Pues bien, los intentos por hacer del sistema capitalista un modelo de desarrollo verde son cada vez más fútiles a la hora de hacerse de cargo de las presiones ecológicas, dado que el desarrollo de tecnología verde en cuanto tal da pie a la creación de una nueva fuente de acumulación de capital. Además, esta forma de sociedad crea necesariamente desigualdades y conflictos sociales, los que, a su vez, interactúan con los conflictos de carácter ecológico que se dan entre diferentes grupos dentro y a través de los diferentes estados-nación. Afortunadamente otro mundo es posible, un mundo ecosocialista y de post-crecimiento, basado en la propiedad social y en la planificación participativa.
por Fikret Adaman y Pat Devine
Imagen / Barricadas en Freirina, Chile, durante el conflicto socioambiental de 2012. Fuente: Documental “Freirina Existe“.
Introducción
Este artículo se propone analizar cómo una planificación social participativa y democrática puede ayudar a enfrentar los desafíos políticos, sociales, económicos y ecológicos que enfrenta el mundo en el marco de una forma de sociedad ecosocialista y de post-crecimiento. El sistema capitalista produce tanto injusticia social como degradación ecológica, los cuales en conjunto – pero también cada uno por sí solo – dan lugar a crecientes luchas socioeconómicas y conflictos ecológicos. Dado que la economía política de las estructuras capitalistas depende de la acumulación de capital y del crecimiento económico, el agotamiento continuo de los recursos y la degradación ecológica ilimitada son fenómenos inevitables. Pues bien, los intentos por hacer del sistema capitalista un modelo de desarrollo verde son cada vez más fútiles a la hora de hacerse de cargo de las presiones ecológicas, dado que el desarrollo de tecnología verde en cuanto tal da pie a la creación de una nueva fuente de acumulación de capital. Además, esta forma de sociedad crea necesariamente desigualdades y conflictos sociales, los que, a su vez, interactúan con los conflictos de carácter ecológico que se dan entre diferentes grupos dentro y a través de los diferentes estados-nación. Afortunadamente otro mundo es posible, un mundo ecosocialista y de post-crecimiento, basado en la propiedad social y en la planificación participativa.
El concepto socialista de propiedad social común de los medios de producción y el concepto ecológico de administración de los comunes convergen en la imperiosa necesidad de transformar los modelos de propiedad privada en formas de propiedad social, sin embargo, mientras esto resulta ser una condición necesaria para obtener control social sobre la actividad económica y una relación sustentable entre la actividad humana y la naturaleza no-humana, no representa, de hecho, una condición suficiente. Sin duda que esta transformación representa en gran medida un avance en la superación de la explotación directa y en la posibilidad real de que las personas puedan efectivamente participar en el control de sus actividades productivas y de provisionamiento inmediatas, pero, en sí misma, no supera la anarquía de la producción que es resultado directo de la toma de decisiones atomista que ha dado lugar a resultados para nada deseables. Este modo de toma de decisiones atomista se encuentra íntimamente atado a una verdadera hostilidad hacia el resguardo ecológico, pues subyace en esta dinámica el profundamente errado concepto de la inevitable tragedia de los comunes producto de la búsqueda y realizaciones de los limitados intereses de ciertos individuos sin cuidado de los efectos degradantes de sus continuas decisiones combinadas sobre los comunes como un todo. A raíz de esto, las formas de propiedad social necesitan ser combinadas con mecanismos de participación planificada con el objetivo de coordinar las tomas de decisiones interdependientes y configurarlas conscientemente de acuerdo con los valores y prioridades de la sociedad en su conjunto.
Depositar nuestras confianzas en los mecanismos de mercado relativos a la decisiones de inversión y desinversión – incluso si se encuentran basados en alguna forma de propiedad social como en la mayoría de los modelos de socialismo de mercado – no resultará en la superación de la anarquía inherente de la producción y tampoco nos proveerá de un marco para la construcción consciente de un modelo de toma de decisiones social en relación a la verdadera prosperidad humana y la sustentabilidad ecológica. En efecto, la planificación participativa (PP) debería ser diferenciada de la planificación tecnocrática vertical jerárquica y de los modelos basados en algoritmos computacionales iterativos que buscar sentar un agregado de preferencias individuales tanto en los espacios de trabajo como dentro de las comunidades. Por el contrario, la PP se basa en una racionalidad procesual y es concebida en tanto un proceso democrático de carácter deliberativo. Con el objetivo de reflejar estas principales características de la planificación, usamos el término planificación social y sostenemos que, en una sociedad ecosocialista del post-crecimiento, ayudará a crear un medio fértil que fomentará la solidaridad, la cooperación, la justicia social y el resguardo ecológico.
