Contra el Partido Cartel

Por mucho tiempo los partidos de masas de la izquierda clásica mantuvieron una dualidad entre una militancia anclada en luchas sociales y una militancia profesionalizada orientada hacia el Estado. El declive del movimiento popular de siglo XX seguido de los posteriores procesos de reconversión ideológica de varios partidos de izquierda en el mundo facilitó el dominio del segundo tipo de militancia y consecuentemente la irrupción de organizaciones cuyo paradigma militante pasó a ser el funcionario público. Coherentemente, las prioridades y objetivos de los partidos también evolucionaron alejándose de luchas sociales y priorizando la mantención de las posiciones adquiridas en el Estado.

por Juan Pablo Miranda O.

Imagen / graffitti en Psirri, Atenas, Grecia. Fuente: Aesthetics of crisis (Flickr)

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Introducción

Uno de los procesos políticos contemporáneos más relevantes y menos interiorizados por las fuerzas emergentes refiere a la estatización de los principales partidos de la izquierda tradicional, vale decir, a la progresiva difuminación de los límites que separan a las organizaciones políticas de las funciones relacionadas con la administración del Estado y sus instituciones. Este proceso ha sido un tema prioritario para la ciencia política, principalmente a través del trabajo de Katz y Mair (1995), quienes ya a mediados de los 90s señalaron la emergencia del partido cartel, el cual se ha vuelto hegemónico en varias democracias occidentales. Los partidos cartel o carteles de partidos tienen al menos dos cualidades relevantes además de la ya mencionada difuminación de las fronteras entre partido y Estado. Primero, la total o casi total pérdida de raíces dentro de la sociedad civil y, segundo, la adopción de acuerdos formales e informales que le permiten a los partidos pertenecientes al cartel obtener recursos públicos y mantener posiciones en el Estado con independencia de los vaivenes electorales. La cartelización o estatización, como se prefiera, de los partidos de izquierda constituye el resultado de un largo camino de disociación entre la política y la sociedad civil del cual Chile no ha estado exento. Sus consecuencias, sin embargo, han sido poco problematizadas, especialmente por parte de la izquierda emergente.

La principal preocupación para la ciencia política sobre cartelización de los partidos se centra en su efecto negativo en la gobernabilidad de los países, puesto que la ausencia de raíces en la sociedad civil dificulta el procesamiento de las demandas sociales dentro del sistema político. En cambio, para las fuerzas emergentes de izquierda el largo proceso de estatización de la política representa una de las pesadas herencias que todavía se arrastran de la izquierda del siglo XX, la cual dificulta la posibilidad de superar una política parlamentarizada que se erige como casi incontestable y profundamente normalizada, incluso por las nuevas generaciones de militantes.

Este breve texto difícilmente podría hacerse cargo de los principales desafíos que enfrenta la izquierda emergente. No obstante, sí se propone revisar los procesos de estatización tanto de los partidos políticos a nivel general como para el caso chileno, así como de sus consecuencias para una política que busque reconstituir el vínculo entre política y sociedad.

I

Prácticamente la totalidad de quienes han escrito sobre la evolución general de los partidos en las democracias occidentales concuerdan en la misma historia. Los partidos políticos no pasaban de articulaciones endebles de parlamentarios y comités de ciudadanos notables hasta la irrupción de los partidos obreros y la organización masiva de sectores sociales excluidos formalmente de la política. La irrupción de los partidos socialdemócratas, comunistas o laboristas no solo significó ampliar el espectro social formalmente representando en el sistema político, sino que también implicó repensar lo que hasta ese entonces se entendía por un partido. Sin dejar de lado las notorias diferencias entre las formas de organización de los partidos socialistas y laboristas, más orientado a las instituciones de representación, y los partidos comunistas, más orientados a la lucha social y clandestina, los partidos de izquierda tradicional avanzaron en organizaciones masivas que no solo asumían la responsabilidad de dirigir y representar a los sectores sociales en los que se anclaban, sino que también asumían labores de formación y organización de una militancia que comúnmente se encontraba inserta en la sociedad y sus organizaciones (Duverger, 2012). No obstante, el vínculo orgánico entre izquierda y movimiento popular no tardó en diluirse ante el avance de una política que priorizó el éxito electoral a costa de la difuminación de su identidad política. Los partidos de masas fueron paulatinamente reemplazados por lo que la ciencia política setentera y ochentera denominó como partidos atrápalo todo o partidos profesionales electorales (Kirchheimer, 1966; Panebianco, 1990).

