Sin discordar en lo central con Barría, por cierto, extremadamente certero en cuanto significado de la disputa municipal durante las últimas dos décadas y las posibles lógicas que se proyectan para el 2019, quisiera ampliar y problematizar el debate en torno al horizonte del municipalismo y las retóricas que debiesen estar en juego sobre una eventual disputa electoral municipal: hacia donde debiese apuntar la izquierda, si fuera el caso, se despliega una contienda municipal. Desde ya quisiera invertir el sentido negativo de la palabra “retórica” de Barría porque tanto en el campo de las ideas como en la eventual práctica política, una estrategia convincente implica seleccionar y definir un uso adecuado del léxico, un conjunto de retóricas o narrativas inteligentes que permita expresar y representar fielmente las ideas y acciones concretas a ser conquistadas, sean o no sean electoralistas.
por Rodolfo Quiroz
Imagen / Plano de Valparaíso después del Terremoto del 16 de agosto de 1906 (detalle). Fuente: Wikipedia.
Siguiendo el debate municipal levantado por Fabián Barría y por ROSA, quisiera compartir algunas ideas para pensar una estrategia de poder local desde el horizonte del Frente Amplio y sus inciertas encrucijadas, aun abiertas, dicen, al pulso de los acontecimientos y las definiciones. De entrada, no parece muy convincente asegurar que la nueva contienda municipal permitirá romper con los enclaves autoritarios o disputar, frente a frente, con los monopolios salvajes del neoliberalismo chileno. Sin duda, dos objetivos esenciales y permanentes para cualquier programa político que pretenda ser alternativo al Chile ultraconservador y extractivista de la inefable transición. No obstante, y considerando esto último, ¿cuáles son las posibilidades específicas que condicionan una estrategia política comunal que promueva la politización y la (des)neoliberalización?, ¿será que en la escala comunal es más factible crear objetivos, confianzas y acuerdo políticos a la luz de problemáticas de la población más afectada por el sistema y no solo desde los pensamientos ilustrados? O, en otras palabras, ¿cómo el territorio comunal vía gestión municipal puede canalizar y articular un laboratorio político que se toma en serio la larga, invisible y arenosa tarea de construir hegemonía?
Los sugestivos cuestionamientos de Barría son también parte de estas preguntas y, tal vez, se sintetizan cuando afirma: “Lo previsible es que el municipalismo en Chile, al menos para este ciclo, no pasará de ser otra retórica electoralista para justificar un abordaje institucional. Se pondrán las candidaturas primero y el programa después. Se interpelará a la izquierda en todo su rango y a los movimientos sociales a que se involucren votando. Una vez más las alianzas y los pactos serán electorales y no político-sociales”. Junto con esto, Barría advierte de las limitaciones internas que carga la generación del 2011, base núcleo del Frente Amplio, y su incapacidad de inserción en los sectores populares. Una debilidad que se amplifica y adhiere a una desconfianza estructural al interior en los movimientos sociales y redes de resistencia sectorial que, frente al escenario institucional-municipal propiciado por los partidos de izquierda que priorizan candidatos sobre programas, impiden, desde un inicio, una mínima estrategia de poder que integre a los movimientos sociales.
A partir de estas condiciones y dinámicas, según Barría, el debate ideológico o estratégico del municipalismo tendería a instrumentalizarse según los intereses particulares de grupos al interior del conglomerado que, en vez de ampliar cadenas de representación social y popular, buscan acrecentar influencias particulares o de “piños” en la institucionalidad municipal sin posibilidades significativas de rearticulación político-social en el territorio local. El único camino posible de invertir este municipalismo sin sentido, para Barría, sería avanzar en una discusión más de fondo y a partir de “los movimientos sociales y organizaciones políticas”, fuera de “la retórica meramente electoral” que actualmente anula sus potencialidades.
Sin discordar en lo central con Barría, por cierto, extremadamente certero en cuanto significado de la disputa municipal durante las últimas dos décadas y las posibles lógicas que se proyectan para el 2019, quisiera ampliar y problematizar el debate en torno al horizonte del municipalismo y las retóricas que debiesen estar en juego sobre una eventual disputa electoral municipal: hacia donde debiese apuntar la izquierda, si fuera el caso, se despliega una contienda municipal. Desde ya quisiera invertir el sentido negativo de la palabra “retórica” de Barría porque tanto en el campo de las ideas como en la eventual práctica política, una estrategia convincente implica seleccionar y definir un uso adecuado del léxico, un conjunto de retóricas o narrativas inteligentes que permita expresar y representar fielmente las ideas y acciones concretas a ser conquistadas, sean o no sean electoralistas.