El desafío es concebir una arquitectura institucional y un conjunto de procesos sociales que promuevan los principios de deliberación y participación, y que de manera simultanea den cuenta de los problemas sociales, económicos y ecológicos. En la siguiente sección esbozaremos los principios básicos de una sociedad autogestionada a nivel político y económico, dentro de la cual los procedimientos de toma de decisiones son la norma, los que, a su vez, se encuentran basados en los principios de subsidiariedad y distribución equitativa de los recursos y el poder de acuerdo a las necesidades. Asimismo, el apartado analizará las maneras en las cuales la participación y la distribución de las funciones son discutidas dentro de la literatura de la economía ecológica. A continuación, centraremos nuestra atención en las diversas escalas o niveles en los que deberían tener lugar las tomas de decisiones, y desarrollaremos los puntos centrales del principio de subsidiariedad – i.e. que las decisiones deberían ser tomadas en un nivel sumamente descentralizado para que se permita que todos aquellos que se encuentren afectados por una decisión puedan participar en su toma y ejecución tanto directa como indirectamente. En el corazón del capítulo, trazaremos el marco de un sistema ecosocialista democrático de estado estable participativo basado en la toma de decisiones mediante la coordinación negociada por los propietarios sociales.
Participación y distribución del poder dentro de la literatura de la economía ecológica
Un principio definitorio nuclear de la economía ecológica es que las decisiones no sólo deberían ser tomadas por los expertos científicos, sino que también por aquellos que se ven inmediatamente afectados por estas. Por cierto, las cuestiones ecológicas están a menudo sujetas a la incertidumbre y, sin embargo, requieren de una acción urgente antes de que las dudas sean resueltas por investigaciones futuras. Como sabemos, las decisiones suelen tener efectos diferenciados sobre distintos grupos, lo que significa que éstas necesariamente involucran cuestiones de criterio (Özkaynak et al., Ravetz, 2011). Esta es la razón de porqué la economía ecológica aboga por una toma de decisiones mediante estructuras de participación deliberativas que busquen asegurar un compromiso efectivo de las partes involucradas. Dado que las personas implicadas por una toma de decisión pueden ser afectadas de diversas maneras y poseer diferentes valores y criterios para evaluar posibles soluciones, existen tanto argumentos de eficiencia morales como económicos que deben ser incorporados en la deliberación sobre la multiplicidad de factores que deben ser tenidos en cuenta y, así, lograr una salida que nos permita vivir a todos. Generalmente, las estructuras deliberativas adoptan estrategias de construcción consensuadas que descansan sobre la base de una racionalidad procesual y en la calidad del proceso de generación de las decisiones, y no solamente se basan en los escenarios de soluciones posibles (Barry, 1999).