Ya en los 60s Michels (1962) postulaba su ley de hierro en referencia a la inevitabilidad de la burocratización y moderación ideológica de los partidos de izquierda y organizaciones sindicales ante el acceso a cuotas de poder, especialmente en el marco del Estado. No sin cuestionar el determinismo de Michels, el argumento que se desprende de este tipo de planteamientos no es complejo y puede ser útil para entender algunas de las consecuencias de la estatización de los partidos de izquierda. Primero, el acceso al Estado no es una experiencia homogénea dentro del partido. Son ciertos militantes, los cuales generalmente ocupan posiciones de responsabilidad, quienes acceden al Estado y por tanto a sus recursos y lógicas. De esta manera, la experiencia estatal acentúa diferencias entre una militancia anclada en luchas sociales y aquella inserta dentro del aparato estatal, tanto en sus experiencias políticas como en sus espacios de socialización. Segundo, el acceso del partido al Estado, especialmente cuando éste se mantiene por largo tiempo, tiene un efecto en el perfil del militante, el cual tiende a la profesionalización y se forma políticamente en el marco de la administración pública.

Por mucho tiempo los partidos de masas de la izquierda clásica mantuvieron una dualidad entre una militancia anclada en luchas sociales y una militancia profesionalizada orientada hacia el Estado. El declive del movimiento popular de siglo XX seguido de los posteriores procesos de reconversión ideológica de varios partidos de izquierda en el mundo facilitó el dominio del segundo tipo de militancia y consecuentemente la irrupción de organizaciones cuyo paradigma militante pasó a ser el funcionario público (Piñeiro and Rosenblatt, 2017). Coherentemente, las prioridades y objetivos de los partidos también evolucionaron alejándose de luchas sociales y priorizando la mantención de las posiciones adquiridas en el Estado.

De este argumento no debe deducirse mecánicamente que los partidos al priorizar la cooptación estatal como meta política inmediatamente abandonaron sus raíces sociales. La cartelización de los partidos descrita por Katz y Mair fue un proceso de largo aliento que tuvo varias etapas intermedias. Por mucho tiempo la inserción del partido en espacios sociales no solo permitía tener control de dichos espacios, sino que también representaba un apoyo importante en los esfuerzos electorales de los partidos de izquierda. Por el contrario, la principal característica de una política “estatizada” es la orientación de todos los recursos disponibles, sociales e institucionales, hacia un mejor acomodo dentro del Estado, puesto que sólo desde sus lógicas y recursos es que cualquier transformación política es viable. La dimensión social de la militancia no se encuentra por tanto ausente, pero sí adquiere una relevancia de segundo orden.

Esta salvedad es relevante no solo como acotación conceptual, sino porque evidencia el carácter progresivo del proceso de cartelización de los partidos políticos. Para las fuerzas emergentes de izquierda, especialmente para aquellas como el Frente Amplio chileno que recientemente ingresaron a la política institucional, el carácter evolutivo de este proceso debe ser interiorizado como una advertencia de lo que puede ocurrir en cualquier organización que diluye o relativa sus vínculos con la sociedad al momento de ingresar al Estado.

II

A pesar de la notoria exclusión formal e informal de amplios sectores sociales, durante buena parte del siglo XX el sistema de partidos chileno fue alabado por su relativa estabilidad en el contexto latinoamericano e incluso se lo comparó con los sistemas europeos. El fuerte anclaje de los principales partidos de la época en la sociedad civil y sus organizaciones les permitió erigirse como pilares de la vida política, social y cultural del país. Es por estas razones que la extrema disociación de partidos como el socialista de los espacios y sectores sociales que lo caracterizaron durante gran parte de su historia ha sido un tema de extensa revisión en los últimos años, especialmente desde la irrupción de movimientos sociales con crecientes niveles de autonomía y rechazo de las dirigencias partidistas tradicionales.

A esta altura, no está en discusión que el quiebre de los partidos de la Concertación con el movimiento popular que impulsó la oposición a la dictadura fue parte de un diseño de cómo debía avanzar la transición hacia la democracia. Los movimientos sociales, ya sean estudiantiles, feministas, sindicales o poblacionales, suponían un peligro para la gobernabilidad transicional y por tanto debían ser desactivados al mismo tiempo que la política se trasladaba hacia el Estado. De esta manera, la disociación de partidos y sociedad no es sólo resultado de un momento histórico particularmente hostil para la construcción social de base, sino también el producto de decisiones conscientes de dirigentes partidistas.

No obstante, en el momento en que la Concertación optó por prescindir de los movimientos sociales y enclaustrarse en el Estado se iniciaron dos procesos paralelos cuyos resultados difícilmente fueron previsibles a inicios de la transición. Primero, al igual que varios partidos socialdemócratas en el mundo, el perfil de la militancia de los partidos de la Concertación evolucionó desde el luchador social hacia el profesional del Estado. Este proceso no debería extrañar a nadie, puesto que si los principales espacios de militancia durante los 80s se encontraban en las distintas organizaciones sociales opositoras a la dictadura, durante los 90s y 2000s los espacios más relevantes de socialización política se encontraban en la administración pública.

En segundo lugar, la pérdida de raíces en la sociedad civil por parte de los partidos de la Concertación, especialmente de su ala de “izquierda”, también tuvo consecuencias en la convivencia interna al acrecentar la brecha entre las dirigencias abocadas hacia el Estado y las bases sociales que permanecieron dentro del partido. El rol de estas últimos fue crucial a la hora de contener los distintos brotes de movilización durante buena parte de los gobiernos de la Concertación, por lo que el alejamiento de las direcciones partidistas de sus bases sociales, ya de por sí menguadas por años de gobierno, supuso un obstáculo extra a la hora de procesar nuevas demandas sociales en el marco del pacto de la transición.