En efecto, el obstáculo central de pensar una estrategia desde el “municipalismo” es que, implícitamente, significa más énfasis en la institucionalidad como punto de partida, cuando lo primordial debiese estar en la alternativa de poder que implica, por un lado, organizar y politizar un gobierno a escala comunal a través de la institucionalidad municipal central y, por otro, ampliar y movilizar una fuerza política social y territorialmente desplegada coexistente al proyecto del municipio. Son esas dos estructuras técnicas y performativas politizadas -alcaldía y territorio- las que deberían ponerse simultáneamente como punto de partida municipalista, antes de cualquier funcionamiento institucional. Más allá de las inconsistencias actuales del Frente Amplio, incluyendo su estratificación acomodada y los escasos niveles de representación popular, sumadas a las arritmias de los movimientos de masas y sectoriales. Qué duda cabe que urge ampliar los escenarios y repertorios de lo que podría y debería hacer la izquierda en condiciones comunales geográficamente desiguales y combinadas, nunca idénticas y repetibles, pero sin duda factibles a ser politizadas de cara a un sentido común transgresor.
Por eso llama la atención del texto de Barría ninguna mención a la elección y gestión de Jorge Sharp en Valparaíso y las combinadas políticas de resocialización implementadas por Daniel Jadue en Recoleta. Ciertamente, aun estamos lejos de conocer y comprender la profundidad de ambas experiencias comunales, sin embargo, creo que ningún análisis sobre las futuras coyunturas municipales debería omitir los límites y posibilidades a partir de dichas mediaciones, no solo por la necesidad de profundizar y defender contenidos políticos realistas y alternativos para el nuevo ciclo sino, porque, evidentemente, brillan dentro de una extensa oscuridad de referencias locales o gobernantes que se posicionan claramente desde un sentido político hacia la izquierda y abren sentidos de legitimidad más allá del propio conglomerado.
Se acepte o no, la Farmacia Popular de Recoleta fue un dispositivo político geográfico que rompió con el clientelismo municipal diseñado en dictadura a nivel nacional. En efecto, su práctica política de promoción popular repercutió más allá de lo estrictamente local, alterando la discusión en el conjunto de espacios comunales a lo largo y ancho del territorio nacional. Si bien no existe en su base un movimiento social o un tipo de resistencia sectorial permanente y continua siendo una lógica de autoridad centrada verticalmente en un alcalde, actualmente en Recoleta se practican y recrean otras mediaciones que invierten el sentido de espacio público en que fue pensada la administración municipal neoliberal y sus relaciones políticas de comunidad local: espacios escolares reutilizados temporalmente vía talleres y cursos abiertos para la comunidad, focalización de prácticas deportivas que intensifican la formación de sectores medios y populares, mejoramiento de las tasas de escolarización pública y cogobiernos escolares, fortalecimiento de las condiciones laborales de los profesores de los establecimientos públicos, abertura de otros servicios como la Universidad Abierta de Recoleta y una Librería Popular, entre otras iniciativas.
En cuanto a Valparaíso, si bien aun incipiente y de menor temporalidad que Recoleta, el solo hecho de haber sido electo Jorge Sharp como alcalde implicó una serie de reagrupamientos políticos regionales y una apertura de la comunidad porteña hacia las ideas de izquierda que, consecuente con el rechazo de políticas clientelistas tradicionales que prácticamente dejaron un Municipio desfalcado y una ciudad visiblemente deteriorada por décadas, activó un sentido ciudadano lejos de cualquier ejercicio electoralista o meramente burocrático. Recordemos que la modificación parcial del Plan Regulador Comunal que define las alturas máximas de las edificaciones de algunos sectores, y que antes no tenía ninguna regulación, se reactivó a través de la participación directa de vecinos, principalmente de Barón y Placeres, que alzaron una voz que fue escuchada y procesada dentro de la propuesta técnica que elaboró el Municipio, ganándose social y políticamente en el Consejo Municipal.
Valparaíso es uno de los pocos municipios en Chile donde se discute y reflexiona seriamente la necesidad de invertir las prácticas clientelares y desmovilizadoras, que consagran la división tecnócrata por arriba y la ciudadanía “participativa” -bien y súper participativa- pero que nunca decide cuestiones fundamentales. Actualmente se discuten temas como, por ejemplo, pensar cuáles son las claves para que el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Valparaíso proyecte un enfoque de género o como el derecho a la ciudad pueda ser más que una estupenda consigna y se traduzca en políticas participativas, integradoras y populares, al mismo tiempo que financiera y técnicamente viables para la estructura municipal.