Sin embargo, la literatura sobre economía ecológica que en su mayor parte pone el foco en su compromiso con el estado actual del mundo mediante la racionalidad procesual y la democracia deliberativa, no es capaz de dar cuenta de manera satisfactoria sobre las desigualdades prevalentes en la distribución del poder que se encuentra extendida a lo largo de todas las variedades de capitalismo (Özkaynak et al., 2012). Los ejercicios que promueven la participación a través de la consulta con aquellos grupos considerados como actores interesados sin duda logran extraer información útil sobre las preferencias de la comunidad, no obstante, corren el riesgo de crear desilusiones cuando, en última instancia, la decisión es realizada ignorando los resultados del proceso de consulta. Por lo tanto, existe el riesgo de que los procesos de participación vía consulta no sean mas que una mera forma de limpieza de imagen. Sin duda que la existencia de instituciones de democracia participativa con carácter deliberante y la racionalidad procesual son ciertamente condiciones necesarias de una toma de decisiones moral y eficiente, pero no representa una condición suficiente. En suma, lo que se necesita es un poder equitativo que se distribuya a lo largo de la extendida comunidad de pares, incluyendo a todos los grupos interesados y afectados por las particularidades de los problemas sociales, económicos y ecológicos en cuestión (O’Connor et al., 1996). La principal causa de las desigualdades de poder puede ser encontrada en las estructuras inherentes al sistema capitalista, en particular, a través de la institución de la propiedad privada de los medios de producción personificada prístinamente en las grandes corporaciones capitalistas, legitimada y reforzada por el poder del Estado. Dichas corporaciones, dentro de un contencioso proceso de guerra de todos contra todos, contribuyen a la creación de decisiones que hacen de la anarquía de la producción un lugar común, cuestión que involucra cierres repentinos de lugares de trabajo y la destrucción de comunidades, así como también un importante aporte a la contaminación ambiental, al cambio climático y a la degradación de la naturaleza no-humana mediante la exploración irresponsable de nuevas fuentes de combustibles fósiles, minerales e intensos químicos para la industria agrícola.
Sin embargo, existen también una variedad de dimensiones basadas en distintas perspectivas de acción sobre las desigualdades de poder, tales como la división social del trabajo, género y etnicidad, que suponen realidades diferentes y separadas, a pesar de que siempre operan sobre la base de una fundamental división de clase. Uno de los logros más relevantes de los procesos de participación – cuando estos son efectivamente reales y no meramente formales – es que proveen de una experiencia activa verdaderamente transformadora, que permiten a las personas a trascender de un estado de ser puramente pasivo, en cuando objeto de manipulación, a una subjetividad activa que colectivamente va figurando su futuro en conjunto. La gente en general – y, en particular, en sus diferentes roles en tanto interesados activos – necesitan desarrollar capacidades subjetivas para que sean capaces de participar efectivamente en los procesos de realización de decisiones y para comprometerse en una construcción consensuada. La extensión y profundidad de las tomas de decisiones democráticas en todos los aspectos de la vida social, política y económica requieren de agentes activos y capaces que al mismo tiempo contribuyan al futuro desarrollo de todas sus potencialidades. Los procesos de participación son procesos de aprendizaje que se construyen sobre la base de intentos pasados, derrotas y fracasos, así como también de victorias. No cabe duda de que esto es parte de la experiencia dentro de movimientos de resistencia, los cuales fomentan a prefigurar un mundo post-capitalista, sin embargo, el florecimiento completo del potencial de desarrollo de la participación requiere de una transformación estructural de la propiedad privada de los recursos de la sociedad que tienda hacia la propiedad social.
El problema de la escala
El enfoque neoclásico dominante en el área de las políticas medioambientales da cuenta de las crisis duales relativas a la contaminación y al sobregiro en el uso de los recursos naturales desde una perspectiva de costo/beneficio. Esta visión del mundo neoliberal está basada principalmente en la evaluación individual de los bienes y servicios medioambientales, como ha quedado en evidencia mediante la exposición de técnicas mercantiles o cuasi-mercantiles de valuación que han sido, a su vez, fuertemente criticadas por los economistas socio-ecológicos. El núcleo de la crítica es que los análisis de costo/beneficio formulan los problemas medioambientales como si fueran problemas económicos que brotan en cuanto externalidades surgidas debido a la completa ausencia de un completo conjunto de mecanismos de mercado y derechos de propiedad – en efecto, su principal objetivo es superar las fallas de mercado mediante la mercantilización de la totalidad de la naturaleza no-humana (Adaman et al., 2003; Özkaynak et al., 2004).