A pesar de que el concepto todavía es poco utilizado en Chile, nuestro sistema de partidos es un buen ejemplo de cartelización. Este proceso, sin embargo, es más claro en el caso de los partidos de la Concertación, cuya vinculación orgánica con el movimiento popular dio paso una vinculación igualmente intensa con el empresariado criollo. Aunque hoy vemos la progresiva organización de la sociedad a través de distintos movimientos sociales como el movimiento estudiantil, No+AFP, el movimiento feminista, el profesorado o los trabajadores a honorarios develó la fragilidad de organizaciones que a diferencia de décadas pasadas, los partidos de la Concertación se ven incapaces de contener organizaciones sociales, que a su vez son espacios desde los cuales emergen nuevas organizaciones políticas. El Frente Amplio chileno, con todos sus matices, diferencias e inexperiencias, surge precisamente a partir de los dos procesos descritos, tanto del progresivo alejamiento de la Concertación de la sociedad y de su enclaustramiento dentro del Estado, como de la progresiva maduración y masificación de movimientos sociales que pujan por más seguridad social y más democracia por fuera de los límites de la transición.

III

Ya para finalizar, el propósito de este artículo no fue vaticinar un futuro catastrófico donde las fuerzas emergentes de izquierda terminan ocupando el lugar que hoy ostentan los partidos que conformaron la Concertación. De igual forma, los argumentos presentados tampoco deben ser interpretados como un llamado a abandonar las posiciones que las fuerzas emergentes de izquierda han conquistado en el Congreso. La presencia de parlamentarios y parlamentarias expresivos de luchas sociales en el espacio donde formalmente se definen las reformas del país es una herramienta importante obtenida después de años de maduración política. Por el contrario, la razón de este texto es abrir una discusión más amplia y que claramente no se agota en unas pocas páginas en torno al tipo de organización necesaria para enfrentar el momento político por el que atravesamos.

La brutal desconexión entre política y sociedad dificulta la expresión del descontento por medio de canales tradicionales, ocasionando que el malestar extendido en la población no pueda ser procesado por un sistema político rígido y sólo permeable a los intereses del gran empresariado. El vacío político ocasionado por años de neoliberalismo y abandono de la clase política ha permitido el avance de fuerzas de extrema derecha por fuera de sus márgenes tradicionales y que precisamente se alimentan de un sentimiento de antipolítica cada vez más arraigado en la población. Repitiendo y profundizando la alianza entre neoliberalismo y fundamentalismo religioso, la derecha ha hecho eco de demandas sociales derivadas de un estado permanente de inseguridad que la política de la transición por años mantuvo desatendidas.

En este contexto, ante la inmadurez de las fuerzas emergentes, sumada a la incapacidad y renuncia de los partidos tradicionales, el gran peso de construir una oposición al avance de la derecha ha recaído precisamente en los grandes olvidados por la transición. Han sido el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, No+AFP, las disidencias sexuales, pobladores, comunidades organizadas en torno a conflictos socioambientales, portuarios, pescadores y honorarios quienes han impedido el avance de la agenda de la derecha instalada en el gobierno.

El Frente Amplio ha logrado construir organización y dirigencias legitimadas en varios de esos espacios. No obstante, la regla general es que los partidos políticos son todavía mirados con recelo e incluso con rechazo por parte de los movimientos sociales, incluyendo a los partidos emergentes pertenecientes al Frente Amplio.

Si existe un lugar desde el cual construir un proyecto político popular capaz de dar término al ciclo neoliberal es precisamente en los espacios sociales que hoy pujan por más democracia y seguridad social. De ahí la inviabilidad de partidos carentes de raíces sociales y cooptados por el Estado de hacerse cargo del vacío político por el que atraviesa Chile y otros países. Superar los límites de una política que empieza y termina en el Estado no es solo un capricho ideológico, sino una necesidad histórica para el avance del movimiento popular.

Referencias

Duverger, M. (2012) Los Partidos Políticos. México: Fondo de Cultura Económica.

Katz, R. y Mair, P. (1995) ‘Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party’, Party Politics, 1(1), pp. 5–28.

Kirchheimer, O. (1966) ‘The Transformation of West European Party Systems’, en La Palombara, J. y Weiner, M. (eds) Political Parties and Political Development. Princeton: Princeton University Press, pp. 177–200.

Michels, R. (1962) Political parties : a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. New York: Free Press.

Panebianco, A. (1990) Modelos de partido : organización y poder en los partidos políticos. Editado por Alianza Madrid. Madrid.

Piñeiro, R. y Rosenblatt, F. (2017) ‘Tipos de activistas en organizaciones partidarias’, Política y Gobierno, pp. 275–300.