El proceso de participación deliberativa abierta -recordemos que Sharp calificó como candidato en un proceso de primarias ciudadanas- y la posterior y amplísima victoria electoral por la alcaldía, desde el primer día significó una doble atención por Valparaíso: una presión política desde adentro, es decir, propiciada desde el conjunto espectral de las izquierdas y del Frente Amplio en la retórica del “primer municipio”, y, una presión política desde fuera dirigida principalmente por la prensa y las coaliciones gobernantes que, poco a poco, fueron constatando una alternativa real de gobierno local: mejoramiento en la política de aseo principalmente por el deteriorado “plan” (como dicen los porteños a la parte comercial y céntrica baja de Valparaíso); mejoramiento de estructuras de parques y jardines; reducción de gastos y licitaciones públicas desmedidas, rosando la corrupción; creación de nuevos espacios e instancias públicas universales, enfoque integral para la gestión de riesgo para incendios urbano forestales -el primero que apunta a la prevención y participación comunitaria-, promoción de farmacia y óptica popular, ambas experiencias que apuntan a la salud de los habitantes y la impugnación de monopolios en áreas sociales, como las farmacéuticas y grandes ópticas, tema sensible para una ciudad con alta tasa de adultos mayores y cesantía estructural.
Ahora bien, la clave fundamental de esas experiencias -Valparaíso y Recoleta- es pensar cómo una disputa aparentemente local e institucionalizada, se convierte en un móvil de crítica nacional y de impugnación al comportamiento salvaje y monopólico del neoliberalismo chileno, particularmente signado por el abuso de los aparatos financieros y los servicios privatizados extendidos en los confines de la vida cotidiana, cómo desde una administración municipal se puede promover un sentido político de socialización fuera del consenso neoliberal. O sea, cómo se politiza la sociedad a través de experiencias concretas y de resolución colectiva, insertas en el escenario comunal, que estimulen un cuestionamiento permanente y estructural al estado de cosas, abriendo mayores posibilidades al conjunto de intereses populares. En otras palabras, ¿cómo una demanda social vehiculizada desde un órgano institucional -el municipio- puede estar disponible para enfrentar y disputar la hegemonía del consenso ultraliberal con grados de legitimidad en ascenso? Las respuestas son tan amplias como los objetivos y particularidades de los espacios comunales, no obstante, es un hecho que la circulación de esos dispositivos comunales implicaría un grado de resocialización en lo territorial y, por consecuencia, una politización del sentido común que podría permitir articulaciones, alianzas y acuerdos de largo aliento.
Ambas experiencias comunales, inversamente, también permiten observar límites e innumerables desafíos, como aquel debate del poder que busca romper con la tendencia institucional que técnicamente desconecta la desigualdad estructural con el fin de perpetuar una clase dirigente, desplegando una representación social de baja intensidad y funcional al régimen de acumulación. Otro desafío es reconocer y minimizar la tendencia personalista del alcalde y el control partidario del proceso municipal que, para el caso chileno, se profundiza por el ortodoxo centralismo endémico y el propio diseño municipal creado, justamente, en esas lógicas de control, cooptación y ejercicio de una autoridad verticalizada. Quizás, justamente, este último sea uno de los mayores desafíos a desarrollar: pensar qué dispositivos de deliberación comunal, por un lado, amplían los procesos de comando y toma de decisiones colectivas fuera de la estructura administrativa y, por otro, pensar qué funciones facultativas de los alcaldes conectan y promueven mayores posibilidades de control ciudadano y participación social efectiva, más allá del proceso coyuntural y con vistas hacia a una mayor politización del escenario local.
Romper con la política “municipalista” electoral de las últimas dos décadas, por último, también debería tensionar y ser una alternativa al insólito centralismo chileno que, desde las venas del poder central y el poder parlamentario, también eventualmente podría contaminar los espacios partidarios del FA de no existir una política orgánica de los disensos locales y una militancia social y política de forma permanente y no solo a raíz de elecciones. Las posibilidades de instalar prácticas territoriales que visibilicen una representación social de mayor intensidad, sin la necesidad de contar con una estructura de poder centralizada, ya sea nivel regional o nacional, pero sí desde lo local hacia lo comunal y de proyección nacional como el FA, permitiría demostrar la capacidad política de la izquierda y la necesaria reorientación cultural hacia una política radicalmente democrática en el sentido de representación social y flujos populares.