La economía ecológica parte del reconocimiento de que los bienes y servicios medioambientales son intrínsecamente inconmensurables y que, por lo tanto, no pueden ser reducidos a un indicador monetario singular (Martínez-Alier et al., 1998). En vez de buscar por las preferencias agregadas de los individuos tal como es expresada en los valores monetarios, la economía ecológica depende de las instituciones que construyen decisiones y procesos. Como consecuencia, hace uso de técnicas de multi-criterio, las cuales permiten que aquellos afectados por las decisiones puedan deliberadamente incidir en las compensaciones entre diferentes objetivos y preocupaciones por medio de la consideración de una variedad de indicadores medidos en sus propias unidades (Munda, 2008). Estas técnicas apoyan los procedimientos de creación de decisiones proporcionando valiosas ideas sobre la naturaleza de los conflictos medioambientales, que operan como base para las negociaciones que incrementan la posibilidad de llegar a compromisos en un contexto de posiciones iniciales divergentes sostenidas por los interesados activos.
El principio de subsidiaridad sostiene que las estructuras de creación de decisiones de una sociedad deberían ser edificadas sobre múltiples capas, de modo que los afectados y/o interesados – desde lo local a lo global – se encuentren involucrados en el proceso. Pues bien, dentro de la literatura de la economía ecológica el foco está puesto en la abrumadora cantidad de proyectos locales dirigidos hacia la democratización de la creación de decisiones y el mejoramiento del auto-gobierno tanto en lo político como en lo económico. La resistencia hacia las perjudiciales demandas sociales y ecológicas de las corporaciones transnacionales se construye principalmente en las luchas locales, lo que permite incorporar una agenda solidaria y progresiva en la cotidianidad de las personas involucradas. No obstante, también existe la necesidad de construir una estructura de gobernabilidad democrática que incluya las perspectivas globales, en tanto una alternativa a la forma destructiva de globalización que se impone crecientemente sobre nuestras comunidades y culturas, nuestras formas de vidas y sobre nosotros mismos mediante los mecanismos globales de mercado. Si no tomamos seriamente en cuenta este último aspecto, corremos el peligro de transformar lo local en verdaderos enclaves parroquiales que compiten entre sí creando un ambiente caótico y anárquico. En fin, lo local y lo global deberían ser concebidos como procesos interdependientes, por cuanto los procesos globales siempre involucran algún grado de localización y, a su vez, los procesos locales son parte de una red más extensa de redes globalizadas.
Planificación Social Democrática Participativa
A una escala global, la planificación social participativa involucra la creación de decisiones dentro de múltiples capas. En cada nivel, las instituciones auto-gobernadas de la sociedad civil – a través de combinaciones apropiadas de mecanismos de democracia directa e indirecta – deciden sobre las prioridades y las políticas adecuadas para implementarlas, basado principalmente en el estado actual del conocimiento científico y técnico disponible, así como también sobre la base de su propio conocimiento social tácito. Así, la sociedad civil genera condiciones para controlar de manera efectiva la política y la economía, generando una nueva mediación de su relación con la naturaleza no-humana. Asimismo, en cada nivel – desde lo local a lo global – las acciones tienen lugar dentro de un marco de respecto a los derechos humanos y ecológicos universales, mediante procesos de deliberación y negociación. En síntesis, la planificación social participativa constituye un proceso de aprendizaje transformador mediante el cual las personas son capaces de desarrollar plenamente sus potencias en cuanto seres humanos sociales (Adaman y Devine, 1997; Devine, 2010 [1988], 2002).
Una economía de estado estable supone un conjunto de transformaciones dentro de las estructuras de producción y provisionamiento, contribuyendo a todo aquello que significa un progreso de la tecnología y a la evolución de la prosperidad humana, sin que esto suponga un incremento de los niveles totales de outputs ni un sobregiro en el uso de los recursos naturales no-renovables. En una sociedad de carácter ecosocialista la mayoría del trabajo de provisionamiento y de cuidados serán llevados a cabo por miembros de las comunidades locales, sin embargo, algo de la producción necesitará ser levantada a gran escala por unidades productivas cuyas actividades son interdependientes, razón por la cual tendrán que operar en estricta coordinación. Como sabemos, en las economías modernas la producción de la mayoría de las empresas consiste de inputs generados por la actividad de otras unidades productivas – materiales, maquinaria y servicios técnicos, por ejemplo; además, la cantidad de cada bien y servicio suministrado necesita ser suficiente para colmar las necesidades demandadas. Eso nos lleva a sostener que una sociedad de post-crecimiento, como en cualquier forma de sociedad, aún se basará en una división social del trabajo, del mismo modo que tendrá que tener los medios para la coordinación necesaria de las actividades interdependientes de las diferentes unidades productivas y, en especial, una mayor consideración de las implicancias sociales y ecológicas de sus respectivas actividades. Este es el verdadero desafío que enfrenta cualquier intento de desarrollar un sistema de planificación social.
