Füta Trawün: reafirmación de la autodeterminación

Han sido estas últimas décadas por lo tanto de apuestas y respuestas. De rebelión desde abajo e intentos de contener desde arriba lo que ha determinado que ante la nueva crisis de legitimidad de los de arriba, se acabe por responder con una declarada política multicultural. Una respuesta contrainsurgente para detener los movimientos indígenas y sus agendas, que ponen a lo menos dos puntos abiertamente críticos al consenso neoliberal de los 90’ en América Latina: el extractivismo y los derechos políticos. Ambos pilares, el movimiento mapuche los puso en el tapete en la década de los 90’: la lucha mapuche era anti capitalista y por autodeterminación.

por Fernando Pairicán*

Imagen/ Mapuches en Nueva Imperial, c.1900. Fuente: Wikipedia

La muerte de Camilo Catrillanca ha creado una coyuntura política, visibilizando una crisis de legitimidad de parte de los gobiernos coloniales. ¿Cuál es ella? Continuar con una política represiva, invitando al movimiento mapuche a parlamentar, exigiendo la autodefensa del movimiento autodeterminista. Desde la ciudadanía criolla podría parecer obvia tamaña petición, pero no lo es, si analizamos las propuestas que el gobierno ha planteado.

Con Enrique Antileo y Claudio Alvarado Lincopi hemos argumentado que bajo Sebastián Piñera se ha hecho funcionar la máquina del multiculturalismo, creada por el gobierno de Michelle Bachelet durante su primer gobierno, forjada al calor de los seis años del mandato de Ricardo Lagos. Gobierno que decidió afrontar la emergencia del movimiento mapuche a partir de una política social y represiva.

Su nombre fue Verdad Histórica y Nuevo Trato. Documento interesante al realizar una autocrítica como Estado, asumiendo que su parto original significó la ocupación de los territorios de las naciones originarias y en algunos casos, genocidios a su población. La segunda parte del documento, partió de la premisa que el pueblo mapuche era pobre y sus posibilidades de desarrollo se dificultaban por la misma conflictiva historia de la relación. El documento reconoció que el Estado con sus políticas de asimilación había creado pobreza y discriminación, para ello se argumentó que para revertir ese estado de cosas se hacia necesario una política económica direccionada hacia la pobreza. Una vez más, no había espacio a los derechos políticos que es la demanda erigida por el movimiento desde mediados de la década de los 80’, sino que solamente hay un foco en la pobreza. Esta línea social se llamó Pacto por la Multiculturalidad y fue el gobierno de Michelle Bachelet, gracias a un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, la encargada de llevar esta política a su efecto, su condición es que el dinero no podía ser invertido en redistrubución de la tierra, la demanda que el movimiento mapuche viene poniendo en su agenda desde 1910, cuando es pública la Sociedad Caupolicán Defensora de La Araucanía.

Desde abajo, el movimiento mapuche que nace a mediados de la década de los 80, ha puesto en la agenda el derecho a la autodeterminación. Suscribió su demanda al fin de la dictadura y en el Parlamento de Imperial de 1988 se acordó una institucionalidad que diera protección a los pueblos originarios, recomposición territorial, derogación del decreto de 1979 que ponía fin a la existencia a la propiedad comunitaria y reconocimiento constitucional. Bajo la década de los 80’, una parte considerable de los países latinoamericanos reconocían a los pueblos originarios parte de sus cartas magnas, excepto Chile. No obstante, internacionalmente el movimiento indígena latinoamericano ya desde la década de los 70’ debatió la autonomía como el ejercicio de llevar a efecto la autodeterminación. Para la década de los 80’, la agenda del movimiento se había enlazado con las experiencias de descolonización que sacudieran a la humanidad desde fines de la década del 60’. El debate, el resultado de ese movimiento ‘desde abajo’, fue el Convenio 169 de la OIT que, junto con las consultas indígenas, planteó el tránsito a los derechos colectivos. Chile negó la ratificación de este convenio vinculante hasta el año 2008, cuando muere Matías Catrileo, esto puso internacionalmente al gobierno en la mirada de los observadores de Derechos Humanos, por lo que el gobierno respondió con la aprobación del Convenio 169 de la OIT.

