropiación de la propiedad rentista, centralización de dichos capitales como propiedad social-pública y combinación con formas de propiedad comunitaria y otras formas colectivas b) relocalización de los trabajadores empleados en enclaves productivos de alto impacto ambiental; generación de “empleos verdes” en condiciones de trabajo que puedan ser establecidas y fiscalizadas por los trabajadores c) gestión y planificación democrática del trabajo social, con deliberación y decsión sobre los proyectos productivos a seguir y planificación diferenciada por escalas, pertinencia y viabilidad (apoyo en el municipalismo) d) transiciones energéticas basadas en la descarbonización y el fin de la termoelectricidad; tendencia a la desvinculación de combustibles fósiles; constuir y diseñar nuevas infraestructuras y, sobre todo, determinar para qué se produce energía e) políticas centralizadas de restauación y regeneración ecosistémica y de mitigación del cambio climático f) reformulación de las instituciones públicas de evaluación, fiscalización y sanción de impacto ambiental y de aquellas que entregan derechos de propiedad y usufructo g) educación ambiental en todos los niveles y preparación cívica para las tareas de gestipon, deliberación, diseño, planificación, etc.

Es evidente que acá se esbozan perspectivas, imposibles sin considerar que en el presente hay agrupaciones que impulsan agendas y reivindicaciones mucho más orientadas por problemas y correlaciones de fuerza inmediatas: políticas de derogación de instrumentos privatizadores, anulación de los decretos con fuerza de Ley en minería y el sector forestal, soberanía alimentaria, etc. Sin embargo, es necesario plantear otras orientaciones que puedan tener un alcance tal vez estratégico, para complementar y dar densidad a ese presente o, por lo menos, contribuir a la discusión pública y colectiva frente a la emergencia ambiental. Por lo mismo, antes de importar acríticamente programas o reactualizaciones tan amplias como imprecisas de la intención de “cambiar la matriz productiva”, conviene más profundizar en lo que ya se viene trabajando desde hace años. Debatir la potencialidad radical del momento presente y las agrupaciones que lo encarnan antes que editar las nuevas consignas y formas del marketing político.