La planificación social comienza con la propiedad social de la unidad productiva, la cual debería ser puesta a manos de sus actores claves (i.e. productores directos) o, lo que es lo mismo, de aquellos afectados por las actividades de la unidad productiva en cuanto tal. Normalmente, los propietarios sociales serán aquellos que trabajan en la unidad productiva, los mismos que suministran los inputs y terminan utilizando los productos, en conjunto con las comunidades donde se encuentra localizada la unidad productiva y con otras empresas dentro de la misma industria. Además, en una sociedad ecosocialista, las unidades productivas tendrán el carácter de empresas ecosociales, lo que supone que dentro de los propietarios sociales se incluyan grupos ecológicos comprometidos en asegurar que la unidad productiva opere bajo estándares ecológicamente responsables en relación a las tecnologías utilizadas, las fuentes de suministros y la administración de desechos. Asimismo, los propietarios sociales mediante sus representantes en grandes unidades productivas – directamente en las pequeñas empresas – deliberarán y negociarán sobre las políticas que tienen estricta relación con el uso de las existentes capacidades productivas de la unidad, tomando en consideración cualquier tipo de diferencias de interés que puedan surgir entre los diferentes grupos y buscando llegar a una salida mutuamente consensuada que todos estén dispuestos a aceptar.
Al nivel de las empresas individuales, la propiedad es estrictamente social, ni privada ni del Estado. Estas unidades productivas se vincularán a través del intercambio, vendiendo sus productos a otras unidades, a cuerpos públicos o a los consumidores. Sin embargo, el objetivo principal de estas unidades productivas sociales no es la producción de ganancia, sino la producción para el bien común, tal como éste sea definido por aquellos directamente afectados por sus actividades. Se necesita un sistema de planificación social que se extienda más allá de la unidad productiva individual cuando la estructura de la actividad productiva (i.e. capacidad productiva) necesite cambiar en respuesta a los cambios en la tecnología o a aquellos que contribuyan a la prosperidad humana. Sin duda, las unidades productivas necesitarán ser mas pequeñas o se verán obligadas a cerrar, cuestión que obligará al establecimiento de nuevas empresas. Bajo un sistema de planificación social estos cambios no serán resultado de mecanismos de mercado, de manera que es importante establecer una distinción entre intercambio mercantil y la operación de las fuerzas de mercado (Devine, 2010 [1988]).
Los intercambios de mercado involucran el uso de las capacidades existentes, por su parte, la operación de las fuerzas de mercado dice relación con cómo son llevados a cabo los cambios en las estructuras de capacidad dentro de las economías capitalistas. Estos cambios ocurren como resultado de decisiones separadas de inversión y desinversión realizadas por los propietarios privados de las empresas con el objeto de realizar ganancia, sin consideración de los costos humanos, sociales o ecológicos. Las empresas o industrias con niveles decrecientes de rentabilidad o perdidas sostenidas tienden a declinar o a desaparecer; mientras que aquellas con niveles crecientes de rentabilidad tienden a la expansión, sin embargo, estos cambios no se encuentran sujetos a planificación alguna. Cada uno de los creadores de decisiones actúan entre sí en absoluta independencia, a pesar de que el resultado de cada decisión individual dependa de los resultados agregados de todas las decisiones tomadas por separado. Por ejemplo, si se instala demasiada capacidad en agregado, las expectativas de rentabilidad no se realizan, lo que desencadena la desinversión; por el contrario, si se instala una capacidad pequeña, las expectativas de rentabilidad crecen junto con las inversiones. Como vemos, la coordinación tiene lugar ex post, i.e. después de que la inversión o desinversión haya tenido lugar, luego de que los recursos hayan sido comprometidos o incluso descartados.