Próximas elecciones municipales
Ahora bien, ¿cuál es el problema del optimismo municipal? Justamente se obnubila el fin por los medios, se establecen parámetros comunes a cuestiones que son radicalmente particulares y de distinta resolución de escala y profundidad, cerrando la puerta a un horizonte más amplio de posibilidades y contenidos. El eclipse electoral por las elecciones presidenciales del 2017 -recordemos que Beatriz Sánchez estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta-, sumado a la taquillera bancada que implicó la aparición del FA como tercera fuerza en el parlamento, de alguna manera obstaculizan una estrategia municipal de bloque -como una “geopolítica” mancomunada- y acorde a la aun escasa representación política del conglomerado a nivel país. Sumado a ello, por lo general, se desconoce u omite la radicalidad de las diferencias geográficas locales y como dichas particularidades debiesen definir y ponderarse en la definición de los caminos y rutas electorales.
Es decir, no todas las disputas comunales son válidas ni homologables del punto de vista estratégico ni táctico. Es preferible menos municipios disputados y más alternativas de poder comunal efectivas. Si uno de los principios del FA es la democracia, entendida como una política social deliberativa, la existencia de cualquier carrera municipal mínimamente debería contar con un proceso de articulación político-social desde su partida. Por tanto, un criterio básico de disputa electoral sería la promoción política y participativa de un programa comunal del FA al cual adhieran los posibles candidatos y representen social, territorial y/o sectorialmente las subjetividades comunales. De esa manera existiría un proceso social abierto con actividades y debates en los territorios comunales con una genuina integración de contenidos, pero también un espacio de mediación para asegurar el mecanismo de elección final de los candidatos a concejales y alcalde como un solo bloque. Sin duda cada disputa municipal es una historia política y una territorialidad diferente que debiese considerarse a la hora de las proyecciones que se juegan en una elección de esta naturaleza. Sobre la base de esas particularidades soberanas y movilizadoras se deberían promover los consensos locales, luego presentados y respetados por la unidad nacional del bloque.
Si en algunas comunas el FA tiene una mayor articulación social y es capaz de establecer mecanismos de deliberación y participación, la definición del programa y las candidaturas a alcaldía y concejalías, evidentemente, no debería tener dificultades en tanto representación territorial de sus candidatos. La dificultad sería el cálculo técnico que asegure una estrategia de votos por listas competitivas, equilibradas y apoyos sociales reales. En caso contrario, en comunas donde prácticamente el FA no tiene presencia, se debería potenciar y preparar otras alternativas para la resolución colectiva en los territorios, pero manteniendo la unidad del bloque a nivel comunal. Algunos posibles escenarios tras la definición del programa: 1) apoyar a otro grupo o candidato alcalde fuera del FA -alcaldes independientes por ejemplo-, pero asegurando una articulación de concejales o grupos sociales al interior del territorio comunal; 2) descartar cualquier apoyo en cuanto alcaldía, pero asegurar, organizar y disputar a partir de uno o dos concejales con una proyección a mediano y largo plazo; 3) desechar la disputa municipal en todos sus niveles y asociarse al trabajo político y social de otro espacio comunal con mayores redes territoriales del sector, para pensar una propuesta de mediano y largo plazo en el escenario electoral próximo.
El actual dilema del FA, como cualquier organización política que crece, es lograr un equilibrio de poder al interior de sus fuerzas y definir un programa político económico de largo aliento. Lo interesante del ejercicio comunal es que, independiente de las resoluciones de candidaturas y pactos territoriales municipales, debiese tensionarse un conjunto de programas políticos en concordancia a deliberaciones locales. Una hegemonía comunal hacia la izquierda no se garantiza en la aceleración de los movimientos sociales ni en los diagramas populares proyectados por el talento político de algunos alcaldes. En una perspectiva de larga duración y con apropiación de intereses populares, una hegemonía de lo municipal implica una reestructuración profunda del ejercicio del poder local y sus combinaciones territoriales, ya sean regionales o provinciales que las producen. Debe ser capaz, también, de tensionar las estructuras institucionales locales que promueven el individualismo, la despolitización, el clientelismo y la privatización de la vida en común y, por consecuencia, debe permitir una discusión seria de los aun inexplorados patrimonios comunitarios en vía de emancipación.
Rodolfo Quiroz
Académico del Departamento de Geografía, Universidad Alberto Hurtado