Han sido estas últimas décadas por lo tanto de apuestas y respuestas. De rebelión desde abajo e intentos de contener desde arriba lo que ha determinado que, ante la nueva crisis de legitimidad de los de arriba, se acabe por responder con una declarada política multicultural. Esta es una respuesta contrainsurgente para detener los movimientos indígenas y sus agendas, que ponen a lo menos dos puntos abiertamente críticos al consenso neoliberal de los 90’ en América Latina: el extractivismo y los derechos políticos. Ambos pilares, el movimiento mapuche los puso en el tapete en la década de los 90’: la lucha mapuche era anti capitalista y por autodeterminación.

Los gobiernos de Chile han respondido a la demanda política con dos anuncios: el reconocimiento constitucional y cuotas parlamentarias. La primera en la práctica no es importante, el movimiento mapuche desde abajo se ha autorreconocido y ha forzado a la población indígena a remirar su morenidad con orgullo y ha invitado a la chilenidad a simpatizar con la mapuchidad. Los censos y encuestas de opinión pública dan cuenta de ese proceso de autorreconocimiento. En la práctica, la pedagogía intercultural del movimiento ha posibilitado este proceso novedoso, poniendo al movimiento mapuche como un movimiento antirracial. En una segunda arista, las cuotas parlamentarias no benefician al movimiento autonomista, sino, a los partidos políticos criollos. En esa misma línea argumental es posible observar la demanda de Estado Plurinacional del senador Francisco Huenchumilla y la Nueva Constitución que ha planteado Domingo Namuncura en sus dos libros. Desde los partidos criollos han emergido ambas alternativas, que nos llevan a debatir, nutren y combaten el colonialismo al interior de la estructura criolla de dominación, pero desde abajo la alternativa ha sido la lucha por conquistar los derechos de la libre determinación. Las tensiones creativas al interior del movimiento mapuche en ese ámbito son interesantes y profundas, por eso en su reciente comunicado, desde abajo, el movimiento ha planteado en su comunicado público que organizaciones y comunidades, “a que reencausen sus acciones en el marco del derecho a la autodeterminación y depongan sus acciones que conllevan la domesticación, paternalismo, colonialismo”.

El movimiento mapuche que porta nuestros derechos fundamentales ha abierto como siempre las puertas del diálogo. Invita a los gobiernos criollos a crear una Comisión de Esclarecimiento Histórico del Wallmapuche. Ella, como han sido las experiencias internacionales, entre ellas la Maorí que se toma como ejemplo de parte de los criollos en Chile, puso un estándar relativo a las relaciones conflictivas y un reparo económico por el daño causado. Este acto permitió un proceso de autonomía y gobernabilidad para el pueblo Maorí convirtiéndose en el 2% del PIB de Nueva Zelandia al tiempo presente. Pues, cuando hablamos de ocupación no es la tierra, son también los recursos como el agua, los bosques y minerales contenidos en ellas. A estas alturas, desde los yacimientos de carbón ubicados en las tierras lafkenches en el siglo XIX, los ríos represados a lo largo del siglo XX, el mar con la pesca industrial agotando los peces y los bosques cambiados por plantaciones, han creado un contexto de desposesión neoliberal que ha forzado a la población mapuche a levantarse, a rebelarse ante este avance deshumanizador de los codiciosos del norte. Y solo, comprendiendo estas líneas argumentales emanadas desde los territorios es viable comprender el libro de historia escrito por las comunidades de Llev-Llev: ¡Ximpamün pu ülka! (Que se vayan los codiciosos): la usurpación forestal del lavkenmapu y el proceso actual de recuperación.