Basado en estas consideraciones, parece altamente probable que en un extremo del espectro – en una sociedad ecosocialista – la industria agrícola global será reemplazada por la producción local o regional de alimentos orgánicos, mientras que, por el otro lado del espectro, las políticas para mitigar el cambio climático y para preservar la biodiversidad serán acordadas a niveles globales. No obstante, incluso cuando las decisiones tengan que ser realizadas sobre cuestiones que afectan al globo en su conjunto, la implementación de estas decisiones estará por cierto desagregada a niveles locales. A raíz de esto, proponemos que el único principio moralmente aceptable – cuando pensamos en términos globales – es una convergencia en una igualdad de acceso per-cápita al uso de los recursos naturales y a la eliminación de residuos, junto con variados acuerdos que tomen en consideración las diferentes condiciones climáticas, ecológicas y topográficas, así como también las diferencias históricas en los niveles de desarrollo de infraestructura y degradación ecológica.
En resumen, la planificación social es un proceso de participación político y económico que debe darse en múltiples capas, mediante la cual la sociedad civil controla los niveles de creación de decisiones tanto en la esfera política como económica, tal como se encuentra determinado por el principio de subsidiaridad. En cada nivel, la sociedad civil decide las prioridades y la dirección del desarrollo de la sociedad, la distribución/asignación de recursos, el carácter del cambio tecnológico que desea promover, etc., por medio de técnicas de evaluación multi-criterio. Este proceso tiene lugar dentro de un marco sentado por niveles más generales de creación de necesidades, siempre y cuando también se respecte la autonomía de los niveles particulares. La estructura institucional mediante la cual opere el proceso se desarrollará sobre la base de la experiencia común, comenzando quizás de las instituciones existentes tales como las municipalidades, las organizaciones regionales e internacionales, entre otras, electas en función del sufragio universal que involucren tanto a los representantes de los distintos países como a aquellos de las organizaciones internacionales. Por medio de la conceptualización de este futuro, estamos asumiendo la existencia de una sociedad ecosocialista global formada por los valores de la sustentabilidad ecológica, la justicia social, la solidaridad, el respeto mutuo y, por cierto, comprometida con la prosperidad de la toda la humanidad y la naturaleza no-humana. Esto se opone abiertamente a una estructura societal en donde los gobiernos y las instituciones internacionales son dominados por corporaciones globales y sus lobistas, cuyo interés está puesto sólo en la generación de ganancias y en los mercados de valores.
Direcciones Futuras
Los enfoques medioambientales propios de la economía neoclásica tratan el problema del cambio climático dentro de un marco de costo/beneficio. En esencia el argumento reza así: el uso de los combustibles fósiles y la correlativa emisión de los gases de efecto invernadero están por debajo de los precios, motivo por el cual están siendo usados y producidos en exceso, lo que representa una falla de mercado. Por tanto, la solución versaría en el desarrollo de múltiples esquemas que corrijan esta falla de mercado por medio de un aumento de precios, la fijación de precios del carbón o un impuesto a la extracción de este combustible fósil o incluso la creación de sistemas permisivos de contaminación sometida a ciertos límites de máxima comerciabilidad. Por el contrario, la economía socio-ecológica sostiene que estos enfoques ignoran cuestiones elementales tales como los principios de incertidumbre, la inconmensurabilidad, los derechos ecológicos, la distribución desigual y la pobreza. A su vez, sostiene que estas recomendaciones que pretenden dar soluciones a los mercados de carbón son ingenuas y no dan cuenta satisfactoriamente de la realidad social, económica y ecológica (Anderson y M’Gonigle, 2012; Splash, 2007, 2010).
Por otro lado, la planificación socio-ecológica debería partir del aplastante consenso científico que señala que para mantener los incrementos promedios de temperatura dentro de los 2°C con respecto a los niveles pre-industriales – o preferiblemente dentro de los 1.5°C – las economías deben ser descarbonizadas en su totalidad para el año 2050. Dado el imperativo moral social relativo a la convergencia en la igualdad de acceso per-cápita a los recursos y a la creación de desechos, se necesita una redistribución masiva desde los países mas desarrollados a los países más pobres. En los países más ricos las transformaciones tienen que ver con asuntos de modos de vida, desplazar el foco del consumo excesivo a uno centrado exclusivamente en las necesidades concretas, cuestión que haga plausible un cambio fundamental de las expectativas de crecimiento infinito a una economía del post-crecimiento de estado estable (Splash, 2014). Para las economías menos desarrolladas quizás sea necesario un aumento de los rendimientos energéticos y materiales, no para acabar emulando el consumo excesivo propio de los modos de vida de los países ricos, sino para satisfacer las necesidades básicas de todos. No obstante, tal patrón de desarrollo debe ser sensible a las cuestiones ecológicas – ante todo, basado en sistemas de energías limpias en vez de sistemas dependientes de los combustibles fósiles, camino que, como sabemos, han tomado históricamente los países capitalistas desarrollados – y, sobre todo, debe prestar una consideración debidamente cuidadosa a las interacciones multifacéticas que se dan entre la esfera social y la vida ecológica.
En relación con los desafíos que impone el cambio climático, la planificación social debe involucrar a todos aquellos que se ven afectados por las decisiones tomadas – i.e. la completa población del globo. Mediante la estructura decisional multi-capa que ha sido esbozada a lo largo de este escrito, tendrán que darse negociaciones entre los propietarios sociales de los comunes climáticos principalmente sobre cómo deberían ser distribuidas las recomendaciones científicas relativas a las reducciones necesarias en el uso de los combustibles fósiles y en las emisiones de gases de efecto invernadero, tomando en cuenta las distintas circunstancias de los involucrados a la luz de un conjunto de valores comunes acordados. Pues bien, dado que grandes cambios se verían involucrados en cuestiones como los modos de vida, el diseño urbano, la relación entre urbe y campo, la tecnología, el provisionamiento de alimentos, etc., las transformaciones requieren de tiempo y las prioridades tendrían que ser acordadas. Sólo por medio de la participación en las discusiones y en los procesos de creación de decisiones, las personas podrán – en su calidad de ciudadanos e interesados activos – llegar a entender la magnitud de los temas involucrados, reconocer verdaderamente el interés de otros y llegar a tener plena consciencia de las necesidades de lograr acuerdos necesarios sobre las transformaciones de largo alcance que se requieren.
Naturalmente, es difícil imaginar cómo estos procesos podrían operar en la realidad efectiva, sobre todo si partimos desde una situación como la actual. A un nivel global, las negociaciones se han llevado a cabo por décadas bajo el patrocinio de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC, por sus siglas en inglés), sin embargo, lograr alcanzar un acuerdo significativo ha resultado ser bastante problemático debido a que la posición de los países integrantes es bastante desigual en términos de contribuciones a las emisiones de gases de efecto invernadero, así como también en términos de poder económico y político. Al mismo tiempo, los países se han aferrado en primer lugar a la persecución de sus intereses nacionales que han estado dominados principalmente por los intereses corporativos. Además, prácticamente no existe acuerdo sobre el conjunto de valores y principios que deben animar las negociaciones, tales como la convergencia sobre la igualdad de derechos per-cápita y, lo que es peor, las mayores fuerzas políticas se encuentran sometidas a las dominantes corporaciones petroquímicas y de carbón. Desde luego, no es sorprendente que la Conferencia de partes integrantes de la UNFCCC en París acabara como un acuerdo que no tiene otra imposición que la promoción de un esquema relativo a una extendida red de intercambios de emisiones de carbón como principal mecanismo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En fin, el capitalismo claramente no es compatible con la sustentabilidad ecológica y la justicia global. En efecto, hay un largo camino que recorrer antes de que llegue a ser posible un sistema de planificación social basado en la deliberación participativa y deliberada para la creación de decisiones. Una parte importante del proceso político mediante el cual esta posibilidad pueda llegar a ser realizada será el desarrollo de debates públicos sobre las cuestiones involucradas y el entendimiento público de las transformaciones radicales que son necesarias. La economía ecosocialista tiene mucho que contribuir a este escenario en la medida que reconoce que los obstáculos fundamentales al progreso provienen del propio sistema capitalista.
* Artículo publicado originalmente en inglés en el Routledge Handbook of Ecological Economics, traducción para ROSA de Cristián Peña.